Ministros, ministras de la Suprema Corte: necesitamos hablar

Se está planteando que sean las propias personas con discapacidad o sus organizaciones las que acerquen temas al máximo Tribunal para ser declaradas constitucionales o no. Aquí argumentos de por qué es una idea que no prosperaría.

Fecha de publicación: 01/Octubre/2025 | Autor: Katia D'Artigues

He seguido con mucha atención -y preocupación- las primeras discusiones de esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera discusión que dieron, fue sobre un tema que nos atañe directamente a más de 20 millones de personas en México: aquellas que vivimos con discapacidad. Tiene que ver con la consulta obligada a personas con discapacidad (pcd) y sus organizaciones en la promulgación de leyes y políticas públicas.

Como saben, dado que México promovió la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y luego lo ratificó en el Senado, nos obligamos como país soberanamente a cumplir este primer gran tratado en derechos humanos del siglo XXI.

Desde 2008, por falta de la obligación de esta consulta (establecida en el Artículo 4.3) han sido declaradas inconstitucionales más de 70 leyes o porciones de ellas en la Suprema Corte. Una discusión que ha llegado a ustedes, como saben, porque se les han acercado las instituciones o grupos de personas que pueden hacerlo porque si no, tampoco se darían a basto. Sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales (que a su vez cada vez hacen menos y hasta recortan presupuesto para el sector).

Ahora veo con preocupación que, como expuso la ministra Lenia Batres, han decidido abandonar el criterio de que sólo por la falta de consulta la ley -si involucra a personas con discapacidad- debe ser declarada inconstitucional.

La ministra Batres, en un tuit decía algo interesante al explicar el cambio de criterio: “De 2016 a 2025 se invalidaron 50 leyes por falta de consulta a personas con discapacidad, de las cuales solo 3 disminuían sus derechos; 47 ampliaban o garantizaban sus derechos”.

Lo escucho. En parte tiene razón. Fue parte de la interesante discusión y una que tenemos muchas veces las organizaciones que trabajabamos en el tema. ¿Se debe consultar todo todo todo, hasta, por ejemplo, el reconocimiento de derechos clave? Es una buena pregunta. Pero más que nada me gustaría insistir en que más bien la gran interrogante es cómo hacer una consulta que no pare el proceso legislativo necesario, pero que también esté bien aspectada. Esa es la clave. Y como ustedes, como ministras y ministros pueden trabajar junto con esta parte del pueblo de México para hacer una sociedad menos injusta. ¡Hagámoslo!

Aunque, por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz no tuvo el mejor lenguaje para referirse a personas con discapacidad (de hecho fue muy preocupante las palabras que eligió y que provocaron indignación) también dijo algo muy valioso: ¿qué ley no afecta a las pcd? En realidad todas, no sólo las que les mencionan directamente. Eso es algo que, dicho sea de paso, también trabajamos por hacer comprender cada día a más personas legisladoras.

Se está planteando algo que en un mundo ideal, suena bien: que sean las propias pcd las que planteen -dado que es su derecho- que leyes les afectan ante la propia Suprema Corte. 

Suena bien porque es respetar su autonomía, su gestión, pero también al escucharlo creo que es inviable en estos momentos en el país.

Y aquí es donde entra el golpe de realidad.

Las pcd en este país están luchando, la enorme mayoría, por sobrevivir. Muchas de ellas, nos consta las organizaciones que trabajamos con y para ellas, les cuesta trabajo defender sus derechos porque la existencia (ante tantas y tantas barreras) es siempre una carrera cuesta arriba; es agotador.

Ustedes dirán: bueno, que lo hagan sus organizaciones. Reflejo de nuestra propia sociedad estamos igual. Luchando por sobrevivir, luchando por cambiar una cultura, consideradas muchas veces como organizaciones que hacen ‘cosas lindas’ y no trabajo sustantivo que garantiza derechos para millones de personas (y las que se sumarán con la vida adulta mayor). Con pocos recursos económicos, humanos y hasta anímicos a veces. 

Hablo en primera persona: escucho una decisión de la Suprema Corte donde se abre la puerta para que seamos las propias organizaciones las que, además de todo, acerquemos temas a la Corte (con todo el trabajo y los años que implica) y me quiero tirar a la cama a llorar; me hace sentirme en una soledad profunda. Una soledad a la que me mandan, por mi bien y para que nadie más me represente, las propias organizaciones del Estado que deberían estar para apoyar grupos de por sí ya vulnerados.

Ministros, ministras: contábamos  y contamos con la Suprema Corte para que pare goles por nosotros y nosotras. Para que ustedes, que necesitamos que comprendan también muy bien el modelo social de la discapacidad con todo y su lenguaje (porque determina la manera de ver el mundo y ustedes son clave importantísima para ello) fueran nuestros y nuestras aliadas. 

Hablemos, por favor de esto. 

Cuando los bancos no saben tratarte como cliente

Esta semana en Twitter (o “X”, pues) una mujer con discapacidad en San Luis Potosí, Isabel del Castillo, fue a su banco, Banamex, a hacer un trámite que toma, para la mayoría de las personas, una media hora. Lo que vivió es de no creerse, lo fue tuiteando en tiempo real y me arrobó (cosa que le agradezco). Tenemos la fortuna de que aceptó escribirlo para Yo También en “El día que Banamex me ‘desbancó’”.

Es uno de muchos ejemplos de las arbitrariedades que viven las pcd todos los días. Hasta cuando son clientas de empresas. Ojo: clientas, no beneficiarias.