Tras 11 años, Estado Mexicano propone 5 medidas de reparación a Selene García por negar su derecho a la educación; NO contempla disculpa pública

Fecha de publicación: 22/Agosto/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Selene García Vara es una mujer con discapacidad intelectual quien en 2014 intentó ingresar al Centro Morelense de las Artes para estudiar la licenciatura en Artes Visuales. Sin embargo, el proceso de admisión y los planes de estudio carecían de ajustes razonables. Al solicitarlos —en un ánimo de participar en igualdad de condiciones— le fueron negados argumentando falta de presupuesto. 

Esto se tradujo en la vulneración de su derecho a la educación, razón por la que inició un proceso legal de 11 años que por fin se encamina a su término. No obstante, en la última etapa el Estado Mexicano desconoce lo más importante y el motivo por el cual Selene comenzó esta larga travesía: una disculpa pública. 

Hablamos de una historia donde las instancias jurídicas nacionales —incluida la Suprema Corte de Justicia, que rechazó atraer el caso— le cerraron la puerta. Donde el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU falló a su favor en 2023. Y donde tras dos años de silencio, nuestro país propone una serie de medidas de reparación que parecen no ser del todo satisfactorias. En exclusiva, analizamos el documento en el que autoridades detallan el plan para cerrar este capítulo de discriminación.

México publica dictamen tras dos años de espera

El 12 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el que México reconoce las vulneraciones de las que Selene fue parte, así como su responsabilidad. Esto significa el inicio del fin en el proceso jurídico. 

A la par de la publicación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) elaboró una opinión técnica en la que detalla su propuesta de plan de reparación integral en favor de Selene. El documento, de 46 páginas, responde a cinco principios: restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación, esto en apego al artículo 27 de la Ley General de Víctimas, que a su vez se alinea con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fue enviada a la ONU, organismo que a su vez la remitió a Selene y su defensa legal para dar respuesta de conformidad —o no— a más tardar el 13 de octubre. 

El texto arranca con el reconocimiento de la discriminación estructural, misma que tanto se había resistido a admitir en etapas pasadas: “Las personas con discapacidad constituyen un grupo históricamente perseguido, excluido y menospreciado. Tradicionalmente han sido sometidas a prácticas de marginación que las coloca en una posición de invisibilidad, lo que les impide participar en igualdad de condiciones en la sociedad. 

¿Qué propone México como medida de reparación? 

Por lo anterior, y en atención a las recomendaciones y conclusiones del Comité de la ONU, la CAEV propone las siguientes acciones:

Medidas de restitución

Estas buscan colocar a las víctimas en la situación anterior a la vulneración de sus derechos, por tanto, propone que el Gobierno del Estado de Morelos celebre las gestiones necesarias para garantizar su derecho a la educación superior asegurando la accesibilidad en el proceso de admisión a la institución pública de su elección, así como la implementación de ajustes razonables en instalaciones y planes de estudio, y encargándose de los gastos que deriven de ellas.

Sin embargo, reconoce la posibilidad de la inexistencia de una institución académica capaz de adaptarse, por lo que, en ese caso, el gobierno deberá cubrir los gastos de inscripción y colegiaturas en la academia privada de su elección.

Incluso, realizó un estudio de mercado de posgrados en artes visuales por cuatro semestres donde expone un estimado de costos:

• Centro Morelense de las Artes: 340 mil pesos 
• Instituto Nacional de Bellas Artes: 329 mil 200 pesos 
• Universidad del Claustro de Sor Juana: 522 mil 520 pesos

Medidas de rehabilitación

Estas tienen por objetivo que las víctimas puedan hacer frente a los efectos sufridos por causa de violaciones a derechos humanos. Para ello, ofrece al menos 16 sesiones psicoterapéuticas en instancias de las áreas de salud pública, para atención y tratamiento gratuitos por parte de personal especializado en terapia emocional para pacientes con discapacidad intelectual. 

En caso de no encontrar un servicio público que cumpla con los requerimientos, la entidad federativa deberá cubrir los gastos de las terapias en instituciones profesionales privadas hasta su rehabilitación. 

De nueva cuenta expone un estudio de mercado por las 16 sesiones que van de los 17 mil 600 pesos a los 40 mil pesos. 

Medidas de satisfacción

Este rubro resulta vital pues representa el reconocimiento y restablecimiento de la dignidad de la víctima, buscan la recuperación de la memoria y transmiten un mensaje oficial de reprobación a las violaciones a derechos humanos. 

Como ÚNICA medida el comité refiere la publicación del dictamen que da forma a este plan en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “de manera amplia y en formatos accesibles”. Esto ocurrió el pasado 12 de agosto, pero esos formatos no existen. No se difunde en Braille o macrotipo para personas con discapacidad visual, tampoco en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual como la propia Selene. 

Es decir, se trata del primer incumplimiento. Pero además, el dictamen de la ONU que se cita señala en sus conclusiones y recomendaciones la necesidad de una disculpa pública por parte de autoridades como máxima visibilización de los hechos. Históricamente estos actos los celebra la secretaría de Gobernación a través de su titular, la subsecretaría de derechos humanos, población y migración, o el gobernante de la entidad referida. 

No obstante, el plan de reparación integral omite este paso. Niega la disculpa pública. Selene y su defensa legal han abogado por ella desde hace 11 años; es su prioridad. En este caso, no solo se negó el acceso a la justicia en el país —obligándola a recurrir a esferas internacionales—, el Estado Mexicano se negó por más de dos años a publicar el dictamen y ahora quiere cerrar el hecho sin contemplar lo que le dio origen a esta pugna que ya trastoca tres sexenios.

Medidas de no repetición

Su fin es la prevención de casos similares. Esta sección resulta ambigua, sin acciones concretas, pero hay que subrayar que dado que se trata de una resolución internacional, aplica a todo el Estado Mexicano, no sol a Morelos.

• Adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro
• Modificar la legislación y políticas públicas educativas en la búsqueda de un sistema inclusivo para todos los niveles 
• Establecer mecanismos de denuncia y recursos legales independientes, eficaces, accesibles, transparentes, seguros y aplicables
• Adoptar medidas para concienciar sobre estereotipos y combatir los prejuicios y las prácticas nocivas hacia pcd 

“Se determina que el Gobierno del Estado de Morelos deberá generar los mecanismos interinstitucionales para cumplir con los puntos recomendatorios encaminados a más medidas de no repetición”. 

Medidas de compensación

Finalmente, este rubro analiza los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que son consecuencia del caso, ya sea mediante el pago de una cantidad de dinero, o la entrega de bienes y servicios.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determinó una compensación total de 1 millón 805 mil 440 pesos, desglosados en los conceptos:

• Daño moral: 500 mil pesos
• Pérdida de oportunidades: 972 mil 520 pesos
• Pago de gastos y costas judiciales: 200 mil pesos
• Pago de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación: 92 mil 920 pesos
• Pago de tratamientos médicos terapéuticos: 40 mil pesos

Desde Yo También hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación a incluir en el plan de reparación integral la disculpa pública. Seguiremos pendientes de este caso y de la respuesta que en octubre emita la defensa legal de Selene.