Opinión
Una dirección para la inclusión que no debe quedarse en el papel
Fecha de publicación: 17/Julio/2026 | Autor: Óscar “Pollo” Zaldívar
La reciente creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en el Gobierno Municipal de Durango es, sin duda, una noticia positiva. Durante años, quienes impulsamos la agenda de inclusión hemos insistido en la necesidad de contar con un área específica que tenga la responsabilidad de promover que toda la administración municipal incorpore una perspectiva de accesibilidad e inclusión.
En principio, se trata de un avance importante. Reconoce que la discapacidad no es un tema marginal ni asistencial, sino una agenda que debe ser atendida de manera institucional y transversal. Sin embargo, como suele ocurrir, el diablo está en los detalles. Y en este caso, hay varios aspectos que obligan a reflexionar.
Nada sobre nosotras sin nosotras
La propuesta fue impulsada por la regidora Estefanía García Manley, que preside la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Cabildo. No obstante, en ningún momento se abrió un proceso formal de consulta con personas con discapacidad ni con las organizaciones que han trabajado durante años en esta agenda.
Esto resulta contradictorio. Si se trata de crear una instancia para garantizar nuestros derechos, lo mínimo era construirla con la participación de quienes vivimos la discapacidad todos los días.
El principio es claro: nada sobre nosotras sin nosotras.
¿Por qué la inclusión sí debía pagar un impuesto?
La propuesta original contemplaba la creación de un nuevo impuesto anual para los establecimientos comerciales, calculado con base en el número de cajones de estacionamiento con los que contaran. Afortunadamente, esa idea no prosperó. Y eso es positivo, porque habría afectado especialmente a pequeños y micro negocios.
Pero el simple hecho de haber planteado ese mecanismo deja una pregunta de fondo: ¿por qué, cuando se trata de inclusión, se pretendía crear un impuesto específico? Esta misma administración ha creado otras áreas, como la Gerencia del Centro Histórico, la Secretaría de gobierno, la Dirección de Atención Ciudadana o la Dirección de Parques y Jardines, y en ninguno de esos casos se estableció una nueva contribución para financiar su funcionamiento. Simplemente se les asignó presupuesto público. ¿Por qué entonces, cuando se trata de las personas con discapacidad, parecía necesario justificar su existencia con una fuente extraordinaria de recursos?
Una dirección sin presupuesto propio
Aunque el nuevo impuesto fue descartado, la Dirección nació sin presupuesto propio.
Esto es preocupante. Porque una dependencia sin recursos tiene severamente limitada su capacidad para impulsar programas, coordinar políticas públicas, capacitar al personal municipal o atender de manera efectiva a la ciudadanía.
Sin presupuesto, existe el riesgo de que esta Dirección sea poco menos que un anuncio bien intencionado.
La inclusión no se construye solo con discursos. Requiere recursos, personal capacitado y capacidad real de incidencia.
¿Quién debe encabezarla?
Otro punto delicado es que el reglamento no establece como requisito que la persona titular sea una persona con discapacidad.
Al momento de escribir estas líneas, todavía no se ha realizado el nombramiento. Es posible que en esta ocasión se designe a alguien que viva la discapacidad, lo cual sería una decisión acertada.
Pero el problema es que no existe ninguna garantía de que esto ocurra siempre.
Sin esa previsión, queda abierta la puerta para que en el futuro la Dirección sea encabezada por alguien que, aunque asegure conocer el tema o tener cercanía con personas con discapacidad, no experimente directamente las barreras que enfrentamos.
O peor aún, que el cargo se utilice para pagar favores políticos y termine en manos de alguien ajeno a esta realidad.
Si de verdad se quiere construir una política pública sólida, esta garantía debió quedar establecida desde el reglamento.
La jerarquía también importa
La nueva Dirección dependerá del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores. Esto también merece análisis. Si su función será orientar, supervisar y promover que todas las dependencias del gobierno municipal incorporen una perspectiva de inclusión, entonces su ubicación dentro del organigrama debería reflejar esa responsabilidad.
Basta ver el caso del Instituto Municipal de la Mujer, que cuenta con mayor autonomía y jerarquía administrativa. ¿Por qué la agenda de discapacidad quedó subordinada a una estructura enfocada en desarrollo humano y valores? Un avance que no debe quedarse a medias
La creación de esta dirección es, sin duda, un paso importante para Durango. Sería injusto no reconocerlo. Pero también sería un error conformarnos.
Porque la inclusión no se mide por la creación de oficinas, sino por la capacidad de esas instituciones para transformar realidades. Por eso vale la pena preguntarnos: ¿Por qué negarse a establecer en el reglamento que la Dirección sea encabezada por una persona con discapacidad? ¿Por qué crearla sin presupuesto propio? ¿Por qué darle una jerarquía menor a la de otras instancias con responsabilidades similares? ¿Por qué, cuando se trata de inclusión, parece que siempre hay condiciones que no se exigen en otros temas?
La inclusión no se promete. Se diseña, se financia y se practica. Y si de verdad queremos un Durango más justo, esta nueva Dirección debe contar con tres cosas indispensables: participación de las personas con discapacidad, recursos suficientes y liderazgo auténticamente representativo. Solo entonces podrá convertirse en una herramienta real para derribar barreras y no en una buena idea atrapada en el papel.