27 de febrero: la inclusión laboral no puede seguir siendo una simulación

Fecha de publicación: 27/Febrero/2026 | Autor: Óscar “Pollo” Zaldívar

Para quienes vivimos con discapacidad en México, las barreras están en todo momento y en todos los espacios: en la educación, en el transporte, en la cultura, en las calles. Pero sí hay un ámbito donde los obstáculos se vuelven más duros y evidentes: el empleo.

Al buscar trabajo nos enfrentamos a estereotipos y prejuicios que pesan más que la experiencia, el talento o las habilidades. Un escenario es común: en cuanto una persona reclutadora sabe que tenemos discapacidad, todo lo demás pasa a segundo término. La evaluación deja de centrarse en lo que sabemos hacer y se enfoca en lo que suponen que no podremos hacer. La discapacidad se convierte así en una determinante.

El caso Durango: entre consejos y simulaciones

En Durango existe un “Consejo de Inserción Laboral” dentro de la Secretaría del Trabajo del Estado. En el papel suena muy rimbombante: un espacio donde organizaciones de la sociedad civil y distintas dependencias podrían diseñar una política pública sólida. En la realidad, ha sido prácticamente decorativo.

Desde el inicio de la actual administración en septiembre de 2022, el Consejo sesionó en octubre de ese mismo año, luego en octubre de 2023 y nuevamente hasta octubre de 2024. Una reunión por año, y en 2025 ya ni siquiera se convocó a sesionar. En cada encuentro solicité, como representante de la Unión Nacional de Personas Ciegas y de Baja Visión (UNACIV), que se convocara, al menos, cada dos o tres meses y que se invitara también a cámaras y organismos empresariales para construir soluciones conjuntas. Siempre hubo disposición en el discurso; nunca en los hechos.

La convocatoria parecía tener un único objetivo: premiar al “trabajador con discapacidad” en distintas categorías. Incluso esa dinámica tenía fallas claras: no existía restricción para que una misma persona ganara en años consecutivos. Si siempre participan los mismos, es porque no se han generado nuevas fuentes de empleo. Pero, además, llegaron a premiar a personas nacidas en Durango que trabajaban en otros estados, esto como gobierno en vez de darles orgullo debería hacerlos darse cuenta de que no están haciendo nada por brindarles opciones y los orillan a buscar en otra parte las oportunidades que en su tierra les negaron.

Algo similar ocurrió con las ferias del empleo incluyente organizadas dos veces por año. En el anuncio se presentaban como espacios para encontrar trabajo. En la práctica, muchas empresas ni siquiera sabían que las vacantes estaban dirigidas a personas con discapacidad; otras decían que el puesto “no era apto”, aún y cuando se trataba de funciones como recepción, que no implicaban mayores ajustes. Y en casos extremos, se ofrecían puestos que sí resultaban desproporcionados o inadecuados. El resultado fue claro: simulación. No se lograba ni una sola contratación real.

Otra de las medidas intermitentes del gobierno son los pequeños y micro financiamientos, los cuales en el más optimista de los escenarios termina siendo una terapia ocupacional disfrazada de autoempleo. Ya que esos financiamientos son llenos de trámites burocráticos, pero sin una orientación ni evaluación de la viabilidad, por lo que, los principales consumidores de estos emprendimientos son las mismas familias sin lograr un ingreso extra a los hogares.

En 2025, además, se eliminó uno de los pocos espacios temporales que durante años representó una oportunidad: las contrataciones para la Feria Villista. Personas con discapacidad trabajaban en módulos de información, áreas de reciclaje o en la supervisión de espacios exclusivos en conciertos. Sin explicación alguna, esas contrataciones dejaron de hacerse.

Una reforma frenada y una conversación pendiente

En 2019, distintos colectivos trabajamos con la entonces senadora Patricia Mercado en una reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que empresas con 20 o más personas empleadas, destinaran al menos el 5 % de su plantilla laboral a personas con discapacidad. En febrero de 2023 fue aprobada por unanimidad en el Senado, pensamos que por fin avanzaríamos. Al llegar a la Cámara de Diputados, simplemente no se discutió ni se votó. Con el tiempo, en conversaciones sostenidas incluso con dirigencias empresariales, quedó claro que el sector empresarial fue un factor determinante para frenar la reforma.

Si el modelo actual no está funcionando, es momento de replantear el camino. Si existe resistencia a una cuota obligatoria, entonces debemos sentarnos a dialogar y construir un punto intermedio: una cuota o, en su defecto, una contribución que alimente un fondo destinado a capacitación e inserción laboral. Lo que no podemos aceptar es quedarnos como estamos.

Cuando la Secretaría del Trabajo no trabaja.

Ante la falta de una política clara en Durango, decidimos no esperar más. Desde UNACIV (Unión Nacional de Ciegos y Baja Visión) y Constituyentes MX, buscamos directamente a empresas y cámaras empresariales. Encontramos un aliado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien, no excluía a jóvenes con discapacidad, tampoco tenía una estrategia específica para incluirlos.

En coordinación con la delegación del programa, comenzamos a captar jóvenes de 18 a 29 años y a concientizar a las empresas. Explicamos que muchas veces no se requiere crear una vacante nueva, sino hacer ajustes razonables. Nos comprometimos a capacitar tanto al personal como a los propios jóvenes: desde habilidades laborales hasta cómo desplazarse de casa al trabajo.

En ocho meses hemos logrado la colocación de 54 jóvenes con discapacidad en carpinterías, hoteles, aseguradoras, despachos jurídicos, panaderías, talleres mecánicos y más. Puede parecer una cifra pequeña, pero cuando no existe una política estructurada, cada espacio ganado representa una ruptura real de barreras. Para la mayoría de ellos, fue su primera entrevista de trabajo. En muchos casos, la primera vez que se les permitió acudir solos, sin que alguien respondiera por ellos.

Además, hoy no solo hemos logrado vacantes por medio de este programa, en un primer momento, conseguimos trabajos desde casa con pago por comisión, pero también contrataciones directas con todas las prestaciones de ley y sin la limitante de edad.

Claramente, los espacios hasta el momento logrados están lejos de ser suficientes, pero sí pueden servir como una muestra de cuál es el camino a seguir, este debe andarse en equipo. Porque cuando se trata de inclusión laboral, las personas empresarias no deben ser vistas como los villanos a vencer, ni las personas con discapacidad como las víctimas.

Garantizar el acceso a un empleo digno no es sólo una cuestión de ingreso, aunque éste alivie la economía personal y familiar. Es acceso a seguridad social, salud, vivienda. Es dignidad, es autonomía, es dejar de ser vistos como una carga y reconocernos como personas productivas.

La pensión para personas con discapacidad —$3,300 pesos bimestrales— es un apoyo, pero no cubre todas nuestras necesidades. Además, no es universal. En estados como Durango, por falta de convenio entre los gobiernos estatal y federal, solo la reciben personas de 0 a 29 años. Quienes tienen 30 años o más quedan fuera, y tampoco pueden acceder a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin pensión y sin empleo, el mensaje es devastador.

Este 27 de febrero debe servir para algo más que discursos. Necesitamos una política pública sólida, articulada y conjunta. Dejar de pensar que contratar a una persona con discapacidad es una “nómina perdida”. No es un acto de buena voluntad, no es un favor: es un derecho. Y reconocerlo no debería ser opcional.

Oscar “Pollo” Zaldívar, es activista en pro de los derechos humanos y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Tiene 33 años y actualmente es presidente de la organización “Si se Puede“ con sede en Durango, Durango.