Gafas violeta: atención inclusiva

Fecha de publicación: 15/Mayo/2026 | Autor: Salvador Guerrero Chipres

Las mujeres con discapacidad enfrentan formas de violencia invisibilizadas y complejas, marcadas por una doble discriminación estructural: el género y la condición de vida.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 72.6 por ciento de las mujeres de 15 años o más con alguna discapacidad ha experimentado al menos un incidente violento. Este dato no es una simple estadística, sino el reflejo de un entorno hostil donde las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales ocurren con frecuencia en el espacio que debería ser el más seguro: el propio hogar.

La dependencia económica y necesidad de cuidados constantes transforman las relaciones de apoyo en dinámicas de poder asimétricas. Cuando la subsistencia diaria o movilidad dependen de familiares, parejas o cuidadores, el riesgo de sufrir abuso, aislamiento forzado y control sobre las decisiones personales se incrementa.

Esta vulnerabilidad estructural se agrava al constatar que este sector de la población tiene mayores probabilidades de sufrir violencia sexual, enfrentando al mismo tiempo barreras físicas, comunicacionales, sociales e institucionales que anulan su posibilidad de denunciar y buscar justicia de manera autónoma.

Para romper este ciclo de impunidad y desamparo, resulta indispensable adoptar metodologías de respuesta que deconstruyan la mirada institucional tradicional. En este contexto, la expresión “gafas violeta” para una atención con perspectiva de género en las líneas operadas desde el C5 implica inclusión e interseccionalidad. Utilizar esta mirada analítica permite observar, identificar y comprender las desigualdades específicas, las violencias sistemáticas y barreras de accesibilidad.

Herramientas centrales de esta política pública son las líneas SOS Mujeres *765 y 9-1-1, que brindan apoyo inmediato ante casos de violencia, amenazas o acoso. Esta atención especializada facilita una canalización interinstitucional eficiente hacia servicios médicos accesibles, asesoría psicológica sin prejuicios, acompañamiento jurídico con un enfoque de derechos humanos y medidas de protección efectivas.

Garantizar la seguridad plena para las mujeres con discapacidad exige una evolución institucional permanente.