300 personas con discapacidad podrían quedarse sin empleo por culpa del Metro; te explicamos por qué

Fecha de publicación: 05/Agosto/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Desde el año 2010, la Asociación Mexicana de Invidentes y Débiles Visuales (sic) —AMIDEVI— opera 121 espacios comerciales dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como parte de un programa de autoempleo y reordenamiento comercial impulsado por personas con discapacidad visual.

A partir de entonces, la asociación y sus espacios trabajan bajo la figura de “Permisos Administrativos Temporales Revocables” (PATR’s), los cuales —de acuerdo con la normatividad— “permiten el aprovechamiento y explotación de locales y/o espacios”.

A cambio, el Metro realiza un cobro mensual por concepto de contraprestación (renta) de 49 mil 452 pesos, monto determinado a raíz de un avalúo ejecutado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del propio sistema.

Actualmente, los módulos de venta —o tarimas, como también las denominan— dan empleo a más de 300 personas que laboran en dos turnos de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 22:00 horas, así como un tercer turno para fines de semana.

Sin embargo, en los últimos meses la asociación ha enfrentado una serie de problemas que ponen en riesgo su operación, lo que supondría la expulsión de al menos tres centenares de personas con discapacidad de espacios que han trabajado por más de 15 años y que sirven de sustento para sus familias. Al respecto, dialogamos con Fernando Barajas, presidente de la Asociación de Invidentes, para conocer más detalles.

Metro inventa adeudos a vendedores con discapacidad

El permiso más reciente otorgado a la asociación venció en mayo pasado tras 10 años de vigencia. Ante este panorama, Barajas inició desde agosto de 2024 una serie de reuniones con autoridades —es decir, nueve meses antes de la caducidad del documento— con la finalidad de renovarlo y mantener en regla su organización.

Aunque en principio la formalización del nuevo permiso no presentó contratiempos, en octubre de ese año —al tiempo que José Enrique Herrera llegó a la subdirección General de Administración y Finanzas— fue notificado de presuntos adeudos que en suma superan los 3 millones de pesos.

La subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables (dependiente de finanzas) argumentó que la asociación tenía pagos pendientes del IVA —más intereses— de todas sus mensualidades desde 2021. Ante esto, Barajas demostró con documentos que el monto acordado por el Metro era de 49 mil 452 pesos “totales”, sin especificar que a esa cantidad debía añadirse el impuesto al valor agregado o cualquier otro tipo de desglose adicional.

“Hay como cinco situaciones de esas que consideramos son el pretexto para quitarnos el permiso de seguir laborando”, expresó.

Tras negarse a cubrir los supuestos adeudos de IVA, y respaldado por registros en papel, Barajas comentó que durante una reunión con Herrera éste fue directo: “Nosotros lo que necesitamos es dinero”.

Luego de fracasar por la vía del IVA, la subgerencia de permisos —a cargo de Eduardo Arrington— fabricó un nuevo adeudo: afirmó que la AMIDEVI no había cubierto el pago completo de las mensualidades, pues desde 2022 la renta subió a más de 100 mil pesos, incremento que nunca les fue notificado y que hoy —de forma retroactiva— equivale a cerca de 3 millones de pesos.

“Esa famosa deuda… ¿Cómo vamos a pagar algo de lo cual nunca se nos notificó”, dijo.

Barajas envió una solicitud por escrito al área de finanzas para conocer formalmente el monto mensual de renta por los 121 espacios comerciales, así como posibles aumentos y adeudos, la cual nunca fue respondida.

“Es doble responsabilidad de ustedes. Ustedes me tuvieron que haber informado, haber notificado a la asociación que iba a haber ese incremento”, añadió.

Además, autoridades también aseguraron que la AMIDEVI no abonó un solo peso entre julio de 2023 y febrero de 2024, lo que fue rápidamente desmentido por la asociación gracias a las transferencias y estados de cuenta que reflejan los pagos hechos a una cuenta bancaria a nombre del Metro.

“Afortunadamente y gracias a Dios hemos guardado toda la documentación que acredita que nos debemos nada”, dijo Barajas.

Lo cierto es que ni la subdirección general de Administración y Finanzas, ni la subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, otorgan facturas, notas, comprobantes de pago o cartas de “no adeudo”, lo que deja de manifiesto el desorden y falta de control en materia de pagos con todas las personas (físicas o morales) con las que mantienen un permiso vigente, no solo con la AMIDEVI.

Metro condiciona permiso para vender a cambio de pago por 3 millones 

Ante la serie de señalamientos, las dos áreas ya mencionadas y la Asociación de Invidentes —con el acompañamiento de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario, a la que están adscritos como organización— se reunieron con Gobierno Central y fue ésta representación de la jefatura de gobierno la que reconoció que las acusaciones hechas por el Metro no se sostienen al no existir un solo documento que las acredite.

En cambio, la asociación presidida por Barajas cuenta con sus archivos en regla.

“Toda la documentación con la que nosotros contamos es gracias a la asociación, PART no ha traído un solo papel”, dijo gobierno central.

De acuerdo con Barajas, tras esa resolución, algunos trabajadores de finanzas y de la administración de permisos confesaron que la emisión del nuevo permiso para operar los espacios comerciales depende enteramente de la voluntad por parte de José Enrique Herrera.

“Herrera no quiere e insiste en que tenemos que pagar más. Si quiere acepto el incremento a la renta, pero que sea a partir de ahora, y no desde 2022”, comentó Barajas.

Actualmente el trámite está totalmente congelado, pues Herrera lo condicionó: “Si tu firmas lo de la deuda (reconocerla y pagarla) sale tu permiso”. Algo que la asociación no está dispuesta a aceptar.

Aunque desde mayo están en la informalidad, la asociación continúa operando gracias a un acuerdo que carece de respaldo legal —tal cual de palabra— con Adrián Rubalcaba, nuevo director del Metro, quien se niega a expulsar a los vendedores con discapacidad. Sin embargo, no puede facilitar la resolución del nuevo acuerdo ni apoyar en la negociación ya que tanto Herrera como Arrington (finanzas y permisos, respectivamente) son —así lo cataloga— “gente de Guillermo Calderón”, ex director del sistema, por lo que no tiene control sobre dichas dependencias. Un claro ejemplo de pugnas internas.

“Tenemos la percepción de que el Metro lo que quiere es quitarnos nuestros espacios para rentarlos, porque como lo dijo Enrique Herrera: ‘ustedes pagan muy poquito y el metro lo que necesita es dinero’”, concluyó.

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