Fricciones entre ministros por consulta a pcd; así fue el primer día de audiencia en la Corte

Fecha de publicación: 21/Octubre/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Tras media hora de retraso, y con la ausencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inauguró la primera audiencia pública de su historia. El tema a discutir fue el derecho a la consulta de personas con discapacidad: ¿su omisión  en el proceso legislativo es causa suficiente de invalidez constitucional?

El ministro presidente —Hugo Aguilar Ortiz— dio la bienvenida a los participantes y se dijo honrado de recibir la visita de activistas y colectivos. Compartió que más de 300 personas atendieron la convocatoria, pero sólo 102 registraron posturas relacionadas con el tema, por lo que ese es el número final de seleccionados. Para la primera de tres fechas en las que se llevará a cabo el ejercicio, fueron llamados 34 oradores que contaron hasta con cinco minutos para sus intervenciones. 

Previo al arranque, los ministros dedicaron breves mensajes en los que dejaron ver de forma sutil sus posiciones frente a la propuesta de un nuevo criterio. Destacó el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien pidió reflexionar el asunto a partir de los cambios que sufriría la esfera de derechos de las personas con discapacidad en caso de adoptar una nueva ruta resolutiva. También, confirmó lo que hasta el momento parecían coincidencias o su simple conducción natural como moderador de los debates: que el ministro presidente está de acuerdo e impulsa también el cambio de criterio, haciéndolo incluso co-autor de la propuesta.

“¿Cuáles son los cambios que propone la ministra Lenia Batres y el ministro presidente Hugo Aguilar?”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció en favor de la celebración de la audiencia y aseguró que su objetivo es “dotar al Tribunal Constitucional de los elementos necesarios para las mejores determinaciones”. Se mostró receptiva y segura de que el ejercicio hará comprender al pleno las consecuencias del abandono al criterio que declara inválidas leyes por falta de consulta.

“La legitimidad de nuestras sentencias destacan en nuestra capacidad de tomar decisiones informadas (…) sensibles y respetuosas a los derechos fundamentales de todas las personas”. 

¿Qué propuso la ministra Lenia Batres?

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán promovió “por vicios” (en referencia a la falta de consulta) una acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto que —considera— impacta a las personas con discapacidad psicosocial. El proyecto se turnó a la ponencia de la ministra Lenia Batres.

El 7 de octubre, durante la discusión en el Pleno de la Corte, la juzgadora se pronunció por abandonar el criterio que invalidaba en automático normas por omisiones en el proceso legislativo. Lo anterior en razón de que múltiples leyes, que a su juicio resultaban benéficas y progresistas para el colectivo, fueron frenadas. 

Esto podría suponer un escenario en el que por primera vez habría discusiones de fondo en la materia, pero también vulneraciones a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (a la cual México está suscrita) y a la propia Constitución. 

Este tratado internacional señala en su artículo 4.3 que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad”.

Por su parte, el artículo 1º constitucional indica: “Todas las personas gozarán de desechado humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexican sea parte”.  

¿Por qué causa inquietud?

Recordemos que el 11 de septiembre, durante la primera sesión de la #NuevaCorte, el tema discutido fue una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes en materia de salud mental del estado de Chihuahua. En aquella ocasión, la ministra Batres ya había manifestado  su intención de no declarar la invalidez sólo por la falta de consulta.

Pero en este proyecto fue más allá y propuso que sean las personas con discapacidad las que se manifiesten cuando consideren una transgresión a sus derechos, y que los mecanismos facultados para estos fines —o la Corte misma— no resuelvan por oficio. ¿Qué significa ello?

Si bien el Poder Judicial no es el encargado de ejecutar consultas, el hecho de NO declarar la inconstitucionalidad de normas por su ausencia elimina toda obligatoriedad a los poderes ejecutivos y legislativos —locales y federales— de celebrarlas, pues ya no habría consecuencias cuando omitan este paso. 

“No siempre por falta de consulta se debe invalidar una norma”, dijo la ministra.

Batres matiza su propuesta, pero sigue siendo regresiva 

La postura de la ministra generó (desde el primer momento) movilizaciones y activismo en la materia. Su argumento principal era que de las 50 leyes invalidadas desde 2016 —año en que se adoptó el anterior criterio— solo 3 eran regresivas en materia de derechos. Ante ello, un colectivo sostuvo una reunión en línea con la juzgadora para explicar la necesidad de las consultas, pues con independencia de las buenas intenciones o garantías que se obtengan de una iniciativa, los legisladores (en su GRAN mayoría personas SIN discapacidad) no pueden representar plenamente los intereses del grupo si no dialogan con los potencialmente beneficiados. 

