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09 de Enero de 2026

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Suprema Corte suspende discusión sobre consulta a pcd y llama a audiencia pública para evaluar el caso

14/Octubre/2025 | Francisco Javier Munguía

Collage con fotografías del colectivo manifestante y los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres y Yasmín Esquivel

En el marco de la propuesta de adopción de un criterio que no considera la falta de consulta a personas con discapacidad como “causa suficiente para la invalidez de leyes”, organizaciones convocaron a una manifestación este lunes a las 10:00 horas al exterior de la sede principal de la Corte. Al lugar se dieron cita activistas, defensores de derechos humanos, cuidadores y medios de comunicación. El objetivo era evitar que el Pleno adoptara una decisión sin dialogar previamente.

Apenas unos minutos después de iniciar la concentración, personal de atención ciudadana del máximo tribunal comunicó que una marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas —conformada por más de 300 agremiados— se dirigía al sitio, por lo que, en respuesta a los protocolos de protección civil y por seguridad, permitieron el ingreso del colectivo al edificio. A la par, se informó que las y los ministros tenían conocimiento de nuestra presencia y demandas, y que estaban en disposición de sostener una reunión una vez concluyera la sesión en curso.

Al mismo tiempo, durante la transmisión en vivo, el ministro presidente —Hugo Aguilar Ortiz— se refirió al tema, mismo que este lunes habría de ser discutido. Señaló que tras una primera reunión digital entre organizaciones y la ministra Batres ocurrida el sábado, la juzgadora envió un oficio al presidente en el que solicitó postergar la votación en tanto no hubiera un consenso con personas con discapacidad. 

En ese sentido, reconoció las solicitudes de audiencia existentes y confirmó que, en acuerdo con los demás ministros, celebrarán una audiencia pública: una nueva figura de participación ciudadana ante casos relevantes.

“Pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar (…) hemos recibido también noticia que hoy están teniendo una manifestación aquí frente a la Corte (…) anunciarles que estamos puestos para escucharlos y resolver de manera adecuada, por lo tanto, queda en lista este asunto”, dijo.

Mientras, la puerta principal de la Corte (la que está orientada hacia avenida Pino Suárez) no cuenta con medidas de accesibilidad, por lo que el acceso se dio por la parte lateral del inmueble a través de la calle Venustiano Carranza, en donde hay elevadores. Ya al interior, el movimiento recorrió los pasillos con pancartas en mano por todo lo alto hasta llegar al vestíbulo principal. 

En ellas se leían frases como: “Consulta sin discriminación”, “Escuchar antes de decidir no retrasa la justicia; la hace posible”, y “Nada de nosotros sin nosotros”.

Desde el inicio se advirtió que la espera sería larga: por lo menos hasta después de las 14:00 horas, hecho que se aceptó. Lo cierto es que fue muy llevadera ya que para “matar el tiempo” el grupo puso a prueba —junto con personal de respaldo y brigadistas— mobiliario adaptado para evacuación en caso de emergencias, así como los baños para personas con discapacidad. 

En el caso de los baños, Maura, madre del activista Daniel Robles Haro (quien vive con discapacidad física), mostró a los trabajadores lo complejo que resulta cambiar a un adulto con parálisis cerebral en espacios muy reducidos que además carecen de cambiadores universales. Ante ello, hizo un llamado a contemplarlo como parte de sus normativas, a lo que el personal se comprometió a impulsar. Al respecto, en Yo También publicaremos un video próximamente. 

En relación a emergencias, protección civil puso a prueba las “sillas de evacuación por escaleras”, equipos desplegados a lo largo de la Corte que permiten descender a las personas con discapacidad motriz por cualquier tipo de escalera, de forma práctica, segura y rápida. La Corte cuenta con equipos manuales y motorizados. El ejercicio sirvió para determinar que el salvescaleras motorizado no es universal, pues no encajó con ninguna de las sillas de ruedas presentes, lo que deja de manifiesto un área de oportunidad. También, tendremos video en los próximos días. 

