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“No está a debate”: senadora Claudia Anaya sobre el derecho a la consulta de pcd y la Suprema Corte
Fecha de publicación: 23/Septiembre/2026 | Autor: Francisco Javier Munguía
Este martes 22 de septiembre, el Senado de la República —a través de la legisladora priista Karla Toledo Zamora— celebró el foro “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”, un espacio en el que representantes de diversas entidades, condiciones y colectivos dialogaron sobre las barreras que persisten dentro el sector y las agravantes que el género implican.
Durante el evento, se recordó la lucha y trayectoria de activistas como Gabriela Brimmer, escritora con parálisis cerebral cuyo natalicio y vida dieron origen a esta efeméride. También, el trabajo político de Norma Aceves, exdiputada federal quien institucionalizó la conmemoración. A su vez, destacó la presencia y participación de Claudia Anaya, única senadora con discapacidad de la actual legislatura; y Martha García, fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad.
Ahí, la Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras (ADEMAP) entregó reconocimientos por promoción del empleo, inclusión laboral, autonomía económica, vida independiente y defensa del derecho a la educación a: Lorena Velázquez Sandoval, Mariel Ledesma Peralta y Janet López Barrios, originarias de Chihuahua y del Estado de México.
El derecho a la consulta llega al Pleno del Senado
Como parte de las actividades —y una vez iniciada la sesión del Pleno—, la senadora Karla Toledo tomó la tribuna para hablar sobre el derecho a la consulta de personas con discapacidad, una garantía convencional y constitucional que busca la participación real, plena y efectiva en los procesos de elaboración y ejecución de leyes y políticas públicas.
Señaló que, aunque está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —tratado internacional del cual México es parte y está obligado a cumplimentar— y en el artículo 1º de la Carta Magna, las autoridades y congresos siguen vulnerando este derecho, omitiendo su proceso o simulándolo.
“Los derechos humanos no debemos negociarlos, no debemos de concederlos a medias y mucho menos pueden depender de la voluntad de las autoridades”, sentenció.
Recalcó la consigna que el colectivo defiende: “Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”.
Finalmente, reiteró que una buena política pública debe estar acompañada de las voces, propuestas y experiencias de quienes viven con alguna condición o limitante. Por ello, anunció que en los “próximos días” presentará reformas de ley y exhortos a fin de hacer valer este mecanismo de escucha activa.
Decidir sobre las personas con discapacidad sin escucharlas también es excluirlas. Ninguna ley o política pública que afecte su vida debe construirse sin su participación. Sus derechos no se negocian ni pueden depender de la voluntad de una autoridad: @KarlaToledoZam pic.twitter.com/eO5s5izKW1
— Senado PRI (@SenadoPRI) September 22, 2026
Reformas a la ley, el Plan B ante la incertidumbre en la Corte
Lo anterior, ocurre en el marco del debate por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a si la falta de consulta a personas con discapacidad es motivo suficiente y automático para declarar la invalidez de una ley o norma.
En octubre de 2025, el Máximo Tribunal discutió —bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres— la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. El órgano señaló que las personas con discapacidad psicosocial intentadas en hospitales psiquiátricos no fueron consultadas por el Congreso local en relación a una reforma que regula la periodicidad con la que la pueden ser visitadas. Lo anterior a fin de prevenir violencias y evaluar sus condiciones de vida.
Batres calificó como “infundada” la demanda pues “los derechos sustantivos de esta población no fueron afectados”. No obstante, aunque sostuvo que la consulta no era materia de análisis, propuso un cambio de criterio: No invalidar en automático normas por falta de la misma. En otras palabras, desconocerla como garantía constitucional y convencional, y eliminar la responsabilidad de las autoridades a ejecutarla.
El 13 de octubre el colectivo se manifestó y entregó firmas a favor de la consulta obligatoria. La movilización derivó en la suspensión del debate y el llamado a una Audiencia Pública entre el 20 y 22 de octubre, donde el 83 por ciento de los participantes se pronunciaron en contra de lo propuesto por Batres.
La ministra aseguró que atendería los comentarios, inquietudes y propuestas vertidas. Sin embargo, al paso de los meses el tema sigue sin definición. En abril de este año el colectivo entregó una nueva carta con más de 850 firmas en la que solicitó retomar el asunto. Finalmente, el 9 de septiembre se presentó un tercer escrito (puedes leer más sobre el tema en: “Si no te gusta, retírate: Elemento de seguridad de la Corte en reunión con personas con discapacidad”).
