¿Quién está a cargo de la discapacidad en México? Un mapa nacional de las dificultades para identificar a quienes encabezan las áreas de inclusión

Una revisión de las 32 entidades federativas muestra lo complejo que es identificar quién encabeza las áreas de discapacidad en México y dónde sí existe representación directa.

Fecha de publicación: 14/Enero/2026 | Autor: María Nazaret

Saber quién está a cargo de la discapacidad en México debería ser una tarea sencilla. Sin embargo, una revisión de las 32 entidades federativas muestra que identificar a las personas que encabezan las áreas encargadas de inclusión y discapacidad es un proceso complejo, marcado por dependencias divididas, información incompleta y portales oficiales poco claros.

Yo También se dió a la tarea de investigar el tema. Se revisaron sitios web de gobiernos estatales, organigramas públicos, comunicados oficiales y redes sociales institucionales de dependencias relacionadas con personas con discapacidad. El objetivo fue identificar si existían áreas específicas dedicadas a este tema y, en caso de existir, quiénes las encabezan. Para quienes deseen profundizar en los hallazgos, la investigación estado por estado puede consultarse de forma más completa en la siguiente liga de Google Drive. El resultado fue un mapa nacional con múltiples vacíos de información y una estructura institucional fragmentada.

Uno de los principales hallazgos es que, en la mayoría de los estados, no existe una sola dependencia claramente identificada como responsable de la discapacidad. Las funciones suelen estar repartidas entre sistemas DIF, secretarías de bienestar o desarrollo social, consejos consultivos y direcciones adscritas a otras áreas. Esta dispersión dificulta saber quién toma las decisiones, quién coordina las acciones y quién rinde cuentas.

A esta fragmentación se suma la escasa visibilidad de las personas titulares. En numerosos casos, los portales oficiales no están actualizados, no publican organigramas o no incluyen el nombre de la persona responsable del área. En otros, la información aparece dispersa en distintas plataformas, lo que convierte el acceso a datos básicos en una tarea poco accesible para la ciudadanía.

No obstante, la investigación permitió identificar algunos casos donde sí existe mayor claridad institucional. Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Baja California Sur cuentan con direcciones, institutos o subsecretarías donde es posible ubicar públicamente a la instancia responsable y, en varios casos, a la persona titular. Estos ejemplos, sin embargo, siguen siendo la excepción y no la regla dentro del panorama nacional.

Entre estos casos, destacan sólo cuatro entidades donde la persona titular vive con discapacidad, de acuerdo con información pública disponible. En la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad) es encabezado por Ruth Francisca López Gutiérrez, persona que vive con talla baja y cuya titularidad aparece en información institucional pública. A este caso se suma Guanajuato, donde la subsecretaría de Atención a las Personas con Discapacidad, adscrita a la secretaría de Derechos Humanos del estado, está encabezada por Carlos Daigoro Fonce Segura, quien ha hecho pública su condición de discapacidad motriz; Hidalgo, donde la Dirección de Inclusión para las Personas con Discapacidad es encabezada por Alfonso Flores Barrera, persona con discapacidad visual; y Zacatecas, donde el Instituto para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad es dirigido por Miriam García Zamora, persona con discapacidad motriz. Estos casos siguen siendo excepciones dentro del panorama nacional.

En contraste, en la mayoría de las entidades no fue posible identificar públicamente si las personas titulares de las áreas encargadas de discapacidad viven o no con discapacidad. En muchos casos, ni siquiera es posible conocer con claridad quién ocupa el cargo, lo que impide evaluar si existe participación directa de las propias personas con discapacidad en la toma de decisiones.

La investigación también permitió confirmar que en algunos estados no existe actualmente una instancia estatal dedicada a la discapacidad. En Quintana Roo, por ejemplo, no hay una dependencia específica; aunque existe una propuesta para crearla, actualmente el tema se atiende a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y los ayuntamientos, lo que refuerza la fragmentación institucional. El caso de Tlaxcala, donde un instituto especializado fue eliminado y sus funciones absorbidas por el DIF, evidencia que la institucionalización de la discapacidad no es irreversible y puede retroceder ante cambios administrativos o políticos.

Este escenario cobra mayor relevancia si se considera que México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que establece la obligación de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en los asuntos que les conciernen. La dificultad para identificar a quienes encabezan estas áreas a nivel estatal plantea preguntas sobre cómo se traducen estos compromisos internacionales en la práctica cotidiana de los gobiernos locales.

En este contexto, cobra relevancia la iniciativa impulsada en Jalisco por Óscar de la Torre, abogado, coordinador de cementerios en el municipio de Zapopan e integrante de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (Findedis), que propone reformar la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad de dicho estado para establecer que las áreas encargadas de inclusión sean encabezadas por personas con discapacidad. La propuesta puede consultarse en la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Más allá de la existencia de programas o acciones aisladas, este mapa nacional revela una falta de claridad institucional. Saber quién decide es un paso básico para exigir derechos. Mientras las áreas encargadas de la discapacidad sigan fragmentadas y con información poco accesible, la inclusión seguirá siendo difícil de evaluar, de acompañar y de exigir desde la ciudadanía.