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El litigio de una organización de personas ciegas que sigue sin encontrar respuesta en el gobierno de Pablo Lemus
Un acuerdo legislativo, reuniones con autoridades, una convocatoria pública y un juicio de amparo forman parte de la historia que explica el conflicto entre la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco y autoridades estatales.
Fecha de publicación: 23/Julio/2026 | Autor: María Nazaret
Desde hace más de cinco décadas, la Organización de Invidentes (sic) Unidos de Jalisco (OIUJ) ha sido un espacio donde personas con discapacidad visual encuentran capacitación, acompañamiento y una comunidad para desarrollar mayor autonomía. Hoy, parte de esa historia también se escribe en los tribunales.
La OIUJ promovió un juicio de amparo al considerar que distintas actuaciones del Congreso de Jalisco y de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social vulneraron sus derechos. Ambas instituciones rechazan esa interpretación y sostienen que actuaron conforme a sus atribuciones y al marco jurídico vigente.
Para entender cómo una organización con más de medio siglo de historia llegó a esta situación, Yo También entrevistó a José Antonio García Casal, apoderado legal de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, y recogió los testimonios de personas ciegas que forman parte de la asociación.
Un acuerdo que abrió una expectativa
La historia que hoy se discute en tribunales comenzó mucho antes del juicio de amparo. En abril de 2012, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad el Acuerdo Legislativo 1425-LIX-12, mediante el cual exhortó al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalajara a continuar otorgando un subsidio a la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, de acuerdo con su capacidad financiera.
Para la organización, ese respaldo permitía sostener parte de sus actividades y el mantenimiento del inmueble donde ofrece talleres, asesorías y espacios de convivencia para personas con discapacidad visual. Más que un edificio, sus integrantes lo describen como el lugar donde muchas personas aprenden a desenvolverse con mayor autonomía y encuentran una red de apoyo.
Sin embargo, la aprobación del acuerdo no significó el final de la historia. En los años posteriores, la organización buscó distintas vías para que ese exhorto se tradujera en apoyos concretos. Hubo solicitudes formales, encuentros con autoridades estatales y municipales, así como nuevos acercamientos con distintos funcionarios, pero, de acuerdo con la OIUJ, esos esfuerzos no derivaron en una solución.
Con el paso del tiempo, la asociación continuó explorando alternativas. Entre esos intentos, José Antonio García Casal recuerda un acercamiento al término del informe de gobierno de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al que también asistió el gobernador Pablo Lemus. La organización buscaba exponer su situación a la alcaldesa, pero también aprovechó para plantearla brevemente al mandatario estatal. Según relata, integrantes de su equipo les pidieron enviar la información por escrito para darle seguimiento. La respuesta que esperaban, asegura, nunca llegó.
Trece años después del acuerdo legislativo, la OIUJ volvió al Congreso de Jalisco con la expectativa de encontrar una ruta que permitiera destrabar un asunto que consideraba pendiente.
Cuando el diálogo parecía abrir una puerta
El 11 de noviembre de 2025, representantes de la organización acudieron a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco para exponer nuevamente su caso.
Según la OIUJ, durante la reunión percibieron disposición para buscar una alternativa. La diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión, se comprometió a explorar mecanismos que permitieran atender su situación y los acercó con autoridades de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Para la asociación, ese fue el primer indicio de que el diálogo institucional podía abrir una nueva ruta.
José Antonio García Casal recuerda aquel encuentro como una señal de que las gestiones finalmente podrían dar resultado.
“Pensamos que por fin se iba a resolver”.
En ese contexto, la organización decidió participar en el programa “Yo Jalisco. Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2026”, mediante el cual el Gobierno del Estado entrega recursos a organizaciones civiles.
La asociación presentó un proyecto y avanzó en las primeras etapas del proceso. Sin embargo, durante la revisión documental quedó fuera de la convocatoria por un requisito relacionado con su situación fiscal.
Para la OIUJ, el problema no fue únicamente el resultado de la convocatoria. García Casal sostiene que el requisito se aplicó sin considerar las condiciones particulares de una organización integrada por personas con discapacidad visual ni considerar posibles ajustes que le permitieran continuar en el procedimiento.
“No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo competir en igualdad de condiciones”.
Desde la perspectiva de la organización, ese momento marcó un punto de quiebre. Lo que hasta entonces se había intentado resolver mediante el diálogo comenzó a trasladarse a los tribunales.
Dos autoridades, dos respuestas
La versión de la organización contrasta con la postura que sostuvieron el Congreso de Jalisco y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social dentro del juicio de amparo.
El Congreso argumentó que cumplió con el Acuerdo Legislativo 1425-LIX-12 al emitir y notificar el exhorto al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalajara. Además, sostuvo que carece de facultades para obligar a esas autoridades a entregar recursos públicos, por lo que solicitó que no se concediera el amparo.
