Un hijo propio… desde la discapacidad

Fecha de publicación: 11/Septiembre/2026 | Autor: María Elena Esparza Guevara

Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero la mayoría lo piensa: una mujer con discapacidad no puede, o no debería, ser madre. No siempre llega como una orden. Suele ser un formulario que se firma sin explicar del todo, como una decisión “por su bien” tomada por alguien más, como un cuerpo al cual se le apaga la posibilidad de elegir antes de que ella misma sepa que la tenía.

Cada 12 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, una fecha para nombrar una intersección de vulnerabilidad y discriminación. Y hay pocos momentos donde esa doble discriminación duela tanto como en la maternidad negada.

El informe más reciente de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), publicado apenas este agosto junto con el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford, documenta la violencia obstétrica no como hechos aislados, sino como una cadena: información incompleta, decisiones tomadas sin consultar a la paciente, trato degradante, expedientes que se pierden justo cuando alguien intenta reclamar justicia. Dentro de esa cadena, las mujeres con discapacidad aparecen con cifras imposibles de leer sin indignación: sufren violencia obstétrica en 43.9% de los casos, frente a 30.4% entre quienes no tienen discapacidad. Entre las más jóvenes, la cifra sube todavía más: una de cada dos.

Detrás de esos números hay historias concretas. GIRE ha documentado casos de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial esterilizadas sin consentimiento real, bajo la idea de que no estaban capacitadas para decidir sobre su propio cuerpo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha recibido quejas de mujeres con discapacidad sometidas a histerectomías sin que hubiera una decisión verdaderamente suya. Son pocas quejas registradas, pero cada una representa a alguien a quien le quitaron algo que no se recupera.

En el fondo de todo esto no sólo hay prejuicios y desinformación, también miedo real de familias y cuidadores por un embarazo concebido a través de violencia sexual, un riesgo que, según ha documentado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel global, las mujeres con discapacidad enfrentan con más frecuencia que otras. Ese miedo es comprensible. Pero convertirlo en una decisión tomada a sus espaldas no las protege, las anula. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara: ningún procedimiento médico puede practicarse sin su consentimiento libre e informado. El problema no es que falte la ley. Es que sigue faltando la costumbre de preguntarles a ellas primero.

Hablar de esto el 12 de septiembre nos permite ampliar la reflexión a la cual invita el documental “Un hijo propio” hacia contextos y condiciones invisibilizadas y silenciadas de la conversación pública. La autonomía para maternar no debería depender de si el cuerpo de una mujer encaja en la idea de “capacidad” que alguien más definió por ella; el cambio empieza en hablarlo.