Legisladores recortan presupuesto a CNDH y avalan eliminación de recursos para el Mecanismo de Monitoreo de la Convención

Fecha de publicación: 11/Noviembre/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

La mañana del jueves 6 de noviembre, diputadas y diputados de los partidos Morena, Verde y del Trabajo, aprobaron —con 355 votos a favor— el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. 

Este contempla un gasto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que significa un incremento nominal de 891 mil 667.9 millones en relación con el ejercicio fiscal anterior. Considerando la inflación del 3 por ciento proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año, el aumento real es de 585 mil 857 millones 290 mil pesos. 

Sin embargo, las personas con discapacidad no gozarán de la ampliación presupuestal, pues con sus votos, las y los legisladores oficialistas avalaron recortes e incluso la desaparición de una partida destinada a la atención de este sector.

Recortes a diversas instituciones

En septiembre pasado, en Yo También analizamos el Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso con el fin de conocer su propuesta total de recursos para la atención integral de la población con discapacidad. Entre los hallazgos destacaron recortes —por hasta 12 por ciento— al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los servidos de atención para personas con discapacidad en el ISSSTE y la Pensión para el Bienestar. (Te invitamos a leer la nota completa para conocer a detalle cada uno de los montos, pérdidas y raquíticos incrementos).

No obstante, sobresalió —y alarmó— la desaparición de la bolsa dedicada a la operación del Mecanismo de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alojado en la CNDH. Desde su creación en 2015, éste contó con recursos contenidos en el Anexo 14 “Atención de grupos vulnerables”, sin embargo, en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 fueron totalmente omitidos, lo que supone su eliminación. Tras 11 años, no tendrá presupuesto etiquetado ni específico. 

Lo anterior en medio de una tendencia sostenida a la baja en materia de atención, asesorías y recomendaciones relacionadas con discapacidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (tal como lo evidenciamos en junio pasado, basado en informes públicos de actividades). En ese reportaje, también denunciamos opacidad, subejercicios y decrementos a los montos desde 2019.

Tras ello, hicimos un llamado a los líderes de las bancadas de todas las fuerzas políticas, el cual fue ignorado.

Eliminar una partida no fue suficiente  

A la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 —con lo que avalaron la supresión de este recurso— se sumó un recorte adicional de 50 millones de pesos a la CNDH. Originalmente, el Poder Ejecutivo propuso un monto de mil 838.2 millones de pesos para el organismo autónomo.

Pero gracias a 12 reservas presentadas por los tres partidos oficialistas durante la discusión en el pleno de la Cámara, fueron reasignados 17 mil 788 millones de pesos, los cuales fueron obtenidos de recortes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.

Por tanto, el presupuesto de la CNDH pasó de 1,838 a 1,784 millones de pesos: una reducción del 2.7 por ciento. 

Se da en un potencial escenario de vulneraciones a derechos 

El decremento se produce en medio de la polémica propuesta de la ministra Lenia Batres de abandonar el criterio que declaraba en automático la inconstitucionalidad de normas por falta de consulta a personas con discapacidad. 

Recordemos que la consulta es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo primero de la Constitución y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este garantiza la participación previa, amplia, accesible y vinculante de esta población en la elaboración de leyes y políticas públicas para el sector. 

La promoción de acciones de inconstitucionalidad la pueden realizar, acorde con la ley, los entes legitimados: Presidencia de la República, minorías parlamentarias, las comisiones de derechos humanos, los partidos políticos (en materia electoral) y la Fiscalía General de la República (en materia penal). 

El proyecto de la ministra Batres —además de regresivo en materia de derechos humanos— propone que sean las personas con discapacidad y sus colectivos las que revisen cada uno de los dictámenes emitidos por los 32 congresos locales y el federal, y en caso de detectar transgresiones a sus derechos o vicios en el proceso legislativo (como la falta de consulta) se organicen y mediante la colecta de firmas —en un plazo no mayor a 30 días— soliciten a los entes legitimados la acción de inconstitucionalidad, quienes a su vez deberán pronunciarse ante la Corte. 

En contextos en los que las organizaciones de personas con discapacidad no cuentan con los recursos materiales ni humanos para ello, la Cámara de Diputados disminuyó el presupuesto de dos de estos entes legitimados (la CNDH y la FGR), así como de la Suprema Corte, quien al final recibirá los proyectos y resolverá su validez o invalidez. 

Abandonar el criterio elimina la obligatoriedad de las autoridades de realizar consultas y resta efectividad a este derecho. Por ello, al no existir sanción, el número de normas con esta carencia se multiplicaría, lo que implicaría una carga adicional para los entes. Además ya no podrán actuar por oficio, sino que ahora deberán invertir recursos en la creación de mecanismos eficaces y expeditos de comunicación con la sociedad civil —incluso la consulta podría trasladarse a ellos— para recoger las opiniones frente a cada proyecto de ley o política, lo que duplica y dilata el proceso en comparación con el criterio actual. 

Esto daría como resultado un número aún mayor de acciones de inconstitucionalidad que la Corte resolverá como parte de su operación. Todo lo anterior con menos recursos económicos. 

Recorte a discapacidad; aumento de salario para diputados 

Además de los recortes y desaparición de partidas, el Presupuesto de Egresos 2026 incluye un incremento salarial para diputadas y diputados. 

En 2025, su remuneración total anual neta es de un millón 193 mil 485 pesos. Para 2026, habrá un incremento de 113 mil 739 pesos, para un total de 1 millón 307 mil 224 pesos. Este aumento implica también una subida en el monto del aguinaldo, que pasa de 140 mil 504 a 147 mil 438 pesos, 7 mil pesos de diferencia. Finalmente, las y los legisladores se auto-aprobaron un seguro de vida institucional por 59 mil pesos que no existía en el presupuesto anterior.