Sin México (ni América Latina) en la renovación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU

La renovación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad avanza sin candidaturas de México ni de América Latina. Al tratarse de un proceso que depende de los Estados, el siguiente ciclo de postulaciones será hasta 2028.

Fecha de publicación: 17/Abril/2026 | Autor: Redacción Yo También

Hace casi dos meses, en una entrevista exclusiva con Yo También, Amalia Gamio —vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (CDPD)— adelantaba que este sería su último año en el organismo. Hoy, ese anuncio se cruza con una señal preocupante: México no presentó ninguna candidatura para renovar los nueve asientos del Comité, cuyos integrantes concluirán su periodo el 31 de diciembre de 2026. Al tratarse de un proceso que depende de la postulación oficial de los Estados, la ausencia de una candidatura mexicana implica que el país no participará en esta renovación y deberá esperar hasta el siguiente ciclo, previsto en 2028.

La propia Gamio calificó en su publicación como “una pena” la ausencia de una propuesta por parte del Estado mexicano, pese a que —según señaló— había advertido con anticipación la importancia de impulsar una candidatura. En su publicación también destacó que no hay postulaciones de América Latina, lo que implicaría que la región podría quedarse sin representación en uno de los principales órganos internacionales encargados de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre las candidaturas registradas figuran perfiles de países como Francia, China, Kenia, Irán y Uganda, entre otros. La ausencia de México ocurre en un contexto donde el país tuvo un papel clave en la construcción de la Convención. Como advirtió Gamio en aquella entrevista, los avances no han sido suficientes: el modelo asistencialista persiste. Hoy, la falta de postulación no solo evidencia un vacío diplomático, sino que también limita la presencia de México en la toma de decisiones internacionales en materia de discapacidad y abre una pregunta de fondo: ¿qué lugar ocupa realmente esta agenda en las prioridades del Estado mexicano?