Por Katia D’Artigues

Con la noticia de que este 2 de diciembre, la secretaría de Salud firmó el contrato para comprar 34.4 millones de vacunas a Pfizer (aunque llegarán poco a poco, de hecho las primeras dosis sólo serán 250 mil) comienza la discusión: ¿quiénes deben recibirla primero?

El consenso internacional -y lógico- es que el primer grupo que debe ser vacunado es todo el personal de salud que está en el ‘frente de batalla’ de la epidemia. Luego, no quedan claras las prioridades de la calendarización de la vacunación a distintos grupos. Sabemos que, por retos de aprobación sanitaria y logística una vacunación universal podría tardar, si bien nos va, todo el primer semestre de 2021 y que requerirá de varios proveedores (como CanSino, de China, y Astra Séneca, de Argentina, que llegarán después).

Un llamado a la ONU y OMS a que las pcd sean de las primeras

La International Disability Alliance (IDA), que representa a mil millones de personas con discapacidad a nivel mundial, llama a las Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, a priorizar a las personas con discapacidad. “Que emitan recomendaciones claras y fuertes sobre ello, para tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los gobiernos cumplan con sus obligaciones hacia las personas con discapacidad con respecto al acceso prioritario a las vacunas de la COVID-19 así como a la información y los procesos que deriven de ello”, dice el organismo internacional en este comunicado (en inglés). 

El organismo asegura que las pcd han experimentado exclusión, discriminación y negligencia durante la respuesta a la pandemia y subraya que enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19 e incluso de morir de él, como documentábamos en esta pasada nota: las pcd intelectual o del desarrollo tienen 3 veces más posiblidad de morir de Covid que las personas que no tienen discapacidad. 

Esto se debe a diversas causas: los problemas para mantener sana distancia, el requerimiento de asistencia personal para su vida diaria o la falta de información en formatos accesibles y en lectura fácil. También subrayan que para algunas personas con discapacidad intelectual, psicosocial o con autismo, el uso de cubrebocas no es factible. 

Preocupan también las pcd que están en lugares donde las tasas de infección son altas: campos de refugiados, instalaciones de enfermería, instituciones psiquiátricas y otras instituciones segregadas que son, por cierto, contrarias a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. También las prisiones.

“Debido a barreras actitudinales y del medio ambiente, las pcd son frecuentemente de los últimos grupos que pueden acceder a servicios públicos con mucha demanda, en particular en situación de riesgo y emergencia”, dice el comunicado.

Ocho conclusiones y peticiones

Las recomendaciones finales de la organización pide que los gobiernos, el sector privado y las Naciones Unidas tomen medidas para ocho acciones:

  1. Que las vacunas COVID-19 estén disponibles en programas específicos gratuitos o de bajo costo para todas las personas, incluidas personas con discapacidad y las redes de apoyo de su elección.
  2. Que las personas con discapacidad y las redes de apoyo de su elección tengan acceso prioritario a vacunas; incluyendo asistentes personales, cuidadores familiares y personas que trabajan en servicios relacionados con la discapacidad.
  3. Que los lugares donde se administren las vacunas sean físicamente accesibles y cuenten con orientación y asistencia en vivo para quien lo necesite. Que se provea de transportación accesible gratis o de bajo costo donde sea necesario.
  4. Que se realicen actividades de divulgación específicas para garantizar que las personas con discapacidad conozcan la disponibilidad de vacunas, y que todas las campañas de información sean inclusivas y accesibles para las personas con discapacidades, incluido el género y edad apropiada.
  5. Que todos los sistemas de información relacionados con las vacunas recopilen datos desglosados ​​por edad, género y discapacidad y que los servicios basados en páginas web también sean totalmente accesibles, garantizando al mismo tiempo el respeto de la vida privada y la confidencialidad de la información relacionada con la salud.
  6. Que recibir la vacuna COVID-19 debe basarse en el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. Con respecto a la autonomía y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidades intelectuales, discapacidad psicosocial y personas con autismo no debe ser socavado con justificaciones tales como el bien público o el mejor interés de la persona.
  7. Las organizaciones internacionales y el gobierno deben garantizar que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas participen de manera significativa en la formulación de políticas y la planificación de la distribución de vacunas COVID-19 y procesos relacionados.
  8. Las organizaciones de personas con discapacidad deben contar con los recursos adecuados para convertirse en socios en la implementación de campañas de información, por ejemplo, llegando a las personas más marginadas y garantizar que sus mensajes sean claros, inclusivos y accesibles.

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