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“Si no te gusta, retírate”: Elemento de seguridad de la Suprema Corte en reunión con personas con discapacidad
Fecha de publicación: 23/Septiembre/2026 | Autor: Francisco Javier Munguía
El miércoles 9 de septiembre, el Movimiento de Personas con Discapacidad —en representación de colectivos, organizaciones, asociaciones, personas defensoras de derechos humanos, aliadas y aquellas que viven con alguna condición— se reunió al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de entregar un pronunciamiento respecto al derecho de consulta a personas con discapacidad. Con este ya suman tres escritos en el último año.
A casi un año y tras dos manifestaciones, la discusión sigue pendiente
Recordemos que el 7 de octubre de 2025, el Pleno discutió —bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres— la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. El proyecto señaló que las personas con discapacidad psicosocial internadas en hospitales psiquiátricos no fueron consultadas por el Congreso local en relación con una reforma que regula la periodicidad con la que pueden ser visitadas. Lo anterior a fin de prevenir violencias y evaluar sus condiciones de vida.
Batres calificó como “infundada” la demanda pues “los derechos sustantivos de esta población no fueron afectados”. No obstante, aunque sostuvo que la consulta no era materia de análisis, propuso un cambio de criterio: No invalidar en automático normas por falta de la misma. En otras palabras, desconocerla como garantía constitucional y convencional, y eliminar la responsabilidad de las autoridades a ejecutarla.
El 13 de octubre el colectivo se manifestó y entregó 777 firmas a favor de la consulta obligatoria. La movilización derivó en la suspensión del debate y el llamado a una Audiencia Pública entre el 20 y 22 de octubre. De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural, 83 por ciento de los participantes se pronunciaron por NO abandonar el actual criterio. Es decir, en contra de lo propuesto por Batres.
Por su parte, la ministra aseguró que atendería los comentarios, inquietudes y propuestas vertidas. Sin embargo, al paso de los meses el tema continuó sin definición. En abril de este año el colectivo entregó una nueva carta con más de 850 firmas en la que solicitó retomar el asunto. Finalmente, tras más de 285 días de retraso —según el propio reglamento de la Corte— el lunes 24 de agosto estaba prevista la discusión; no obstante, al inicio de la sesión, el secretario general de acuerdos, Daniel Álvaro Toledo, informó a las y los ministros sobre el retiro del proyecto.
Esto significa suspender por segunda ocasión el diálogo de forma indefinida (tal como ocurrió el 13 de octubre).
Colectivo de personas con discapacidad en contra de la propuesta de Batres
A través de redes sociales, el Movimiento de Personas con Discapacidad convocó (en punto de las 14:00 horas) al exterior de la Suprema Corte. En el lugar se dieron cita 13 personas con discapacidad, activistas y aliadas, entre quienes se encontraban: Ernesto Rosas, director de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE); Laura Bermejo, presidenta de Libre Acceso; Guz Guevara, cantante y periodista; Erika Bailón, defensora de la interseccionalidad LGBT+/discapacidad; y Martha García; fundadora del Movimiento.
Ahí, García dio lectura al posicionamiento —respaldado por 268 rúbricas— en el que destacó la preocupación del colectivo. Recalcó que la consulta es una garantía vinculada con la participación previa en la elaboración de leyes y políticas públicas, la autonomía, la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de la población como sujeta de derechos.
Además, señaló la inconformidad ante la posibilidad de un nuevo criterio que permita la omisión de consulta cuando se trate de leyes “benéficas o favorables”. Recordó que, aunque en el fondo un proyecto esté orientado a la protección y ampliación de derechos, la exclusión de la población con discapacidad en su diseño puede reproducir prácticas paternalistas, asistencialistas y médicas.
También, enfatizó en los resultados de la Audiencia Pública: 73 de las 88 participaciones fueron en contra del debilitamiento de la figura de consulta.
Por lo anterior, hizo un llamado a las y los ministros a resolver el asunto en apego a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los propios criterios y jurisprudencias desarrolladas por el Máximo Tribunal en el pasado.
“La decisión que adopte esta Suprema Corte trasciende un expediente particular. Puede marcar la manera en que, en adelante, los poderes públicos de nuestro país entiendan y garanticen la participación de las personas con discapacidad en las decisiones que afecten sus vidas”.
Inaccesibilidad, falla en los protocolos y nula capacitación
Tras dar lectura al escrito, el colectivo fue recibido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El grupo se desplazó hacia la calle Venustiano Carranza —al costado derecho de la fachada— para ingresar a través de la Puerta 2, que cuenta con elevador para personas mayores, con movilidad limitada, usuarias de silla de ruedas y todas aquellas que requieran del apoyo (así como el propio personal de la Corte).