Esa postura contrasta con el acercamiento que la organización asegura haber encontrado meses antes durante la reunión encabezada por la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Según la OIUJ, en ese encuentro se planteó la posibilidad de buscar mecanismos para atender su situación.
Por su parte, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social respondió sobre la participación de la OIUJ en el programa “Yo Jalisco. Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2026”. En el expediente judicial señaló que reincorporar a la asociación resultaba material y jurídicamente imposible porque los recursos ya habían sido asignados y modificar esa decisión afectaría a terceros.
Aunque ambas instituciones solicitaron que el amparo no prosperara, sus argumentos fueron distintos. Mientras el Congreso centró su defensa en el alcance del acuerdo legislativo de 2012, la Secretaría sostuvo que actuó conforme a las reglas de operación del programa.
Lo que resolvió el juzgado, por ahora
Mientras el juicio continúa, el Juzgado Primero de Distrito concedió una suspensión con efectos limitados. La medida no ordena entregar recursos públicos ni reconoce de manera anticipada el derecho de la organización a recibirlos.
La suspensión permite que la OIUJ permanezca dentro del procedimiento relacionado con el programa mientras se resuelve el fondo del asunto y que continúen las actuaciones vinculadas con el caso. Será la sentencia definitiva la que determine si existieron o no las violaciones que la organización reclama.
Lo que está en juego
Para quienes integran la OIUJ, el juicio de amparo representa mucho más que un proceso judicial. La organización ha sido un espacio de apoyo, aprendizaje y comunidad para personas con discapacidad visual.
Edgar Rodolfo Gutiérrez Veloz espera que las autoridades comprendan lo que representa la organización.
“La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco no es únicamente una asociación civil; es el hogar, el refugio y la esperanza de muchas personas con discapacidad visual que hemos encontrado aquí un lugar donde crecer, aprender y desarrollarnos con dignidad”.
Para él, preservar la organización también implica proteger el inmueble donde desarrolla sus actividades y fortalecer las condiciones que le permitan seguir acompañando a nuevas generaciones.
Miguel Gómez González piensa en quienes algún día llegarán a la organización atravesando el mismo momento que él vivió después de perder la vista.
“Sería devastador. Se perdería la oportunidad para que aquellas personas que quedan ciegas descubran que la vida no se acabó ahí; empieza otra etapa y puede seguir siendo una vida productiva”.
Como Miguel, otras personas que forman parte de la OIUJ esperan que el Poder Judicial determine si las actuaciones del Congreso de Jalisco y de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social vulneraron los derechos que la organización reclama. Esa resolución definirá el desenlace jurídico del caso. Para ellas, sin embargo, lo que está en juego va más allá del resultado del juicio: es la continuidad de una comunidad que, desde hace más de cinco décadas, acompaña a personas con discapacidad visual en el proceso de reconstruir su vida y recuperar su autonomía.
Detrás del expediente hay una comunidad
Antes de convertirse en un expediente judicial, la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco ha sido, desde su fundación, un lugar donde cientos de personas con discapacidad visual han aprendido a reconstruir su vida.
Miguel Gómez González llegó a la organización un año después de perder la vista en un accidente. Recuerda que entonces atravesaba uno de los momentos más difíciles había dejado de trabajar, su autoestima estaba por los suelos y no imaginaba cómo volvería a desenvolverse de manera independiente.
“Cuando llegué estaba muy devastado, muy deprimido, con una autoestima muy baja porque no sabía qué iba a ser de mi vida”.
Aprender braille y orientación fue importante, dice. Pero hubo algo que marcó la diferencia: convivir con otras personas ciegas que ya habían encontrado nuevas formas de estudiar, trabajar, formar una familia y desenvolverse con autonomía.
“Ver que ellos podían salir adelante fue lo que me motivó a hacerlo también”.
Historias como la de Miguel son parte de lo que la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco ha construido desde su fundación, en 1973. Nació por iniciativa de personas ciegas que buscaban crear un espacio propio de encuentro, apoyo y organización, en una época en la que prácticamente no existían iniciativas impulsadas por y para personas con discapacidad visual en el estado. Actualmente reúne a alrededor de 120 personas y continúa ofreciendo talleres, asesorías y actividades orientadas a fortalecer la vida independiente y la participación de sus integrantes.
Edgar Rodolfo Gutiérrez Veloz conoce ese lugar desde niño. Aunque se integró formalmente como socio en 2010, asegura que gran parte de su vida ha transcurrido entre sus pasillos.
“Es mi segunda casa, mi hogar, mi refugio y un lugar donde siempre he encontrado amistad, apoyo y un verdadero sentido de pertenencia”.
“No somos un centro de asistencia; somos una comunidad”, resume José Antonio García Casal.