“Mi futuro era quedarme sorda”: La historia de la ministra Loretta Ortiz, su discapacidad y el uso del implante coclear

Fecha de publicación: 23/Marzo/2026 | Autor: Francisco Javier Munguía

El pasado 25 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Implante Coclear, una efeméride que busca visibilizar el uso de esta tecnología para recuperar la audición en personas con discapacidad auditiva. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto, atraído por la ministra Loretta Ortiz Ahlf como ponente, relacionado a la negativa de GNP Seguros de solventar los implantes cocleares de un infante con hipoacusia bilateral producida vía el seguro de gastos médicos mayores contratado por su padres, aún cuando sí incluía esta cobertura. 

La Corte determinó otorgar el amparo pues “el acceso a la justicia no puede limitarse por interpretaciones procesales que, en la práctica, impiden resolver el asunto de fondo”. Tras ello, la integrante de pleno dedicó su columna en el periódico ‘El Universal’ al tema, en la que habló del caso y reveló que ella misma es usuaria de implantes cocleares. Ante esto, en Yo También la entrevistamos para conocer más sobre la historia de la ministra que vive con una discapacidad invisible. 

Loretta Ortiz y la discapacidad auditiva

La ministra confesó que desconocía en absoluto este procedimiento y la tecnología de apoyo, no obstante, en distintas etapas de su vida buscó alternativas que le permitieran una mejora en su calidad de vida, aunque sin mucho éxito. A lo anterior se sumó una resiliencia con un origen en la resignación, pues aún cuando Ortiz le comunicó a su padre sobre la limitación y ausencia total de audición en el oído izquierdo desde niña, él lo negó, sin brindarle atención médica. 

Fue aquí que la ministra reveló que su condición de sordera es desde nacimiento, pero que percibió las primeras consecuencias hasta el inicio de su etapa académica. 

“Yo desarrollé un súper oído en el lado derecho y yo volteaba para poder atender a las clases (…) Un día me pusieron hasta el final (del salón) y me encajonaron. No podía escuchar, éramos como 60 alumnos. Hasta atrás y encajonada, pues no escuchaba”, comentó.

“Me fui adaptando, pero eso es lo que hace uno, no tienes otra salida. Yo buscaba la manera de poder escuchar, porque además me han dicho compañeras y amigas, cuando hice el anuncio (sobre el uso de implante coclear), que nunca se habían dado cuenta de que estaba sorda de lado izquierdo. Curiosamente tengo otra compañera que está en una situación similar y yo tampoco lo había notado”, añadió.

Aprovechó el momento para recalcar que, aunque se trata de una condición invisible —y que en su caso afecta un solo oído— se trata de una discapacidad, con todas su letras. 

“No se nos considera personas con discapacidad, esa es la realidad, o por lo menos no se nos consideraba. Es una situación en la que si no te faltan los dos oídos, ‘no eres’, pero fue difícil, ahorita me doy cuenta. Fui resiliente y tuve que hacer un gran esfuerzo para poder superar esa situación”, dijo. 

Fue hasta que concluyó la licenciatura en derecho —a los 22 años— que se realizó un audiometría y le confirmaron lo que siempre había sabido: que era totalmente sorda del oído izquierdo.

“Ya cuando escuchas te das cuenta (…) Ahora me doy cuenta que los problemas que tenía (…) si me colocaba del lado incorrecto, pues no escuchaba”. 

En 1980 viajó a Estados Unidos donde le ofrecieron unos audífonos de conducción ósea —los cuales transmiten el sonido mediante vibraciones a través de los huesos del cráneo directamente al oído interno, dejando el canal auditivo libre—, sin embargo, en su caso esto sólo amplificaría el sonido percibido por el oído derecho, sistema similar al de los aparatos auditivos tradicionales. En otras palabras, no recuperaría su audición ni percibiría directamente los sonidos, sino que sólo “ampliaría” lo ya captado de forma natural por el oído derecho. 

Fue hasta 2020, durante su paso por el Consejo de la Judicatura Federal, que la ministra acudió con un neurocirujano a razón de haber estado experimentando vértigo. Ahí, tras una serie de pruebas, le reiteran la opción de utilizar aparatos amplificadores para mejorar la audición del oído derecho que, con los años, había disminuido. 

“Ahí la llevaba, hasta que hace aproximadamente unos seis meses, un compañero que tengo al lado derecho (el ministro Giovanni Figueroa) me dijo: ‘Es que no escuchas’. Entonces me alarmé, fui a ver otra vez al neurocirujano y sí, había bajado mi escucha del lado derecho; se cree que por una enfermedad autoinmune. Mi futuro era que iba a quedarme sorda”, añadió. 

Tras el diagnóstico, el neurocirujano le explicó que ella era candidata a usar implante coclear, ante lo que aceptó. 

