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¿Quién atiende la discapacidad en México? Lo que revela el mapa de los 32 estados
Durante cuatro meses, Yo También revisó las estructuras institucionales encargadas de la discapacidad en las 32 entidades federativas. La investigación encontró un panorama fragmentado: mientras algunos estados cuentan con institutos especializados, en otros la atención sigue dependiendo del DIF o se diluye entre áreas de inclusión, asistencia social o dependencias enfocadas en atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Fecha de publicación: 26/Mayo/2026 | Autor: María Nazaret
En México, encontrar quién atiende la discapacidad puede convertirse en una búsqueda laberíntica.
No existe un portal nacional actualizado que concentre las instituciones responsables de esta agenda, ni una estructura homogénea entre estados. Dependiendo del lugar donde viva una persona con discapacidad, la atención puede recaer en un instituto especializado, una oficina de inclusión, una coordinación dentro del DIF o incluso áreas enfocadas en atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Como referencia previa, en 2023 el entonces Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) publicó un listado de instituciones estatales de atención a personas con discapacidad. Sin embargo, ese registro ya no refleja múltiples cambios institucionales, modificaciones de estructura ni a las personas titulares actuales.
Durante cuatro meses, Yo También revisó las estructuras institucionales de las 32 entidades federativas para responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién atiende la discapacidad en México?
Parte de la investigación consistió en actualizar la información a partir de directorios oficiales, boletines institucionales, organigramas, materiales difundidos en redes sociales y consultas realizadas con activistas y personas con discapacidad de distintos estados. Para quienes deseen profundizar en los hallazgos, la investigación actualizada estado por estado puede consultarse de forma más completa en esta liga de Google Drive.
La búsqueda terminó revelando algo más profundo que una diferencia administrativa: la discapacidad no ocupa el mismo lugar dentro de todos los gobiernos estatales del país.
La atención a la discapacidad cambia dependiendo del estado donde vives
Después de revisar las 32 entidades federativas, el mapa nacional dejó una imagen clara: en México no existe una sola forma de atender la discapacidad.
La investigación identificó un país profundamente fragmentado en términos institucionales.
Mientras algunos estados cuentan con institutos especializados y visibles, en otros la discapacidad permanece integrada dentro de estructuras generales de asistencia social o áreas enfocadas en atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. En varios casos, ni siquiera fue sencillo identificar qué dependencia era responsable del tema.
Catorce estados —casi la mitad del país— siguen atendiendo la discapacidad principalmente desde el DIF estatal. Es decir, gran parte del país continúa organizando esta agenda desde estructuras históricamente vinculadas con asistencia social, rehabilitación y apoyos.
En contraste, solo seis estados cuentan con institutos especializados en discapacidad o inclusión de personas con discapacidad. Esto representa menos de una quinta parte de las entidades federativas.
Apenas cuatro estados cuentan con secretarías relacionadas con inclusión o discapacidad.
En otros casos, la atención a la discapacidad se encuentra dispersa entre direcciones, coordinaciones o áreas que también atienden inclusión, asistencia social o a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Esto significa que, aunque sí existen estructuras gubernamentales relacionadas con el tema, muchas no son exclusivas ni especializadas en discapacidad.
En total, 12 estados cuentan con alguna instancia identificable directamente relacionada con discapacidad o inclusión, ya sea mediante institutos, secretarías o áreas específicas dentro de la estructura estatal. Frente a ello, 20 entidades siguen sin una estructura especializada clara.
En contraste, gran parte del país continúa atendiendo esta agenda desde estructuras más amplias de asistencia social, inclusión o atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Más que una diferencia administrativa, el hallazgo revela algo más profundo: el lugar institucional que ocupa la discapacidad cambia dependiendo del estado.
Mientras algunas entidades cuentan con organismos visibles y especializados, en otras la discapacidad permanece integrada dentro de estructuras amplias de asistencia social o vulnerabilidad.
La investigación también permitió identificar otra diferencia importante: quiénes ocupan los espacios de decisión.
De todas las instituciones revisadas, solo ocho titulares identificados viven con discapacidad.
La cifra no busca descalificar a personas sin discapacidad que encabezan estas áreas, sino dimensionar el nivel de representación que actualmente existe dentro de las estructuras públicas encargadas de esta agenda.
La discapacidad sigue dependiendo del DIF
Uno de los principales hallazgos del mapa nacional es que el DIF continúa siendo el principal modelo de atención institucional para la discapacidad en México.
Estados como Tabasco, Morelos, Sonora y Guerrero concentran la atención principalmente en el Sistema DIF estatal, generalmente mediante servicios de rehabilitación, apoyos sociales y programas asistenciales.
En varias entidades, “atender la discapacidad” también implica operar programas de apoyo económico o pensiones dirigidas a personas con discapacidad, generalmente desde estructuras vinculadas con asistencia social.
Aunque estos apoyos representan un ingreso importante para muchas familias, activistas y personas con discapacidad señalaron durante la investigación que la atención institucional no puede reducirse únicamente a pensiones, rehabilitación o asistencia social.
La investigación no buscó evaluar la calidad de los servicios, sino identificar desde dónde se organiza institucionalmente la discapacidad. Sin embargo, el hallazgo abrió discusión entre activistas y personas con discapacidad que siguieron el mapa estado por estado en redes sociales.
