Por la puerta de atrás y sin hablar de discapacidad; así fue la presentación del informe de la CNDH

Fecha de publicación: 28/Enero/2026 | Autor: Francisco Javier Munguía

Este lunes 26 de enero la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para presentar el Informe Anual de Actividades 2025. Se trata del primero relativo a su segundo periodo al frente del organismo. 

El ejercicio tuvo una duración de dos horas con 14 minutos, con la participación de 11 oradores de las distintas fuerzas políticas (incluida Piedra). En los más de 8 mil segundos de rendición de cuentas, intervenciones de legisladores y réplica final de la titular, la discapacidad fue mencionada únicamente en dos ocasiones, esto por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); aliados del oficialismo.

Menciones sin fondo de discapacidad

El primero fue el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, quien afirmó que el trabajo de la CNDH está acompañado de modificaciones al marco jurídico que “fortalecen la dignidad, el acceso a la justicia y la participación plena” de este grupo poblacional, en una probable referencia a la reforma al Poder Judicial. No obstante, no habló en específico sobre el trabajo y resultados del organismo autónomo. 

Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena calificó el trabajo de Piedra como un “un cambio institucional necesario donde niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos, comunidades originarias y afrodescendientes, personas con discapacidad (…) cuentan con una verdadera institución que los defiende y protege”. 

Se trató de menciones ambiguas, sin datos duros, cifras, estadísticas, análisis, casos particulares ni la más mínima crítica o cuestionamiento. Los grandes omisos fueron los parlamentarios de oposición, quienes suprimieron de su agenda y discurso esta materia.

Primero la filia política…

De voz de la presidenta de la Comisión no hubo una sola referencia a la que es considerada como la “minoría más grande del mundo”. Dedicó buena parte de su participación a explicar su cercanía con la administración actual, benéfica —según ella— en la atención a las causas que originan las violaciones a derechos humanos, en una estrategia que busca ser preventiva y no intervenir hasta cometido el agravio mediante coordinación con autoridades. 

Defendió que bajo su administración se ha emitido el mayor número de recomendaciones en la historia de la institución, así como la resolución de expedientes en trámite relacionados con vulneraciones cometidas en la denominada época “neoliberal” y durante la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón. 

Solicitó al Congreso reformar la ley para que las recomendaciones sean vinculantes a fin de obligar su cumplimentación. 

Finalmente, presumió los ahorros presupuestales en apego a la política de austeridad de la Cuarta Transformación y criticó a quienes llaman “subejercicio” a los montos no ejercidos durante el año fiscal, pues dijo que se trata de esfuerzos por recortar los gastos por debajo de lo autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos año con año. 

Recordemos que de acuerdo con los informes de avance presupuestal de la CNDH, en 2023 y 2024 el Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sólo ejerció el 71.3 y 88.4 por ciento de su bolsa respectivamente, en un contexto de reducción del 26 por ciento de la partida total entre ambos años, equivalente a 4.1 millones de pesos; pasó de 15.3 a 11.2 millones de pesos. 

Mientras que los informes de 2020 y 2021 no son públicos, seguimos a la espera de la publicación del informe de avance presupuestal al corte del cuatro trimestre del 2025. Además, cabe recalcar que para este 2026, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de este recurso, lo que significa que el Mecanismo Independiente no tiene dinero etiquetado específicamente para su función. 

La discapacidad en el informe anual de la CNDH 

Al respecto, intentamos cuestionar a Piedra Ibarra para conocer su postura, el modo en que la Comisión garantizará la correcta implementación y seguimiento de la Convención, así como profundizar en los resultados relacionados con temas de discapacidad del último periodo, no obstante, la funcionaria evitó el encuentro con medios de comunicación y optó por salir a través de una puerta lateral del Pleno, donde fue llevada directamente a un elevador que la condujo a su camioneta. 

Por lo anterior, nos dimos a la tarea de analizar el informe escrito. El documento, con un extensión de 274 páginas, menciona la palabra “discapacidad”, (y sus variantes) en 31 ocasiones, lo que se traduce en una referencia promedio cada 8.8 páginas, 1.3 más que en el informe de 2024, cuando el término apareció 39 veces cada 7.5 páginas.

Lo anterior podría suponer una presencia adecuada, interseccional y suficiente en el texto; sin embargo, se trata únicamente de menciones genéricas o de la misma información expuesta más de una vez en distintos formatos y bloques, es decir, repetida.

De forma específica, el documento dedica un apartado al Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de apenas dos páginas de extensión, una menos que el año pasado. 

En él, se detalla que el grupo de trabajo realizó 100 actividades de promoción que impactaron a 15 mil 784 personas, siendo el mes de septiembre el de mayor número de encuentros con 15. Además, se celebraron 50 reuniones de vinculación interinstitucional.

En relación a las acciones concretas de “defensa y protección”, la CNDH afirma que se brindaron 79 orientaciones y 80 asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica. A estas se suman 50 gestiones con autoridades, instituciones del sector público, privado y académico. Finalmente, a diferencia del 2024, no se hace mención particular de recomendaciones ni acciones de inconstitucionalidad en materia de discapacidad.

Solamente se hace mención que de las 87 acciones de inconstitucionalidad emitidas a lo largo del año, “varias” responden a leyes de ingresos estatales y municipales, que regulaban 16 rubros, entre ellos “previsiones que desconocen la personalidad jurídica de las personas con discapacidad”, un segundo específico para personas con discapacidad intelectual, “quienes no fueron consultadas” y por “no garantizar su derecho a la educación inclusiva y accesible”, en lo que parecen ser cuatro demandas. No obstante, en ningún otro espacio de texto queda claro esta información ni de las otras 83 acciones de inconstitucionalidad.