“Tengo que tomar mis terapias, las sigo tomando, voy escuchando cada diagnóstico más. Desde la primera ocasión empecé a escuchar, ya ahorita más (…) No es un sonido amplificado, es que escucho realmente”.

Pide a padres y maestros mantenerse alerta

Cuando fue cuestionada respecto a los ajustes razonables que las instituciones académicas y el sistema educativo deberían implementar para favorecer la inclusión y desarrollo pleno de los estudiantes con discapacidad auditiva, la ministra —a razón de su experiencia personal— hizo un llamado, en primer lugar, a las madres y padres para estar atentos a la salud de sus hijos. 

“¡Que les hagan caso a los hijos! Por increíble que parezca”, declaró entre risas ante la aparente —pero subestimada— obviedad del hecho. 

Pidió mantenerse al tanto, pues la tecnología actual permite de forma certera y temprana el diagnóstico: “No es difícil darse cuenta (…) tienen las herramientas hoy en día, y lo tenían entonces, pero hoy en día más, para darse cuenta de que su hijo no escucha, aunque sea de un oído, y llevarlo a que tenga un implante coclear que le vas hacer su vida mucho más inclusiva”. 

Advirtió que en caso de no ser atendidos a tiempo, las infancias y juventudes con discapacidad auditiva crecerán aisladas, lo que puede generar otros fenómenos además del asocial, como un bajo rendimiento escolar, que a su vez compromete su futuro profesional. Aquí hizo una pausa para dirigirse a los profesores. 

Declaró que el equipo docente suele pasar por alto esta situación, por lo que sugirió que a la vigilancia en el hogar por parte de los tutores, las y los maestros deberían tomar cursos de sensibilización con el objetivo de poder detectar este tipo de discapacidades. 

“Es muy sencillo. Cuando me mandaron a la esquina del salón, bajaron mis calificaciones automáticamente, ¿por qué no se preguntó la maestra por qué se ser una alumna de perfecto rendimiento, bajaron mis notas?”, cuestionó con cierta indignación. 

Con lo anterior, la integrante del Máximo Tribunal pidió al magisterio involucrarse más con sus comunidades estudiantiles. 

La soledad y sus inicios en los derechos humanos

Loretta Ortiz es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, donde más tarde dirigió el departamento de derecho. Cuando preguntamos por su especialidad en la materia y lo que la llevó a ella, nos compartió una de las declaraciones que más reflejan su desarrollo personal y profesional viviendo con discapacidad. 

“A los 24 años ya tenía un libro, esto también es sintomatología de lo sola y aislada que me sentía”, comentó.

Lo anterior en referencia a un libro de su autoría en materia de derecho internacional, donde ya incluía capítulos sobre derechos humanos. 

“Los derechos humanos nacen del derecho internacional, surgen de los tratados internacionales. En México no se hablaba de los derechos humanos, y fue en el gobierno de Salinas de Gortari que se empezó a escuchar sobre esto, pero yo ya venía manejando el tema por el libro”, añadió. 

“No veo el derecho despegado de los derechos humanos. Hablar de derecho es hablar de derechos humanos, y hablar de derechos humanos es hablar de todas las personas, incluyendo en especial a los más vulnerables, y es donde entran las personas con discapacidad, mujeres en estado de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, migrantes en situación irregular y adultos mayores”, complementó. 

Regresando al texto, explicó que en parte se debió a que no tenía amigas por la inseguridad que le causaba su discapacidad. 

“Te invitan a una fiesta, en la fiesta hay ruido y dices: ¿para qué voy si no voy a escuchar? (…) prefiere uno quedarse solo. Por eso es invisible también. Trataba de ocultarlo a como diera lugar, pero ese ocultarlo también me aisló”. 

Una sentencia que va más allá del papel

En relación con la negativa de GNP a cubrir, mediante el seguro de gastos médicos mayores, el implante coclear de un infante aún cuando la cobertura sí lo permitía, la ministra señaló que este tipo de decisiones se traducen en la privación al derecho de vivir la vida con plena capacidad.

“Yo atraje el asunto (…) para mí el caso es una encomienda y un propósito de vida”. 

Señaló que el caso se centró en que GNP reconociera el daño que cometió en el infante no solo por la negativa, sino por el tiempo que transcurrió entre su nacimiento y la operación (misma que finalmente fue cubierta por Inbursa, institución de la que el padre es trabajador). 

“Ellos demandaron daño moral, pero el problema sustancial fue que optaron por la vía oral mercantil, misma que de acuerdo con nuestra legislación, no es opción para solicitar montos que no se puedan definir previo al inicio del juicio”.

Esto significa que, la reparación del daño —misma que seguirá generando costos a los largo de la vida por el simple seguimiento y rehabilitación que el implante coclear requiere— no podía ser plenamente cuantificada, por lo que el juzgado negó la acción legal, dejando en estado de vulnerabilidad a la familia.