Senadoras impulsarán reformas y buscarán diálogo con la Corte
A casi un año sin respuesta, con el Pleno de la Corte dividido, sin un bloque mayoritario, y sin una fecha concreta para una nueva discusión, el Movimiento de Personas con Discapacidad evalúa alternativas para que el derecho a la consulta no dependa de la interpretación —y voluntad— de las y los juzgadores.
Por ello, elaboró un proyecto de Ley General de Consulta y Participación de las Personas con Discapacidad, hasta ahora inexistente. Su objetivo es establecer los principios, bases, procedimientos y mecanismos mínimos obligatorios para ejecutarla, sirviendo como guía o manual para evitar que las autoridades omitan este derecho ante “la falta de un marco regulatorio”.
El proyecto —que consta de 63 artículos— fue expuesto ante las senadoras. Claudia Anaya celebró el esfuerzo del colectivo y reconoció la complejidad de elaborar proyectos como este desde la sociedad civil, donde por lo regular no se cuenta con el respaldo de asesores, el conocimiento técnico ni los recursos humanos o materiales para ello.
No obstante, compartió su preocupación sobre lo restrictiva que podría ser la propuesta. Particularmente en lo referente al artículo 7, que señala que “la consulta será previa cuando se realice desde las etapas iniciales de la medida”. De acuerdo con la legisladora, esto tendría un efecto inhibitorio, pues las y los parlamentarios de congresos locales o el federal optarían por dejar de legislar en materia de derechos humanos y discapacidad.
Compartió que, del total de iniciativas, cerca del 90 por ciento son frenadas o congeladas en comisiones (grupos donde se estudian, analizan y discuten de forma especializada temas previo a su presentación al Pleno), lo que las convierte en letras, trabajo y tiempo muerto. Si a lo anterior se suma un proceso de consulta con altas probabilidades de NO traducirse en una propuesta formal, discutida y votada, solo se añadirían obstáculos.
Por ello, recomendó que sólo se sometan a consulta los “proyectos dictaminados”: aquellos cuyo estudio ha finalizado y ya cuentan con un documento oficial de resolución o recomendaciones, donde el siguiente paso es su aprobación, modificación o rechazo definitivo.
Por otra parte, dijo que resulta complejo impulsar una ley general en tiempos que calificó de poco diálogo y consenso, por lo que sugirió centrar los esfuerzos en una reforma constitucional que deje de manifiesto el derecho de consulta a personas con discapacidad. Además, añadir un capítulo específico sobre consulta a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ya existente) a fin de sentar las bases para este mecanismo de manera clara y sencilla.
En relación con la Suprema Corte, señaló que de origen el derecho a la consulta no debería ser tema de debate, pues el marco jurídico nacional e internacional ya contempla esta garantía en el artículo 1º de la Constitución: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Por ello, señaló como increíble que se tenga que legislar a manera de que las y los ministros entiendan la materia.
Además, reconoció que ha faltado trabajo de cabildeo y comunicación entre los poderes Legislativo y Judicial, y se comprometió a buscar audiencias con los juzgadores —particularmente aquellos que se han pronunciado en contra de la obligatoriedad de la consulta— para sensibilizarlos y reiterar la importancia de los mecanismos de participación.
A este posicionamiento se sumó la exdiputada Yolanda de la Torre (quien también es usuaria de silla de ruedas), que junto a Anaya impulsó la Ley General para la Inclusión de este sector. Respaldó la postura de simplificar al máximo los estándares de consulta dentro de la normatividad con el objetivo de que sean aprobados sin obstáculos, y así evitar que los casos lleguen a la interpretación de la Corte.
Además, hizo una autocrítica. Reconoció que de 2011 —año de publicación de la ley— a la fecha, ha detectado vacíos e imprecisiones, pero aclaró que estos responden a la propia evolución de la sociedad, la política y sus contextos. Ejemplo de ello es la urgencia de añadir de forma expresa el derecho de consulta, cuando con la pasada Corte no fue necesario.
Finalmente, las senadoras Anaya, Toledo y la exdiputada de la Torre, se comprometieron a elaborar una contrapropuesta basada en la iniciativa del movimiento. Una vez terminada, compartirla al colectivo para su visto bueno, y, en caso de afirmativa, presentarla de manera formal al Senado de la República, impulsada desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual las tres son parte.