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¿Qué necesita la #LeyTelecom para garantizar #AccesoDiscapacidad? Aquí te explicamos
Fecha de publicación: 27/Mayo/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
En el marco de la discusión parlamentaria sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desde Yo También —en compañía de la abogada y experta en la materia, Clara Luz Álvarez— proponemos al Senado de la República una serie de modificaciones e iniciativas que tienen por fin garantizar el reconocimiento de las personas con discapacidad como audiencias (y por tanto sujetos de derecho), así como velar por la accesibilidad, ajustes razonables, inclusión y pleno goce de todas las tecnologías que engloban este principio.
Se trata de un documento a manera de cuadro comparativo que enfrenta la redacción original contra nuestras propuestas. Así resaltamos las carencias en materia de inclusión del proyecto original. Éste fue expuesto por Katia D’Artigues y Clara Luz Álvarez en dos distintas sesiones del conversatorio organizado por la Cámara de Senadores. Ahí, resumieron las demandas en seis puntos que a continuación desglosamos.
¿Cómo hacer #AccesoDiscapacidad en la #LeyTelecom?
En entrevista para Diálogos Yo También, D’Artigues y Álvarez hablaron sobre los seis puntos que concentran cada una de las demandas que como asociación pedimos en favor de la comunidad con discapacidad.
Conceptos básicos para la inclusión
La primera señala la necesidad de sumar a los programas de cobertura social conceptos básicos y perspectiva para atender a toda la población, incluyendo aquella que vive con alguna condición. Además de incorporar la palabra “accesibilidad” (no como sinónimo de disponibilidad de servicio, sino como posibilidad real de uso), también solicitamos la inclusión de los conceptos “diseño universal” y “tecnologías de asistencia”.
El primero hace referencia a, de origen, crear los portales, páginas, aplicaciones, sitios y todo tipo de servicios con funciones que permitan su uso indiscriminado: con independencia de si se tiene o no una discapacidad y su tipo. Un diseño para toda la población. Con ello se ahorrarían parches, actualizaciones o ajustes razonables una vez están en funcionamiento las herramientas digitales y de telecomunicaciones. Esto significa menos costos y mayor funcionalidad.
Sobre las tecnologías de asistencia, hace referencia a los elementos de apoyo que permiten una mayor calidad de vida a las personas con discapacidad. Garantizar la compatibilidad entre componentes para no interferir en su correcto funcionamiento. Por ejemplo, teléfonos celulares que por su naturaleza causan interrupciones en los aparatos auditivos y por tanto afectan su propósito.
Calendario de accesibilización y sanciones ante incumplimiento
Como segundo punto está el endurecimiento de medidas contra aquellos concesionarios, empresas y propios gobiernos que incumplan con la accesibilidad en sus servicios y plataformas. Esta obligación está vigente en ley desde su publicación en 2014; sin embargo, su seguimiento fue laxo. Ahora, pedimos que se establezcan fechas límite y se apliquen sanciones económicas a quienes no acaten la normativa, mismas que se irían a un fondo para accesibilidad en otros rubros.
Subtítulos y Lengua de Señas Mexicana en contenidos audiovisuales
En tercer lugar está la integración de subtítulos, audiodescripción y Lengua de Señas Mexicana (LSM) en todos los contenidos audiovisuales, sean públicos, privados o de streaming. Y es que deben implementarse en conjunto, no uno u otro. Esto beneficiaría a la comunidad con discapacidad auditiva, pero dentro de este sector, existe una diversidad de formas de comunicación. Hay quienes por su contexto tienen en la LSM su lengua materna, por tanto, desconocen la gramática del español, que es muy distinta. Además, a diferencia del lenguaje escueto que se basa únicamente en signos, la LSM es visoespacial, por lo que factores como la posición del cuerpo o hasta la gesticulación entran en juego.
Comunicación en emergencias y desastres
El cuarto punto tiene relación con la comunicación en emergencias, ya sea naturales o cotidianas. Cuando se trata de un desastre natural, las autoridades ignoran a las personas con discapacidad y no les informan en formatos accesibles y adaptados. Por mencionar un ejemplo, la alarma sísmica que excluye a la comunidad sorda o con hipoacusia. Por ello, proponemos la obligación a las administraciones de informar en formatos accesibles (Braille, lectura fácil, macrotipo, alertas visuales y sensoriales, cápsulas en LSM, pictogramas, etcétera).
También, generar líneas de emergencia accesibles: un 911 por escrito, que no solo beneficiaría a las personas sordas o con limitantes de comunicación, sino a cualquiera que por la característica de la emergencia no pueda emitir sonidos. A eso se suma la propuesta del Centro de Relevo: un Call Center de video con intérpretes en LSM pensado para emergencias, pero también como apoyo para situaciones de la vida cotidiana como consultas médicas, litigios, compras, entre otras.
De esa forma ya no se tendría que esperar a que un intérprete se traslade hacia el punto donde se requiere; se haría la atención al instante.
Mejores políticas públicas a partir de estadísticas
El penúltimo punto recalca la urgencia de engrosar por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el concepto de “cobertura social” no solo como aspecto geográfico con la misión única de llegar al punto más recóndito, sino de llegar para todas, todos y todxs. Esto podría implicar incluso tomar en cuenta en los programas y presupuestos la adecuación del entorno.
Pensemos en una comunidad rural sumamente apartada donde se instalarán computadoras con acceso a internet en un punto. Este punto debe ser accesible: estar a nivel de piso o contar con rampas, puertas amplias, personal especializado que apoye e instruya a personas con distintas discapacidades a utilizar los equipos tecnológicos, pero también las computadoras contar con tecnología de asistencia como lectores de pantalla para personas ciegas o con baja visión.
También, que este órgano genere levantamientos, estadísticas y todo dato cuantificable que permita el desarrollo de políticas públicas acertadas en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, internet y telecomunicaciones.
Nuevas responsabilidades, mayor presupuesto
Finalmente, como sexto punto, que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reciba mayor presupuesto para vigilar y sancionar que todo lo que proponemos se cumpla. Esto en respuesta a la ley enviada por la Presidencia de la República que coloca a esta dependencia como la encargada de todas las audiencias. Esto es un gran avance al ver a las personas con discapacidad como consumidoras, pero sin recursos se corre el riesgo de que la Profeco ni cuenta con los dientes suficientes para actuar ante vulneraciones.
Katia D’Artigues compartió que tras el conversatorio, senadoras y senadores del Partido Verde, de la Revolución Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo. No obstante, Acción Nacional y Morena —los dos grupos parlamentarios más grandes de la actual legislatura— no se pronunciaron, ante lo que seguiremos insistiendo.
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