“Al final, lo que sostuve durante todo el caso fue que no es posible que por cuestiones procesales, y por no poder determinar los daños específicos, no resolver el asunto. Era un asunto que violaba el derecho fundamental contemplado en el artículo 1º constitucional del derecho a la salud sin discriminación”. 

Tras la resolución de la SCJN, se concedió el amparo a los quejosos, con lo que GNP se compromete a cubrir todos los gastos derivados no sólo de la intervención quirúrgica, sino toda inversión a lo largo de su vida relacionada con esta técnica de apoyo.

“Es un hito esta sentencia”. 

No obstante, la ministra busca ir más allá del fallo en papel. Tras el caso, sostuvo reuniones con empresas fabricantes de implantes cocleares y organizaciones de la sociedad civil con la intención de, en primer lugar, brindar información respecto a este procedimiento médico que reconoce es muy poco difundido, así como para que ambas entidades —empresas y asociaciones— returnen a las corte casos de discriminación en la materia. 

También, brindará asesoría jurídica para llevar a cabo los procesos legales y compartirá opciones e información sobre las aseguradoras que realmente respalden a sus clientes una vez se solicite la implementación del seguro de gastos médicos. 

“Asesorarlos de la vía procesal, cómo solicitar el amparo a raíz de este asunto, que es un asunto que abre puertas —ya citándolo— a muchos otros niños (…) No quedarme nada más con el papelito, sino ver que efectivamente ayude a la población”, dijo. 

“Aquí hay una defensoría especializada en temas de discapacidad, entonces lo que voy a hacer es que los voy a poner entonces en contacto”, añadió. 

Ortiz explicó que a través de este equipo, fundaciones y MED-EL —empresa de tecnología dedicada a la investigación de la pérdida auditiva— tendrán un espacio para atención ciudadana. 

“Ya van a tener una oficina en la que van a atender a las personas, las van a ayudar a llenar los formatos sobre las aseguradoras, y luego si les niegan el seguro los encausados sobre el proceso para solicitar el amparo para que les hagan efectivo los implantes cocleares. Es una actividad que voy a hacer de por vida, no solo por el hecho de ser ministra, sino por un convencimiento personal”, comentó.

“No los podemos sustituir”: Ortiz sobre el derecho a la consulta 

Finalmente, cuestionamos a la ministra Loretta Ortiz sobre su postura respecto al derecho a la consulta a personas con discapacidad. Recordemos que en octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró la primera audiencia pública en la historia de la nueva época centrada en este derecho. 

La discusión se originó a raíz de la propuesta de la ministra Lenia Batres que propone ya no declarar en automática la invalidez de normas por la “simple falta” de este ejercicio, que recordemos está contenido y reconocido como obligatorio en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es país firmante y por tanto debe cumplimentar. 

Batres impulsó este controversial pues a su juicio, la medida ha frenado normas que resultan progresistas y garantistas para esta población. En su lugar, propuso que sean las personas con discapacidad y sus colectivos quienes —mediante firmas— soliciten a los sujetos legitimados (únicos con la facultad para impugnar proyectos ante la Corte) dicha medida en caso de percibir transgresiones o detectar vicios legislativos. Lo anterior supone regresiones y vulneraciones al derecho internacional y a la propia Constitución. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula la obligatoriedad de realizar consultas cuando de la elaboración de leyes y políticas públicas dirigidas al sector se trate. Por su parte, la Carta Magna señala que en nuestro país “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte”.

La propuesta que impulsa la ministra Batres transforma el derecho a la consulta de una herramienta de participación previa, amplia, representativa, accesible y vinculante, en un elemento del proceso jurídico que descansa sobre normas ya elaboradas, discutidas, votadas y publicadas, lo que final se traduce en una pregunta capacitista, paternalista y limitada: ¿Quieres que impugne a tu nombre esta norma ya proyectada? Esto sin mencionar que la decisión final quedaría en manos de las y los ministros. 

Al respecto, Ortiz fue tajante: “No estoy de acuerdo”, dijo. 

Reconoció que se trata de una obligación internacional y cuestionó que sean las y los ministros quienes deban tomar decisiones en nombre de las personas con discapacidad, pues en su mayoría desconocen sobre la diversidad de condiciones existentes, y por tanto, no pueden encarnar ni saber las experiencias de la población ya mencionada. 

“Los que tienen la capacidad y deben decidir son las personas con discapacidad, a ellos se les debe preguntar, no a los ministros. ¿Nosotros qué somos? Los que tenemos las habilidades técnicas para traducir lo que las personas con discapacidad quieren en una sentencia para que a su vez el legislativo haga una ley o invalide una ley o reforma (…) Nosotros somos el instrumento, pero no los podemos sustituir”.