Organizaciones exigen a la Cámara de Diputados y al Senado garantizar la capacidad jurídica de personas mayores y con discapacidad ante el aplazamiento hasta 2030

Fecha de publicación: 14/Octubre/2026 | Autor: Redacción Yo También

Organizaciones de derechos humanos, organizaciones de personas con discapacidad y profesionales hacen un llamado urgente a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para garantizar la entrada en vigor inmediata del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

El llamado surge ante el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que propone aplazar hasta el 1 de abril de 2030 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF). Las organizaciones advierten que esta prórroga prolongaría la falta de mecanismos judiciales para proteger los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores que requieren apoyos en circunstancias excepcionales.

El Código Nacional, publicado el 7 de junio de 2023, eliminó los procedimientos de interdicción que permitían restringir la capacidad jurídica de una persona adulta y sustituir su voluntad por decisiones de terceros. Esta derogación surtió efectos el 8 de junio de 2023; sin embargo, según el pronunciamiento, los nuevos procedimientos judiciales para la designación de apoyos todavía no han entrado en vigor.

El procedimiento extraordinario está previsto para situaciones en las que, después de realizar esfuerzos reales, considerables y pertinentes, no es posible conocer la voluntad y las preferencias de una persona. Sin este mecanismo, algunas personas pueden enfrentar obstáculos para proteger su patrimonio, resolver asuntos familiares, hacer valer sus derechos o acceder a la justicia.

¿Qué exigen las organizaciones al Congreso de la Unión?

Las organizaciones firmantes plantean cinco medidas:

1. Garantizar la entrada en vigor inmediata del procedimiento extraordinario de designación de apoyos, sin esperar hasta 2030.
2. Establecer reglas claras para su aplicación, con accesibilidad, salvaguardias y respeto a la voluntad y las preferencias de las personas.
3. Reconocer que la derogación de la interdicción surtió efectos el 8 de junio de 2023 y que no depende de la implementación gradual del Código Nacional.
4. Garantizar que las personas adultas puedan establecer apoyos ordinarios mediante los instrumentos jurídicos disponibles, sin declaraciones judiciales de incapacidad ni procedimientos innecesarios.
5. Impulsar la capacitación y coordinación entre autoridades judiciales, notariales y administrativas, con participación de organizaciones de personas con discapacidad y personas mayores.

Las organizaciones sostienen que el aplazamiento de una reforma procesal no debe traducirse en la suspensión de derechos fundamentales y piden corregir el vacío antes de aprobar una nueva prórroga.

Consulta el pronunciamiento completo y el enlace del formulario para sumarte a la exigencia de las organizaciones mediante tu firma.