Tras meses sin respuesta, más de 800 firmas reclaman a la Corte por el derecho a la consulta a personas con discapacidad

Tras una audiencia histórica y meses sin respuesta, organizaciones y personas con discapacidad vuelven a la Corte con más de 800 firmas para exigir claridad sobre el derecho a la consulta.

Fecha de publicación: 10/Abril/2026 | Autor: Redacción Yo También

Por segunda ocasión, organizaciones y personas con discapacidad convocan a la entrega formal de una carta respaldada ahora por más de 800 firmas. El objetivo es uno: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina cómo debe garantizarse el derecho a la consulta.

La entrega se realizará el próximo 15 de abril a las 13 horas en la SCJN, en un acto público que busca visibilizar una pregunta que sigue sin respuesta: qué pasará con este derecho.

El llamado ocurre después de la audiencia pública realizada en octubre de 2025, donde ministras y ministros escucharon durante 15 horas de diálogo a 84 personas con discapacidad, especialistas y organizaciones sobre la necesidad de establecer criterios claros para garantizar la consulta, un derecho constitucional.

Aquel ejercicio fue considerado un avance en términos de apertura institucional. Sin embargo, a varios meses de su realización, no se ha emitido una resolución.

Escucharon. Pero no han decidido.

Esta será la segunda carta que se entrega. La primera alertó sobre el riesgo de debilitar el derecho a la consulta. Hoy, la preocupación es otra: la ausencia de una definición después de haber escuchado a quienes serían directamente afectados.

El fondo del debate está en un proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres, que propone que la falta de consulta a personas con discapacidad ya no sea motivo automático para invalidar leyes. En su lugar, plantea que sean las propias personas con discapacidad y sus colectivos quienes soliciten, mediante firmas, la impugnación de normas.

Para organizaciones y activistas, el cambio no es menor: transforma un derecho previo —de participación— en un paso posterior, condicionado, dependiente de decisiones institucionales y que, además requiere una organización para que la norma se invalide, un trabajo doble.

En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha expresado una postura distinta de manera pública. En entrevista exclusiva con Yo También, fue clara al señalar que no está de acuerdo con limitar este derecho y subrayó que las decisiones no deben tomarse sin la participación directa de las personas con discapacidad.

“Los que tienen la capacidad y deben decidir son las personas con discapacidad… nosotros no los podemos sustituir”, afirmó la ministra quien, además, hace poco contó que vive con un implante coclear.

Mientras no exista un criterio claro por parte de la Corte, advierten organizaciones, se mantiene un escenario de incertidumbre en el que continúan avanzando procesos legislativos sin garantizar una participación efectiva, informada y significativa de las personas con discapacidad.

En ese contexto, Catalina Torres, una de las impulsoras del llamado y quien alertó a diversas organizaciones lo que estaba pasando en la SCJN, advierte que la falta de resolución tiene efectos concretos en la vida de las personas con discapacidad, señaló:

“Las personas con discapacidad hemos sido tratadas históricamente como objetos sin voz ni voto. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos devolvió la oportunidad de seguir siendo personas con todos los derechos, incluyendo la participación en las decisiones gubernamentales que nos afectan directa o indirectamente. Es por esta razón que, en principio, nos alarmó que la Corte quisiera recortar nuestro derecho a la consulta y, predicando con el ejemplo, le solicitamos ser escuchadas. Reconocemos su apertura y la disposición de la mayoría de los y las ministras para escuchar nuestras opiniones, argumentos y alegatos para no minar nuestros derechos.

Nosotros esperamos pacientemente durante 5 meses y no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la Corte. Nuestros derechos se encuentran en pausa porque en los estados del país no cuentan con criterios para aplicar nuestro derecho a la consulta. Me parece importante resaltar que en el estado donde vivo, SLP, los diputados hablan incluso de contratar una empresa encuestadoras del tipo “usted por quién va a votar” para hacer nuestras consultas, o quieren que lo haga la institución encargada de contar los votos en las elecciones. O sea, no tienen ni una remota idea, y el resultado es la violación de nuestros derechos.

Ahora, más de 800 personas de todo el país, le estamos solicitando a la Corte que pronuncie los criterios que tendrán que seguir los Estados para que nosotros podamos ejercer cabalmente nuestro derecho a la consulta”.

Más allá del documento, la exigencia es concreta: que el principio de “nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad” no se quede en el discurso.

Porque el problema ya no es solo lo que se dijo en la audiencia.

Es lo que no ha pasado después.

La entrega de estas más de 800 firmas no solo busca una respuesta. Busca que ese derecho deje de estar en pausa.