A la par, Laura Bermejo entregó el posicionamiento junto con documentos anexos en la Oficialía de Partes, a un costado del acceso principal, sobre la calle José María Pino Suárez. Cabe resaltar que éste NO tiene elevador, siendo escaleras la única forma de ingreso. (Este dato será importante más adelante).
La ponencia de la ministra Esquivel notificó que —por cuestiones de logística y agenda— solo tres personas podrían entrar al recinto. García definió que junto a ella estuvieran Guz Guevara y Erika Bailon. Adicionalmente, dos personas de apoyo: su pareja y Francisco Munguía, reportero de Yo También y redactor de este texto.
La Comisión Interna de Protección Civil se mantuvo al tanto de los ajustes y medidas de accesibilidad necesarias para la visita. Por su parte, el equipo de la Dirección General de Seguridad autorizó y vigiló el ingreso, pero NO realizó el registro de visitantes. La recepción de identificaciones oficiales, números telefónicos e inscripción de datos personales la ejecutó la ponencia de la ministra Esquivel, ya al interior de su oficina en el tercer piso.
Martha García se percató de que las copias del documento previstas para cada ministro estaban en manos de Laura Bermejo, quien tras el cierre definitivo de puertas —y por encontrarse en la Oficialía de Partes al momento del acceso del grupo vía Puerta 2— le fue negado el ingreso.
Ante esto, integrantes de la ponencia me solicitaron ir a la puerta principal para recoger las copias, advirtiéndome que lo mejor era no salir del inmueble, sino recibirlas a través de las vallas que dividen el complejo de la vialidad.
Al acercarme al acceso principal, notifiqué a un policía auxiliar sobre la intención de recolectar un expediente. Sin poner inconveniente alguno, me pidió avisar a una mujer integrante del equipo de seguridad, quien estaba justo debajo del marco de la puerta principal, rodeada de por lo menos cinco personas más, entre elementos de la Corte y auxiliares, todos en la escalinata de acceso cubriéndose de la lluvia.
Luego de autorizar la recolección de los documentos sin contratiempos o limitantes —y tras unos minutos esperando junto a ellos la llegada de Bermejo— René Ramírez Rojas, técnico en seguridad, preguntó: “¿Te llamas Francisco?”, mientras sostenía un radio junto a su oído.
Desde el filtro de seguridad en las vallas, ubicado en la esquina de Pino Suárez y Venustiano Carranza, Bermejo y personal de la Corte vocearon mi nombre para facilitar el encuentro.
Ya con los archivos en mano, sin haber salido del recinto, y con los tres distintos filtros y equipos de seguridad conscientes del recorrido (el de vallas, el de la puerta principal y el policía auxiliar del puesto de revisión), tomé el camino de regreso hacia la ponencia de la ministra Esquivel.
Sin embargo, un técnico identificado como Román Bladimir Mata Flores cuestionó a gritos “a dónde me dirigía y con qué autorización”. Regresé hacia el módulo desde el que manoteó con la intención de explicarle que:
- Ya me encontraba dentro del edificio y en ningún momento salí del perímetro
- Me enviaron de la ponencia de la ministra Esquivel a recibir un documento
- Le había notificado a tres distintos grupos sobre mi presencia y actuar
Pero no le resultó suficiente, pues Mata continuó sus interrogantes. Entre ellas el por qué no portaba gafete de visitante, por qué no tenían mi identificación oficial en su poder y por qué no aparecía en la base de datos. La respuesta es sencilla: errores de comunicación y logística de la propia Dirección de Seguridad. Tal como se remarcó anteriormente, aunque autorizaron y vigilaron el acceso por Puerta 2, NUNCA hicieron captura de datos ni retención de documentos personales.
A la pregunta “¿por qué si ya estabas adentro nunca te vi pasar?”, le expliqué que ingresé en compañía de personas usuarias de silla de ruedas, particularmente asistiendo a Guz Guevara, quien vive con osteogénesis imperfecta (conocida también como “enfermedad de los huesos de cristal”) y cuyo traslado se facilita con el apoyo de terceros. Por tanto —y por simple lógica— entramos por la puerta con elevador, no la de escaleras.
Bladimir Mata señaló que, ante la falta de información —y dada la instrucción de no dejar ingresar a nadie más— debía retirarme. Recalcó que “ya le habían negado el acceso a mi compañera” (en referencia a Bermejo) y que conmigo no sería excepción. Le recordé que me habían enviado desde la ponencia de la ministra Esquivel y que permanecían a la espera del documento para iniciar la reunión. Por ello, simplemente pedí que se comunicara con la oficina de la juzgadora para confirmar la instrucción.
