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¿Por qué no avanza la “universalidad” de la pensión para personas con discapacidad en Guanajuato?
Tras una sesión sin quórum el 21 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables discutió una semana después tres puntos de acuerdo para impulsar el convenio con la Federación. La propuesta para dictaminarlos en sentido positivo no alcanzó los votos necesarios; en paralelo, avanzó una solicitud de información y quedó pendiente una iniciativa de ley estatal.
Fecha de publicación: 03/Noviembre/2026 | Autor: María Nazaret
Guanajuato es uno de los ocho estados que no cuentan con el convenio vigente con el Gobierno de México para ampliar la cobertura de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Aunque el programa federal opera en la entidad, la cobertura para personas de 30 a 64 años no es general y está sujeta a los criterios establecidos para las entidades que no han suscrito el acuerdo de “universalidad”.
El tema volvió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato durante dos sesiones consecutivas. El 21 de octubre, la comisión no pudo sesionar por falta de quórum; una semana después, el 28 de octubre, las diputaciones retomaron la discusión y se enfrentaron dos posturas sobre la ruta para garantizar este derecho.
Una sesión sin quórum
El 21 de octubre, la presidenta de la comisión, diputada Plásida Calzada Velázquez, informó que tres integrantes habían presentado justificantes de inasistencia. Se trató de Jesús Hernández Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y Luz Itzel Mendo González. Ante la falta de quórum, los asuntos previstos no pudieron discutirse.
El diputado David Martínez Mendizábal acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de utilizar las ausencias para obstaculizar los asuntos relacionados con personas con discapacidad y pueblos indígenas.
La diputada Hades Berenice Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, también cuestionó la situación y afirmó que parecía tratarse de una estrategia para impedir que avanzara la discusión sobre las pensiones para personas con discapacidad.
Los señalamientos correspondieron a las posiciones expresadas por ambos legisladores durante la sesión y no constituyeron una determinación de la comisión.
Tres puntos de acuerdo sobre la pensión
La discusión se retomó el 28 de octubre. La comisión está integrada por cinco diputaciones: Plásida Calzada Velázquez y David Martínez Mendizábal, de Morena; Jesús Hernández Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y Luz Itzel Mendo González, del PAN.
Al inicio de la sesión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks propuso conjuntar tres puntos de acuerdo relacionados con la pensión para personas con discapacidad: los expedientes legislativos 58, 77 y 414.
Los tres plantean, con distintos procedimientos, acciones para formalizar con el Gobierno federal el convenio de “universalidad” de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
La propuesta para reunirlos en un mismo punto del orden del día fue aprobada por unanimidad de las cinco personas integrantes presentes. La presidenta aclaró que, aunque los asuntos tienen objetivos similares, cada uno conservaría el procedimiento legislativo que le corresponde.
Pero la discusión posterior mostró que no había consenso sobre cuál debía ser la ruta para ampliar el acceso a la pensión.
Convenio federal o iniciativa estatal
El diputado Jesús Hernández Hernández, quien también es una persona con discapacidad, recordó que el 25 de junio presentó una iniciativa para establecer una pensión no contributiva en Guanajuato y señaló que habían transcurrido cuatro meses sin que avanzara.
Su propuesta fue avanzar por una vía distinta a la firma del convenio federal: impulsar su iniciativa estatal para establecer una pensión no contributiva en Guanajuato.
“Con o sin convenio, tenemos que avanzar en la iniciativa”, insistió.
El legislador también propuso solicitar a la Secretaría de Bienestar Federal y a la Secretaría de Derechos Humanos del estado información sobre el alcance del concepto de “universalidad”, las personas beneficiarias de la pensión y los datos desagregados por sexo, edad y tipo de discapacidad o vulnerabilidad. Hernández explicó que buscaba que la comisión contara con la misma información para analizar el tema.
Además, el diputado marcó una diferencia entre un exhorto para que el gobierno firme el convenio y la creación de un derecho mediante una legislación estatal.
“El exhorto puede solicitar que se firme un convenio y se entregue recursos, pero no convierte ese apoyo en un derecho permanente y exigible”, explicó.
La propuesta del diputado Hernández y la de la presidenta de la comisión abordaban rutas distintas. Mientras el diputado Jesús planteaba avanzar en una legislación estatal y, para ello, obtener información de las autoridades, la diputada Plásida Calzada propuso dictaminar favorablemente los tres puntos de acuerdo que buscaban impulsar el convenio con la Federación.
El diputado David Martínez cuestionó la ruta de solicitar información. Señaló que no existe un impedimento legal para que la comisión vote los exhortos para solicitar la firma del convenio y advirtió que condicionar esa acción al avance de una reforma estatal implicaría retrasar nuevamente la decisión.
Además, recordó que, según la respuesta enviada por el Gobierno estatal, se planteaba la posibilidad de un esquema complementario operado por Guanajuato, pero señaló que las personas con discapacidad habían expresado durante una consulta que necesitaban una pensión económica y no solamente apoyos o servicios.
“La pensión no contributiva no soluciona todos los problemas de inclusión (…) lo sabemos”, señaló el diputado Martínez, y añadió que lo que estaban solicitando las personas con discapacidad era una pensión que ayudara a sufragar sus gastos.
La propuesta de dictaminar a favor no avanzó
Durante la discusión, la presidenta de la comisión, diputada Plásida Calzada, planteó que la comisión elaborara un dictamen en sentido positivo sobre los puntos de acuerdo.
La diputada señaló que la información necesaria ya había sido compartida previamente y que también debían considerarse las opiniones expresadas por personas con discapacidad durante las consultas. Afirmó que no había una disposición que impidiera emitir el dictamen.
“Al día de hoy no se garantiza esta pensión, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución Federal y en la local, así también en la Ley de Inclusión”, señaló.
También afirmó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo no ha firmado el convenio vigente y recordó que un convenio anterior había sido firmado en 2021 por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero perdió vigencia en 2024. Calzada agregó que, a su juicio, no había existido voluntad política para concretar el acuerdo.
La propuesta de Plásida Calzada para elaborar un dictamen en sentido positivo sobre los tres puntos de acuerdo relacionados con la firma del convenio obtuvo dos votos a favor y tres en contra, por lo que no fue aprobada. Votaron a favor la propia presidenta y el diputado David Martínez, ambos de Morena; en contra votaron Jesús Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y Luz Itzel Mendo González, del PAN.
En cambio, la propuesta de Jesús Hernández sí avanzó ese día. La comisión aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, solicitar información a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato sobre el alcance de la “universalidad” de la pensión y las personas beneficiarias. A favor votaron Jesús Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y Luz Itzel Mendo González; en contra, Plásida Calzada y David Martínez, ambos de Morena.
La aprobación de esta solicitud no significó que la iniciativa estatal fuera aprobada ni que se hubiera formalizado el convenio federal, sino que se autorizó recabar información para continuar con el análisis de la propuesta legislativa.
La discusión sigue abierta
La sesión terminó sin que avanzara el dictamen positivo de los puntos de acuerdo para impulsar la firma del convenio.
Mientras tanto, la iniciativa de ley presentada por Jesús Hernández continúa en proceso. La comisión acordó realizar el 4 de noviembre una mesa de trabajo para analizarla y revisar las observaciones formuladas durante el proceso legislativo.
La discusión dejó planteadas dos rutas: impulsar la firma del convenio con la Federación para ampliar la cobertura de la pensión o avanzar en una legislación estatal que establezca el derecho y sus mecanismos de cumplimiento.
Para las personas con discapacidad de Guanajuato que esperan una respuesta, ambas rutas siguen pendientes de concretarse.





