¿Qué está en disputa en la nueva Ley de Autismo de Jalisco?

La iniciativa estuvo a punto de ser votada en el Congreso de Jalisco, pero las protestas de colectivos de personas autistas, personas con discapacidad y cuidadoras frenaron el proceso. En entrevista con Yo También, dos voces involucradas en el debate explican las diferencias sobre consulta, apoyos, cuidados y derechos que mantienen dividida la discusión.

Fecha de publicación: 18/Junio/2026 | Autor: María Nazaret

La nueva Ley de Autismo de Jalisco, presentada en junio de 2025 y trabajada durante casi un año, estuvo a punto de ser votada por el Congreso local en mayo de 2026. Sin embargo, protestas de colectivos de personas autistas, personas con discapacidad y cuidadoras frenaron el proceso y abrieron una discusión que sigue sin resolverse.

En entrevista exclusiva para Yo También, María Teresa Yuliana López Quintero López y Cinthia Gabriela Ramírez Fernández explican dos visiones distintas sobre una iniciativa que busca transformar la atención al autismo en el estado, pero que también ha despertado cuestionamientos sobre consulta, derechos, cuidados y vida independiente.

Quintero López, integrante del Área de Inclusión de la Asociación Estatal de Padres de Familia por una Escuela Digna y Educación de Calidad en Jalisco (AEPAFJAL, A.C.) y participante en el proceso de construcción de la iniciativa, considera que la propuesta representa una oportunidad para fortalecer la atención y los apoyos para las personas autistas. Ramírez, abogada, persona autista, madre de un niño autista e integrante de Cuidadoras en Resistencia, sostiene que el proyecto mantiene vacíos importantes en materia de derechos, consulta y vida independiente.

La ley que estuvo a punto de aprobarse

Durante meses, las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, ambas de Movimiento Ciudadano, encabezaron la construcción de una nueva Ley de Autismo para Jalisco junto con dependencias públicas, organizaciones, especialistas, familias y personas vinculadas al tema. La iniciativa busca sustituir la legislación vigente e incorporar nuevas herramientas de coordinación, planeación y atención para las personas autistas.

La iniciativa avanzó en comisiones legislativas y estuvo cerca de llegar al pleno para su votación. Sin embargo, en las semanas previas comenzaron a surgir inconformidades de colectivos de personas autistas, personas con discapacidad y cuidadoras que cuestionaron tanto el contenido de la propuesta como el proceso mediante el cual se construyó.

Las tensiones aumentaron cuando algunos colectivos supieron que la iniciativa podría ser votada en el pleno del Congreso.

Ramírez recuerda que se enteraron pocas horas antes de la sesión prevista.

“A las once y media de la noche nos avisaron otros diputados que al día siguiente la iniciativa estaba en el orden del día. Para nosotras fue una movilización completamente improvisada. Íbamos con criaturas, organizándonos de última hora para intentar detener la votación”, relató.

La protesta realizada frente al Congreso contribuyó a que la discusión fuera aplazada y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la iniciativa.

De una ley de 14 artículos a una reforma que busca transformar la atención al autismo

La iniciativa surge de la intención de sustituir la legislación vigente en Jalisco, una norma que distintos actores consideran insuficiente para responder a las necesidades actuales de las personas autistas y sus familias.

De acuerdo con Yuliana López Quintero López, la ley actual cuenta con pocos artículos y carece de mecanismos que permitan coordinar acciones entre distintas dependencias.

“La ley actual es muy limitada. Lo que buscamos es generar una estructura que permita coordinar esfuerzos y garantizar atención a lo largo de las diferentes etapas de la vida”, explicó.

La propuesta incorpora figuras como un Registro Estatal, una Comisión Intersectorial, una Red Estatal de Centros y un Fondo de Atención Especializada. También contempla acciones relacionadas con salud, educación, inclusión laboral, capacitación y atención a personas autistas adultas.

Para Quintero López, una de las principales preocupaciones es lo que ocurre cuando las personas autistas dejan atrás la infancia y la adolescencia.

“Tenemos jóvenes que terminan procesos de capacitación y después ya no tienen a dónde ir. Las familias siguen preguntándose qué va a pasar cuando ya no estén para acompañarlos”, explicó.

Desde su perspectiva, la legislación busca responder a necesidades que históricamente han recibido poca atención, especialmente en materia de inclusión laboral, apoyos para la vida adulta y coordinación entre instituciones.

“No existe una sola experiencia autista. Hay personas que requieren apoyos mínimos y otras que necesitan acompañamientos mucho más intensos. La ley tiene que contemplar esa diversidad”.

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de un Registro Estatal.

“Si no sabemos cuántas personas hay, dónde están y qué necesidades tienen, es muy difícil planear servicios o generar políticas públicas efectivas”.

Cuando las protestas llegaron al Congreso

Entre las voces críticas se encuentra Cuidadoras en Resistencia, organización de la que forma parte Cinthia Ramírez.

Para Ramírez, el principal problema no es la intención de actualizar la legislación, sino el enfoque desde el cual fue construida.