“El problema central en Sinaloa es la dependencia del DIF”, escribió María Milagros Castro Rocha en una de las publicaciones del mapa estatal compartidas por Yo También durante la investigación. “El Estado sigue tratando la discapacidad como una condición que requiere ayuda y no como una identidad que exige derechos”.
Otros comentarios señalaron dificultades para identificar qué institución atiende la discapacidad en sus estados.
“No me ha sido claro a dónde dirigirme para pedir apoyos”, comentó Miriam Terrazas desde Ciudad Juárez en una de las tarjetas publicadas durante la serie estatal de la investigación. “Es más difícil aún desde la frontera, porque las ayudas están centralizadas en Chihuahua capital”.
Los institutos especializados siguen siendo excepción
Aunque algunos estados cuentan con institutos especializados, estos siguen siendo minoría.
Baja California Sur, CDMX, Estado de México, Zacatecas, Yucatán y Colima forman parte de las entidades que cuentan con institutos específicos para discapacidad o inclusión de personas con discapacidad.
En Baja California Sur, por ejemplo, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es encabezado por Jorge Alberto Vale Sánchez, persona con discapacidad visual. En Yucatán, el instituto estatal es dirigido por Armando Jair Chiquini Barahona, persona sorda y usuario de lengua de señas mexicana.
La representación también apareció como uno de los temas más discutidos durante la investigación y en las conversaciones generadas a partir de las tarjetas publicadas estado por estado.
“Es tiempo de que las pcd sean portavoces en primera persona desde los espacios de toma de decisiones”, escribió Georgina Gutiérrez Alvarado.
El debate también apareció en Jalisco, donde la designación de una persona sin discapacidad al frente de la Dirección de Inclusión generó discusión entre activistas y personas con discapacidad sobre representación en espacios de toma de decisiones.
La discusión sobre representación también se reflejó en otros comentarios publicados durante la serie. “No se trata de desacreditar la trayectoria de una persona”, escribió Óscar Zaldívar Pollo en una de las publicaciones del mapa estatal compartidas por Yo También durante la investigación. “Pero quienes debemos indicar el rumbo a seguir somos quienes vivimos día a día la exclusión y discriminación”.
La conversación reflejó una de las preguntas que atravesó el mapa nacional: ¿quiénes ocupan los espacios donde se diseñan las políticas públicas relacionadas con discapacidad?
Entre inclusión, bienestar y condiciones de vulnerabilidad
La investigación también encontró que en varios estados la discapacidad no cuenta con una estructura exclusiva, sino que aparece integrada dentro de agendas amplias de inclusión, asistencia social o atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.
En Chihuahua, por ejemplo, la discapacidad se atiende desde áreas enfocadas en atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. En Campeche y Baja California forma parte de secretarías de inclusión con agendas dirigidas a múltiples poblaciones.
La forma en que un estado organiza institucionalmente la discapacidad también revela cómo entiende esta agenda: como un tema de asistencia social, inclusión o derechos.
En varios estados, conceptos como inclusión, igualdad o atención a personas en condiciones de vulnerabilidad terminan concentrando agendas muy distintas dentro de una misma dependencia, lo que vuelve más difusa la ubicación institucional de la discapacidad.
Cuando ni siquiera queda claro quién atiende la discapacidad
Además de las diferencias entre estados, el proceso de investigación reveló otra constante: la dificultad para identificar con claridad quién atiende la discapacidad en muchas entidades.
En varios casos fue necesario revisar leyes estatales, directorios oficiales, organigramas, portales de transparencia, boletines institucionales e incluso publicaciones en redes sociales para confirmar la existencia de áreas, institutos o titulares.
La falta de información pública clara, centralizada y actualizada terminó convirtiéndose en uno de los principales hallazgos de la investigación.
En algunos estados, incluso después de revisar múltiples fuentes oficiales, la información sobre responsables institucionales seguía siendo limitada o ambigua.
La conversación generada por las publicaciones estatales también dejó ver una constante: incluso para muchas personas con discapacidad no resulta claro qué institución atiende esta agenda en sus estados.
“Y si ya es complicada la vida con discapacidad, en el sistema estatal DIF no solo complican los trámites, los niegan y maltratan a las personas”, escribió Fernando Briones en una de las publicaciones compartidas durante el recorrido estado por estado de la investigación.
Lo que revela el mapa nacional
Después de revisar las 32 entidades federativas, el mapa nacional revela que México no cuenta con una estructura homogénea para atender la discapacidad.
Dependiendo del estado, la atención puede recaer en un instituto especializado, una secretaría de inclusión, una coordinación dentro del DIF o una estructura general de asistencia social.
En la práctica, esto significa que la manera en que se organiza institucionalmente la discapacidad cambia dependiendo del lugar donde vive cada persona.
Pero la investigación también deja otra conclusión: en México sigue siendo difícil identificar con claridad quién atiende la discapacidad, desde qué enfoque se hace y qué lugar ocupa esta agenda dentro de las prioridades institucionales del país.
Más allá de organigramas, nombres o dependencias, el mapa nacional revela que la discapacidad sigue ocupando, en gran parte del país, un lugar institucional vinculado con asistencia social más que con una política transversal de derechos.