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No hay denuncias por extorsión: CDMX y alcaldía Benito Juárez se deslindan de desalojo a fábrica El Oso, empleadora de pcd
En medio de comunicados ambiguos, dudas y una postura de gobierno opaca, esto es todo lo que sabemos sobre el desalojo de la histórica empresa.
Fecha de publicación: 24/Enero/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
La noche del viernes 17 de enero, la emblemática empresa de productos para el cuidado del calzado El Oso —con 107 años de historia— fue desalojada de su fábrica central en la avenida Popocatépetl 145, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
A través de fotografías y videos difundidos en redes sociales, se observó a decenas de hombres extrayendo mercancía y maquinaria del inmueble, misma que, entre la confusión y el tumulto, fue objeto de rapiña. En las imágenes también se observa a elementos de seguridad y a personas con uniformes administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Benito Juárez, por lo que se presumió que ambas autoridades eran las coordinadoras y ejecutoras del desalojo.
Jorge Becerril, periodista policiaco, informó que alrededor de 100 individuos participaron en el desalojo. Ante la duda sobre la veracidad del operativo, vecinos solicitaron el apoyo de más elementos, quienes, a su arribo, acordonaron la zona y resguardaron la llegada de unidades de carga que finalmente se llevaron todo lo extraído.
El Oso acusa corrupción e ilegalidad en desalojo
Mediante un comunicado publicado el lunes 20 de enero a través de sus redes sociales, la empresa se dijo “víctima de una serie de violaciones cometidas en agravio de sus instalaciones”, acto que calificaron de ilegal, producto de abusos y corrupción. Además, informó que durante el desalojo, personal de la fábrica —entre quienes destacan personas mayores y con discapacidad— fue violentado.
Por lo anterior, solicitó comprensión a sus clientes y socios comerciales, pues, dados los hechos, no podrá generar órdenes de compra hasta el 10 de febrero, en tanto se centraliza la operación en su segunda planta, con sede también en la Ciudad de México. Aseguró que trabajarán arduamente para establecer los procesos operativos y de producción a la brevedad tras lo que calificaron como un “desafortunado y lamentable atropello”.
Lo anterior se suma a un presunto comunicado adjudicado a la compañía, que circula en cuentas de redes sociales desde el sábado 18 de enero. En el texto, que no se encuentra disponible en las plataformas oficiales de El Oso, se señala como causal del desalojo la competencia desleal, corrupción de autoridades y el no ceder frente al crimen organizado.
“Invadieron nuestro patrimonio, robando y destruyendo nuestra fuente de trabajo”, se lee.
El Oso y su inclusión laboral para pcd
El Oso cuenta con una plantilla conformada por personas con síndrome de Down —tal como lo reportó el medio Merca 2.0 en 2020— quienes tenían como base la fábrica de la avenida Popocatépetl, desde donde producían al menos 12 mil piezas de múltiples productos al día. De acuerdo con el portal, se trata de la única empresa en el país con una política laboral enfocada exclusivamente en la contratación de trabajadores con esta discapacidad intelectual.
Existen otros casos de éxito como la fábrica CINIA en Puebla, manufacturera de los populares peluches del Doctor Simi, cuya plantilla está conformada en un 90 % por personas con discapacidad. Aunque inició su programa de inclusión laboral hace 19 años con 23 colaboradores con síndrome de Down, hoy en día trabaja con una diversidad amplia de condiciones.
En ese año —y ahora tras el desalojo— se recordó en X un tuit en el que se muestra a los colaboradores trabajando en la elaboración de los productos, acompañado de un llamado a los internautas para comprar y apoyar las políticas de inclusión laboral para pcd, que, aunque hoy son una exigencia latente para los consorcios (y motivo de certificaciones y reconocimiento social), han sido implementadas desde hace muchos años por algunas compañías sin lucro.
De acuerdo con un compilado de estadísticas publicado el 28 de noviembre de 2024 por el Inegi con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), del total de personas mayores de 15 años que viven en México con esta condición —sin contar en cifras a las reconocidas como con “limitaciones”— solo el 40.6 % participa en alguna actividad económica, 20 % menos que la tasa de personas sin discapacidad. De estos, 51.5 % fueron hombres y 31.3 % mujeres.
Autoridades de la CDMX se deslindan
Durante la conferencia de prensa de este martes 21 de enero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue cuestionada sobre el desalojo. Al respecto, no emitió un solo pronunciamiento y se limitó a instruir al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, a responder. El funcionario deslindó de toda responsabilidad a la dependencia y al gobierno capitalino tras afirmar que, como secretaría, no cuentan con la facultad de ejecutar desalojos (o lanzamientos, como él se refirió al hecho).
Aseguró que, en este y en todos los casos del tipo, únicamente realizan el acompañamiento del actuario o actuaria representante del Poder Judicial encargado de llevar a cabo la diligencia, así como de brindar seguridad a su equipo de trabajo y privados contratados para los efectos del embargo.
“Proveemos, por mandamiento judicial, es decir, estamos ordenados por una autoridad judicial, seguridad y asistencia al actuario en cuestión y a las personas que se encuentran al interior del domicilio y fuera de este, para evitar que haya afectaciones a su integridad”, comentó.
En particular, detalló que en esta ocasión la SSC actuó por instrucción del Juzgado Civil número 11 de la capital, derivado de una “controversia de arrendamiento” entre particulares iniciada en 2019, según la terminación del número de expediente de la carpeta, misma que mantuvo reservada.
Vázquez explicó que lo anterior se aclaró mediante una tarjeta informativa. Sin embargo, al hacer una revisión de las redes sociales y del sitio oficial de la dependencia, no existe una sola mención del hecho. Mientras que en la sección “Boletines”, de los 222 comunicados publicados desde el 1 hasta el 22 de enero por la madrugada —50 de ellos emitidos desde el desalojo—, ninguno hace mención a la fábrica El Oso o a lo ocurrido la noche del viernes 17.
Finalmente, dijo que la secretaría no tiene conocimiento de acusaciones por extorsión relacionadas con la empresa o el inmueble, pero puso a disposición los mecanismos de denuncia y aseguró que, en caso de presentarse, se daría seguimiento “en ese momento”.
Benito Juárez se suma al “lavado de manos”
La alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado en el que se deslindó del desalojo. Según la demarcación, ningún elemento de seguridad (Policía Bancaria e Industrial) adscrito a la demarcación, ni funcionarios públicos de la misma participaron en el operativo. Además, dijo lamentar la situación que enfrenta “una empresa con gran tradición y trayectoria”.
Finalmente, aseguró que se mantendrá al pendiente del caso y refrendó su compromiso con el sector productivo para que las actividades comerciales se realicen “de manera segura” en la alcaldía.
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