Por esto, se debe contar con mecanismos que velen por el respeto de los compromisos internacionales. 

Ante ello, este lunes Batres “matizó” su propuesta. Ahora busca equiparar a las personas con discapacidad al nivel de ‘sujetos legitimados’. Es decir, que valiéndose del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los colectivos sean los únicos con la capacidad de solicitar acciones de inconstitucionalidad a los tres entes que están facultados para ello.

Esto se traduce en un doble candado: Ya no solo limita el actuar por oficio de los sujetos que pueden impugnar —en tanto no consulten a las personas con discapacidad si desean proceder o no, o en tanto ellas no se manifiesten por sí solas—, trasladando así la responsabilidad jurídica al ciudadano y su eventual coordinación con autoridades, sino que transforma el derecho a la consulta. Ya no será previa, ni parte forzosa del proceso legislativo (pues no habrá sanción de facto), sino que será celebrada sobre la base de proyectos o iniciativas ya concluidas, aprobadas y publicadas. 

“Cualquiera de estos entes no podrán presentarlo (la acción de inconstitucionalidad) por sí mismos”, comentó en referencia al candado con el que —asegura— busca garantizar la representación y participación ciudadana. 

Esto dilata la justicia, la vuelve más compleja e incluso la pone en riesgo. En su gran mayoría las comisiones de derechos humanos absorberán la carga en el contexto de presupuestos limitados.

Choque entre ministros; dos expresamente en contra del nuevo criterio

Hacia el final de su intervención, la ministra Batres pidió que la discusión se centrara en su propuesta, pues son “los puntos que se van a considerar puntualmente a la hora establecer el nuevo criterio en próximos días”. Lo anterior causó alarma porque carece de flexibilidad y sugiere que el criterio ya está listo, con independencia de que se exponga en la audiencia. 

A lo anterior se suma la declaración en la que señaló que el antiguo criterio ya fue abandonado desde el 7 de octubre, con lo que reveló que la decisión que dio origen a la manifestación no fue puesta en pausa. 

Por esto, la ministra Yasmín Esquivel solicitó la palabra y aclaró que el criterio está vigente, en tanto se recogen las posturas en la audiencia pública y se determina si se abandona o flexibiliza, lo que además calificó de regresivo.

“Si se abandona o flexibiliza para que las personas con discapacidad vuelvan a ser objeto pasivo de los acuerdos legislativos, retrocediendo en esta materia”, comentó. 

Añadió que no pueden ser las ministras y ministros sin discapacidad los que determinen qué conviene a la personas con alguna condición, razón por la cual se creó la convocatoria y respaldó que 50 leyes en el pasado —mismas que Batres argumenta fueron derechos positivos suspendidos— hayan sido invalidadas, pues no tomaron en cuenta a este grupo poblacional. 

“Aquí se comentó que hay 50 leyes que se han invalidado por falta de consulta, y así es, no se les tomó en cuenta (…) no puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad, para eso es la consulta. Hacer lo contrario sería una falta de respeto (…) aquí se trata de escucharles para que tomamos un criterio, para que se elabore un proyecto. Esta Corte no ha tomado un criterio aún”, señaló. 

A ella se sumó el ministro Figueroa, dejando claro que la propuesta es exclusiva de la ministra Batres y admitió públicamente que está en contra.

“El cambio de criterio es su opinión, y es una cuestión que todavía está sometida a debate por esta Suprema Corte. De otra manera no tendría sentido haberles convocado a esta audiencia pública y recalcó que este asunto no ha sido resuelto”, comentó. 

“No estoy de acuerdo, porque el lema ‘Nada sobre nosotros a sin nosotros’ implica que todo lo que les afecte debe ser consultado desde el comienzo para que puedan intervenir activa y significativamente en el proceso y no solo cuando la decisión ya está tomada”, añadió en relación  al nuevo propuesta expuesta por Batres. 

En redes sociales, la ministra Lenia Batres reviró y sostuvo en su cuenta de X que la Corte ya abandonó el criterio anterior, respaldada por una fotografía del acta de sesiones del 7 de octubre en la que se ve que por ocho votos a favor “se declararon infundados los conceptos de invalidez atinentes  al falta de consulta previa a niñas, niños y adolescentes y a las personas con discapacidad”. 

Publicación que por cierto no cuenta con medidas de accesibilidad: en este caso texto alternativo para personas con discapacidad visual. 

Finalizada la participación de los oradores, el ministro presidente no ofreció un discurso de clausura de las actividades del primer día, y se limitó a convocar a los participantes en lista para este martes.