Tras realizar la breve llamada, colgó el teléfono y dijo: “¿Qué crees? No vas a poder pasar”.
Ante esto, me comuniqué directamente con el colectivo que estaba en la oficina para cuestionar el por qué me habían enviado a recoger documentación, para después negarme el acceso. A la par, Mata tomó una llamada entrante —de la cual desconozco el contenido— y cuando ambos colgamos repentinamente autorizó mi acceso, dándome un gafete a cambio del INE, pero advirtió que debía salir por esa misma puerta para recoger mi identificación y entregar el distintivo de visitante.
Ya con hartazgo —debo admitir— le recordé que estaba apoyando a una persona usuaria de silla de ruedas, por lo que mi salida la haría por la misma puerta por la que ingresé, por la Puerta 2 (con elevador), no por donde él quisiera ni me ordenara, y que todo esté problema derivó de fallas en sus protocolos, que en nada son responsabilidad de los ciudadanos que acuden a la Corte.
Tras esto, Mata se molestó, me retiró el gafete y pronunció: “si no te gusta, si no vas a seguir las indicaciones, entonces no te doy el gafete y retírate (…) todavía que te consigo acceso”.
Luego de comprender que Mata sería incapaz de entender que una silla de ruedas no baja por una escalera, me limité a quitarle el gafete de las manos y responder:
“No, no te equivoques. Tú no me diste acceso, así que no te pares el cuello. El acceso me lo dio la ministra, no tú”.
Finalmente, la mujer del equipo de seguridad que estaba en la puerta principal y con la que minutos antes había platicado, intervino para, de manera personal, encaminarme hacia la ponencia, dejando atrás y hablando solo a Mata. En el trayecto se disculpó por el actuar de su colega, reconoció que fue grosero y confesó que no era la primera vez que trataba así a los visitantes de la Suprema Corte. Por ello, sugirió presentar una queja formal, así como escribir sobre el incidente en esta crónica, destacando en todo momento que actuó a título personal y no con los valores que representan a la Dirección General de Seguridad y Facilitadores del Pueblo —nombre completo (e irónico)— del agrupamiento.
“Necesitamos un voto más”: ministra Esquivel Mossa
De vuelta en la ponencia, y una vez terminada la sesión del Pleno, la ministra Esquivel Mossa se reunió con el colectivo. En primer lugar reiteró su postura frente al derecho de consulta, señalando que pertenece al bloque que considera debe ser obligatoria y previa.
“Ya se han pronunciado todos los ministros y las ministras sobre el tema. Hay —hasta donde advierto— cinco personas que consideramos que la consulta debe ser previa, informada y anticipada. Hay cuatro más que piensan que solamente cuando afecta derechos”, recalcó.
Recordó que para que una decisión tenga efectos generales, se necesita de por lo menos seis votos en el Pleno. Actualmente, y conforme a las opiniones vertidas a lo largo de estos meses, ningún bloque tiene la mayoría, pero solo se está a un voto para que quienes están por la consulta obligatoria puedan reforzar y afianzar ese criterio.
“Esa parte ya la tienen clara, necesitamos un voto más”.
Por lo anterior, sugirió hablar con tres de los cuatro ministros que no respaldan el derecho de consulta como elemento obligatorio en la elaboración de leyes y políticas públicas, descartando a la ministra Batres, pues no ve ánimos ni flexibilidad en ella.
“Tienen que platicar con Sara Irene Herrerías, la ministra Estela Ríos y el ministro Hugo Aguilar. El cuarto voto es de la ministra Lenia y no ha querido cambiar su posición”.
El artículo 19 del Reglamento de Sesiones de la Corte indica que las y los ministros que retiran proyectos tienen un plazo máximo de 30 días naturales para reintegrarlos al debate. Por tanto, tomando en cuenta que el proyecto se retiró por primera vez el 13 de octubre, Batres debía listar de nueva cuenta la acción de inconstitucionalidad 182/2024 como límite el 12 de noviembre de 2025; sin embargo, lo hizo hasta el 24 de agosto de 2026: 285 días después.
Con el segundo retiro, y ante la incertidumbre, cuestionamos a Esquivel respecto a posibles sanciones por el incumplimiento del reglamento, a lo que explicó que no existen, pero hizo la sígueme recomendación:
“Ustedes pueden presentar una excitativa de justicia (un mecanismo legal que se promueve para pedir que cumpla con su obligación de dictar una sentencia o resolución dentro de los plazos que marca la ley) o amicus curiae (documento con una opinión técnica y jurídica que una persona ajena a un juicio presenta de forma voluntaria para ayudar al juez a resolver un caso complejo) o solicitar una audiencia con la ministra Lenia y decirle que ya por favor liste el asunto porque ustedes necesitan una posición definitiva”, comentó.
