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Organizaciones se pronuncian ante el INE por falta de ajustes razonables para la Elección Judicial
Las asociaciones se dijeron ignoradas, pero reiteraron su compromiso para trabajar en conjunto con el instituto por los derechos político-electorales.
Fecha de publicación: 12/Marzo/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
El 28 de febrero un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) una carta en la que expresaron su preocupación por la falta de claridad respecto a los ajustes razonables disponibles para que este sector poblacional participe de forma adecuada y plena en la Elección Judicial a celebrarse el primero de junio próximo.
La misiva, dirigida a la presidenta del organismo —Guadalupe Taddei—, señala la relación de cooperación y asesoría histórica que ha existido entre las asociaciones y el instituto durante pasadas administraciones y procesos electorales, por lo que se dicen preocupadas ante el desconocimiento de las medidas de accesibilidad, ajustes y apoyos que comúnmente se ven reflejadas en la producción de materiales específicos y la elaboración de protocolos.
El texto recuerda que en procesos pasados estos ajustes han sido trabajados con anticipación suficiente y de la mano de personas con discapacidad, caso contrario al actual. Por tanto, reiteraron su disposición a participar, incluso adelantando que “ya tenemos un avance significativo que permite la participación en los comicios a personas de todas las discapacidades”.
Previo a concluir la carta, el grupo de organizaciones y activistas cita el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual habla justamente de la obligación de los Estados firmantes (entre ellos México) de garantizar los derechos políticos de esta población en igualdad de condiciones.
También, el artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que en el mismo sentido habla de proceso inclusivos y accesibles que garanticen la participación de todas las personas interesadas.
Finalmente, lamentaron no haber sido convocados previo a la fecha de entrega del documento, que cierra con la frase: “la comunidad de personas con discapacidad no estamos dispuestas a vernos marginados en la toma de decisiones para la elección de autoridades del Poder Judicial”.
Las organizaciones firmantes son: Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX), Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), Lectura Fácil México, Libre Acceso A.C. y Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las personas con discapacidad visual IAP.
Voto Anticipado, sin difusión
Recordemos que esta demanda hace referencia a las personas con discapacidad que el día de la elección acuden de manera presencial a la casilla a emitir su voto o que deciden participar como funcionarias de casilla (previo sorteo). Al momento la única medida dirigida a personas con discapacidad que el INE ha anunciado es el voto anticipado por correo.
Está pensado para quien dada su condición no puede acudir hasta el centro de votación. Por primera vez a esta modalidad se suman las personas cuidadoras primarias. Para participar por esta vía la población debió inscribirse en la plataforma, misma que cerró el 10 de febrero. Sin embargo, debemos señalar que la convocatoria no fue difundida a través de tiempos de radio ni televisión. INE TV (de comunicación social) elaboró una única cápsula que no cuenta con interpretación en Lengua de Señas Mexicana para notificar sobre esta modalidad de voto. Además, la página del voto anticipado del INE llama “discapacitadas” a las personas con discapacidad.
De acuerdo con un comunicado de prensa con fecha del 1 de marzo, tras la recepción de la carta enviada por las OSC’s, las consejeras Claudia Zavala Pérez —en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación— y Rita Bell López Vences encabezaron una reunión con las organizaciones firmantes para dialogar sobre la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, aunque no se ofrecieron mayores detalles de dicha mesa de trabajo.
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