“Lo que está en juego no es solamente la ley de autismo en Jalisco, sino qué modelo de atención queremos exportar al resto del país”.

Desde su perspectiva, la iniciativa prioriza estructuras de atención y servicios especializados sin garantizar plenamente derechos relacionados con la vida independiente, los apoyos comunitarios y la participación efectiva de las personas autistas.

“Reconocer derechos no es lo mismo que garantizar derechos”.

La consulta: participación para unos, simulación para otros

Uno de los principales desacuerdos gira en torno al proceso de consulta.

Quintero López rechaza que el proceso haya sido excluyente y sostiene que la iniciativa fue construida durante aproximadamente ocho meses mediante reuniones y mesas de trabajo en las que participaron familias, organizaciones, especialistas y autoridades.

“Participaron muchas voces. Hubo observaciones, comentarios y propuestas de distintos sectores. Fue un proceso que tomó meses de trabajo”, afirmó.

Sin embargo, Ramírez considera que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de consulta a personas con discapacidad.

“Una consulta no consiste únicamente en escuchar opiniones. Las personas con discapacidad deben tener la posibilidad real de influir en el resultado”.

¿Contar personas o registrar personas?

Otro de los temas que ha generado debate es la creación de un Registro Estatal.

Para quienes impulsan la iniciativa, el Registro Estatal permitiría conocer cuántas personas autistas viven en Jalisco, identificar necesidades de apoyo y diseñar políticas públicas con mayor precisión.

“Si no sabemos cuántas personas hay, dónde están y qué necesidades tienen, es muy difícil planear servicios o generar políticas públicas efectivas”, señaló Quintero López.

Ramírez comparte la necesidad de contar con información estadística, pero cuestiona la creación de registros que concentren datos personales de personas con discapacidad.

Desde su perspectiva, es posible generar diagnósticos poblacionales y datos para la toma de decisiones sin recurrir a mecanismos que puedan comprometer derechos relacionados con la privacidad o el uso de la información.

Centros especializados o apoyos en la comunidad

La propuesta también plantea la creación de una Red Estatal de Centros.

Quintero López considera que esta medida permitiría ampliar la cobertura de servicios y reducir las brechas que actualmente enfrentan muchas familias para acceder a atención especializada.

Según explicó, la intención no es sustituir otros apoyos, sino construir una red articulada que permita acompañar a las personas autistas en distintas etapas de la vida.

Los colectivos críticos sostienen que la política pública no debería concentrarse únicamente en centros especializados.

Ramírez también cuestiona que los centros especializados se conviertan en el eje de la política pública.

Como ejemplo, menciona el caso de un niño de su colectivo que ingresó a lista de espera para recibir atención a los cuatro años y obtuvo un espacio cuando estaba por cumplir once.

“Estamos hablando de años de espera para acceder a un servicio. Por eso creemos que la discusión no puede limitarse a construir más centros, sino a generar apoyos en todos los espacios donde las personas autistas viven y participan”, señaló.

“Las personas autistas no vivimos en los centros. Vivimos en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos y en la comunidad”.

¿Quién debe sostener los cuidados?

Otro de los puntos de discusión tiene que ver con el papel de las familias.

Para Quintero López, la experiencia acumulada por madres, padres y personas cuidadoras durante años debe formar parte de la construcción de políticas públicas.

“Las familias conocen necesidades que muchas veces el sistema todavía no alcanza a ver. Esa experiencia también debe ser escuchada”, sostuvo.

Ramírez coincide en la importancia de reconocer la realidad que viven las familias, pero considera que el Estado debe asumir una mayor responsabilidad en la provisión de apoyos.

“Las familias no pueden seguir siendo la infraestructura oculta del sistema de cuidados”.

La discusión de fondo: servicios, derechos y vida independiente

Aunque los desacuerdos han sido visibles en las últimas semanas, las entrevistas muestran que el debate no gira en torno a si las personas autistas necesitan más apoyos.

La diferencia está en cómo construirlos, quién debe garantizarlos y qué papel deben tener las propias personas autistas en las decisiones que les afectan.

Mientras quienes impulsan la iniciativa destacan la necesidad de crear estructuras que permitan coordinar servicios, ampliar la atención y responder a necesidades que actualmente permanecen desatendidas con instituciones que ya existen actualmente , los colectivos críticos consideran que la prioridad debe estar en garantizar derechos exigibles relacionados con salud, educación, inclusión laboral, apoyos para la vida independiente y cuidados.

Por ahora, la nueva Ley de Autismo de Jalisco permanece sin ser aprobada por el pleno del Congreso local. 

Más allá de su eventual aprobación, la discusión ha puesto sobre la mesa preguntas que trascienden esta iniciativa: quiénes deben participar en la construcción de las políticas públicas, cómo garantizar los derechos de las personas autistas y cuál debe ser el papel del Estado en los sistemas de apoyos y cuidados.

Lo que ocurra con esta propuesta podría influir no sólo en el futuro de las personas autistas en Jalisco, sino también en la manera en que otras entidades del país discutan temas relacionados con discapacidad, vida independiente, cuidados y derechos.