“Volver a trabajar con ellos tres fundamentalmente”, añadió en relación con la propuesta de reunirnos con los ministros Aguilar, Herrerías y Ríos.
Otra de las posibles salidas frente a un asunto o tema en el que no se logra un consenso, y el o la ministra ponente no está dispuesto a modificarlo, es votar en contra para que deseche y se returne a un nuevo juzgador. Sin embargo, Esquivel señaló que para que eso suceda, la ministra Batres tendría que sostener el proyecto y no retirarlo apenas inicie la sesión.
“Necesita el ponente sostenerlo para que lo podamos votar y returnar, pero si el ponente ve que no tiene los votos y dice: ‘lo retiro’, pues bueno…”, concluyó.
Tras finalizar la reunión, la ministra sugirió al grupo aprovechar su estancia en la Corte y visitar cada una de las oficinas de los ministros a fin de entregar una copia del posicionamiento, así como solicitar de manera formal una audiencia privada con cada uno.
Todos los ministros se mostraron accesibles, ¿menos el presidente?
En atención a la sugerencia de la ministra Esquivel, el grupo se dispuso a recorrer los pasillos del tercer piso en donde se encuentran ocho de los nueve ministros (con excepción del presidente). Una a una, recorrieron las oficinas. En todas, el personal de las ponencias se mostró receptivo a la presencia del colectivo, así como a su demanda y solicitud de audiencia.
Con excepción de la oficina del ministro Giovanni Figueroa Medina, que ya estaba cerrada —cabe señalar que ya pasaban de las 17:30 horas— en todas sellaron y firmaron de recibido las copias del posicionamiento leído al exterior del inmueble. También, entregaron la información y explicaron el proceso formal para solicitar audiencias privadas con cada juzgador.
Finalmente, después de visitar las ocho oficinas y recibir respuestas favorables en cada una, nos dirigimos al segundo piso, en donde se ubica la oficina del ministro presidente. Ahí, fuimos interceptados por un integrante del equipo de seguridad, quien cuestionó nuestra presencia en ese piso y compartió que, a través de las cámaras de seguridad, colegas monitoristas reportaron que había gente “deambulando”.
Una vez más se cuestionó el por qué no portábamos gafetes, entre otras interrogantes que sólo evidenciaron fallos en los protocolos y comunicación interna. Tras explicar el motivo de nuestra visita, señalamos que lo único que restaba era entregar una copia en la ponencia del ministro presidente. Incluso recalcamos que, en caso de negativa, sería el único —omitiendo a Figueroa— en no recibirla.
En principio, se negó a dejarnos continuar el recorrido, argumentando que se trataba de un área restringida. Posteriormente, solicitó el apoyo de un segundo elemento; René Ramírez (el mismo que horas antes incluso me había voceado).
Sin un aparente motivo, la persona de seguridad que no se identificó “encaminó amablemente” a Martha García, Erika Bailon y el resto hacia la salida. Solo permitieron que yo siguiera dentro del inmueble. Sin embargo, mientras al colectivo lo sacaban, no me condujeron hacia la ponencia del presidente, sino hacia la Oficialía de Partes para ahí “entregar la última copia”.
Expliqué que ese proceso formal ya lo había realizado Laura Bermejo horas atrás y que incluso ya se contaba con un folio de seguimiento. Que la intención era entregar una copia del documento a cada uno de los ministros, y que el único faltante era Aguilar.
Ante esto, Ramírez comentó que no veía sentido a repartir copias, por lo que me llevó a la salida. En paralelo, comencé a relatar el incidente ocurrido con Bladimir Mata. Ya en la calle, Ramírez seguía caminando a mi lado, y tras una llamada con un mando superior a la que le compartió lo sucedido, de forma “orgánica” e inmediata se me autorizó un reingreso. Ramírez me condujo a la Oficialía de Partes de la Presidencia, una oficina en el segundo piso independiente a la que está en el acceso de Pino Suárez.
Me aseguraron que se trataba de un espacio en el que se canalizan de manera más rápida y directa todos los escritos hacia la oficina del ministro presidente. Tras entregar la copia, firmar de recibido y proporcionarme los datos para solicitar una audiencia privada, completamos el recorrido.
Ramírez —quien en todo momento se mostró amable— me acompañó de nueva cuenta hacia la salida, concluyendo así la visita cerca de las 19:00 horas.