En todo momento el personal mostró apertura, empatía y tomaron nota de cada una de las recomendaciones que el colectivo brindó con el fin de mejorar los protocolos y garantizar la seguridad de todos ante una contingencia. 

Regresando a la reunión, unos minutos antes de la hora originalmente estimada, trabajadores de la Corte nos condujeron al Salón de Ante Pleno, que como su nombre lo indica, conecta directamente con el Pleno y es el escenario de discusiones privadas previas a lo visto en las sesiones transmitidas. 

Ahí, el colectivo tomó asiento, colocó las consignas sobre la mesa y repartió estampas con el símbolo internacional de la discapacidad junto al abecedario en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Tras más de una hora de espera en la sala, con asesores y secretarios de estudio y cuenta presentes al tanto de nuestras necesidades, cinco de los ocho ministros tomaron atendieron el llamado: Hugo Aguilar; ministro presidente, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa Betanzo.

El primero en tomar la palabra fue el ministro presidente para profundizar sobre la audiencia pública de la que había dado cuenta horas antes. Recalcó que se trata de la primera vez que se llevará a cabo un ejercicio como este en la historia del país, y que resulta significativo que sea en materia de discapacidad. 

La audiencia se llevará a cabo el día lunes 20 de octubre al mediodía en el Salón de Plenos de forma híbrida para que personas que cuya distancia o discapacidad no les permite asistir de forma presencial, participen. No obstante, está pendiente la definición de la convocatoria así como otros aspectos que permitan conocer un aproximado del nivel de actuación de las organizaciones, así como los ajustes razonables necesarios para estos fines. Aseguró que se trabajaría el lunes por la tarde para que este martes pueda publicarse y permanecer abierta un plazo de 48 horas.

“Tenemos que organizarnos para que salga bien (…) por ahora ese es el acuerdo por unanimidad”, señaló. 

Por tanto, pidió al colectivo esperar hasta el lunes para plantear todas las inquietudes, así como elegir representantes o vocerías para evitar retrasos o tropiezos durante el ejercicio. La intención es tener el menor número de intervenciones posible (sin sacrificar su solidez), para que cada una tenga un tiempo adecuado que permita incluso el debate. 

Aclaró que la audiencia no es para dictar sentencia, sino para dialogar, escuchar e incorporar propuestas y puntos de vista ante un nuevo eventual criterio. 

La ministra Yasmín Esquivel se pronunció en favor de la manifestación y en contra de reducir, vulnerar y ejecutar acciones regresivas en torno a los derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad. También, llamó a seguir levantando la voz en contra de proyectos que resulten en afectaciones, y reconoció que incluso hoy en día las normas y leyes vigentes no se traducen en acciones reales de mejora de vida o bienestar para este grupo poblacional.

“Lo que ustedes exigen, que han sido derechos que a lo largo de los años han logrado, por lo menos que esos se les respeten. Si no se les van a ampliar, por lo menos que respeten lo ya obtenido”.

Por su parte, la ministra Lenia Batres recalcó que el derecho a la consulta de personas con discapacidad “no está en duda”, y que su propuesta no se refiere a la obligación de las autoridades de realizar ese ejercicio (es decir, que se mantiene como un punto fundamental del proceso legislativo), sino que recae en la obligación de invalidar leyes ante su omisión. 

En otras palabras, los poderes ejecutivos y legislativos, locales y federales, deben hacer las consultas, pero en caso de negativa, las personas con discapacidad serían las que determinen si su ausencia es motivo suficiente para declarar la invalidez de una ley que —tal vez— sí resulta benéfica y progresista. 

“Quisiera devolverle a la personas con discapacidad —y no a la Corte que ha sido intérprete— la decisión de invalidar leyes”.

Finalmente, el colectivo dio lectura a la carta en la que desde el jueves pasado manifestó su preocupación y que ya acumula más de 700 firmas. Tras ello, se concluyó un trabajo conjunto que permita no causar retrocesos en la materia.