“Más de 118 mil personas con discapacidad continúan institucionalizadas”: Martha García ante la ONU

Fecha de publicación: 20/Abril/2026 | Autor: Redacción Yo También

El domingo 19 de abril llegó a México Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante su visita, el abogado austriaco se reunió con organizaciones de la sociedad civil, para tratar distintos temas, entre ellos personas con discapacidad (pcd). Para este se concedieron cinco minutos, donde Martha García, activista por los derechos de las pcd y fundadora de Movimiento de Personas con Discapacidad, realizó un planteamiento del contexto actual en la nación. 

Martha exhibió los avances actuales en el país, logrados a partir de la reforma constitucional de 2024 que establece la pensión universal no contributiva por discapacidad y la reforma a la legislación civil que reconoce la capacidad jurídica de las pcd. Aunque, esto no ha sido suficiente, ya que según informes aún hay miles de personas institucionalizadas. 

Por lo mismo, García propuso avanzar a un modelo que reconozca a las pcd como sujetas a derechos y con autonomía, de esta forma eliminando la dependencia de apoyos familiares y mejorando los sistemas de apoyo públicos. Así como la creación de centros de vida independiente y la participación de la comunidad al generar protocolos, todo esto también para reducir la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad. 

En conclusión, la petición hacia el Alto Comisionado fue que en su reunión con la presidenta, recomiende que se use una estrategia que fortalezca la estructura institucional del Estado y que se garantice la participación de las organizaciones de las pcd. A continuación te dejamos la intervención completa de Martha García: 

“Distinguido Sr. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

A nombre de organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, agradecemos el espacio para dialogar sobre la situación de las personas con discapacidad en México. El país ha logrado avances relevantes, como la reforma constitucional de 2024 que establece una pensión universal no contributiva por discapacidad y la reciente reforma a la legislación civil que elimina la sustitución de la voluntad y reconoce la capacidad jurídica plena, permitiendo en principio a las personas decidir cómo, dónde y con quién vivir, qué tratamientos médicos desean seguir y, en general, ejercer su autonomía y agencia moral.

No obstante, a veinte años de la adopción de la Convención, los avances siguen siendo notoriamente insuficientes y desarticulados. En un informe reciente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tras una investigación bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo, señaló que más de 118 mil personas continúan institucionalizadas, mientras decenas de miles más, según Human Rights Watch, dependen de apoyos familiares insuficientes, lo que propicia violencia, abuso y negligencia.

En este contexto, y ante la construcción del sistema de cuidados, es imprescindible avanzar hacia un modelo que reconozca a las personas con discapacidad como sujetas de derechos, con autonomía y agencia. Esto implica superar la dependencia de cuidados familiares —principalmente en mujeres— y garantizar un sistema público de apoyos, incluida la asistencia personal controlada por las propias personas, con participación directa en su diseño e implementación. La creación de centros de vida independiente sería clave para materializar este enfoque.

En materia de violencia por razón de género, la ENDIREH del INEGI muestra que el 70.1 por ciento de las mujeres y niñas en México ha enfrentado violencia, cifra que asciende a 72.6 por ciento en el caso de mujeres con discapacidad. Sin embargo, los sistemas de prevención, atención y justicia siguen sin ser accesibles ni inclusivos. Persisten barreras como la falta de accesibilidad, ausencia de intérpretes y formatos inadecuados. Es fundamental fortalecer protocolos accesibles con perspectiva interseccional, garantizar ajustes razonables y establecer capacitación obligatoria con seguimiento y sanciones claras.

Garantizar una vida libre de violencia es inseparable del acceso a seguridad económica. La implementación de la pensión universal enfrenta dificultades administrativas que limitan el acceso efectivo de más de 6 millones de personas con discapacidad, según el INEGI, y presenta deficiencias en su registro y distribución.

En el ámbito del empleo, las personas con discapacidad enfrentan exclusión generalizada: solo el 40.6 por ciento participa en el mercado laboral, frente a cerca del 68 por ciento de la población general. Se requieren condiciones dignas, incluyendo accesibilidad, ajustes razonables obligatorios, incentivos efectivos y mecanismos de supervisión que aseguren su cumplimiento.

Como Estado federal, México enfrenta dificultades para implementar de manera coordinada sus obligaciones internacionales y evitar una aplicación fragmentaria de los derechos. Desde hace ocho años, no existe en la práctica un mecanismo nacional de implementación que articule estos esfuerzos ni que coordine acciones en accesibilidad, educación, trabajo y participación política, así como planes de desinstitucionalización progresiva y segura con metas claras, monitoreo y rendición de cuentas.

Atentamente solicitamos, Sr. Volker Türk, que en sus entrevistas con la titular del Ejecutivo Federal y su gabinete, recomiende la adopción de una estrategia decidida para fortalecer la estructura institucional del Estado, crear un mecanismo nacional de implementación robusto, garantizar la participación estrecha de organizaciones de personas con discapacidad y asegurar la rendición de cuentas.

México ha asumido compromisos claros. Hoy, la comunidad de personas con discapacidad exige que estos se traduzcan en acciones concretas, medibles y participativas.

Nada sobre nosotros sin nosotros.

Muchas gracias”.

El miércoles 22 de abril, Volker Türk sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete. En esta se espera que lleve a la mesa lo planteado con las organizaciones de la sociedad civil y lo expuesto por Martha García.