Yo También > A un año de gobierno, ¿cómo van las principales propuestas de Sheinbaum en materia de discapacidad?
07 de Enero de 2026

Actualidad,Exclusivas,Yo También Voto

A un año de gobierno, ¿cómo van las principales propuestas de Sheinbaum en materia de discapacidad?

De las 8 promesas de campaña, sólo 5 han mostrado avances; sin embargo, ello no significa que se vaya por el buen camino

07/Octubre/2025 | Francisco Javier Munguía

Televisión con dos fotografías de Claudia Sheinbaum en la pantalla. A la izquierda aparece abrazando a una persona mayor y a la derecha está sola portando la banda presidencia

En mayo de 2024, Claudia Sheinbaum —entonces candidata presidencial por Morena, Verde y PT— otorgó una entrevista exclusiva a Yo También y Organización Editorial Mexicana (OEM) donde compartió sus principales propuestas en materia de discapacidad, inclusión y accesibilidad. Ahora, a un año de iniciado su gobierno, ¿han avanzado estas propuestas? Aquí el análisis. 

Sistema de Cuidados avanza, pero no parece impactar a pcd

En primer lugar, se refirió a la “profundización” del Sistema Nacional de Cuidados “a fin de contribuir a la construcción de un modelo de bienestar colectivo que cuide de todas y todos”. 

Aseguró que la medida no se limitaría a la visión paliativa, sino que contemplaría las tres etapas de prevención: programas de educación, diagnósticos tempranos y rehabilitación con apoyo continuo. A un año, ¿cómo va esta propuesta? 

En diversas ocasiones la presidenta se ha referido al Sistema Nacional de Cuidados; sin embargo, únicamente con perspectiva de género, es decir, dejando por fuera a personas mayores, con discapacidad y cuidadoras. 

El documento ‘100 compromisos para el Segundo Piso de la Transformación’ —publicado en octubre de 2024—, alberga en los ejes “República sana” y “República de y para las mujeres”, dos puntos (el 43 y 58) en los que se refiere a un programa enfocado a los cuidados de recién nacidos y hasta los primeros mil días de vida. También “a la creación del sistema nacional de cuidados” de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Destacó que la iniciativa arrancaría en el estado de Chihuahua para las madres trabajadoras de la maquila, a fin de brindarles autonomía para que participen activamente en la economía. Recalcando así que, de momento, el sistema está únicamente orientado a esta población. 

El presupuesto de 2026 tiene por primera vez el Anexo 31, que refiere a la consolidación de “una sociedad de cuidados” en la que se encuentran 49 programas. La creación y análisis de este apartado estuvo coordinada por las Secretarías de Hacienda y de Mujeres. Contempla recursos por 466 mil 674 millones de pesos. 

Por su parte, en enero de este año se llevó a cabo el foro “Derechos, interseccionalidad e inclusión de las personas con discapacidad” (como parte de las mesas de trabajo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo). En él, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) reconoció la necesidad de incluir a otros grupos históricamente vulnerados en el sistema (entre ellos las personas con discapacidad), sin profundizar en la materia.

También, que de la mano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estaba trabajando un “programa exhaustivo” de prevención de la violencia escolar enfocado en el sector. Sin embargo, a la fecha el programa “Escuela libre de violencia” solo abarca maltrato infantil, violencia sexual, acoso y ciberacoso. Los documentos contienen menciones a la discapacidad de forma aislada, ambigua, como motivo de discriminación o en los fundamentos jurídicos, dejando de manifiesto la carencia aún de protocolos específicos. 

¡La rehabilitación por fin como derecho!… pero no para todos

En relación con la rehabilitación, en diciembre del año pasado, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la presidenta anunció un convenio con Fundación Teletón con valor de 900 millones de pesos para la rehabilitación de personas menores de 18 años. Además, mediante un decreto elevó a rango constitucional este derecho. 

Entonces, la Secretaría de Bienestar informó que gracias a la colaboración, 27 mil infantes recibieron terapia de forma gratuita. También, se anunció la construcción de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) en el estado de Colima. Pero, ¿qué significa esto en números? 

Si bien no todos los tipos de discapacidad requieren rehabilitación, sólo para dimensionar el grado de cobertura —de acuerdo con el censo de población 2020 de INEGI— en México hay 3 millones 265 mil 207 personas con discapacidad entre 0 y 19 años. Por tanto, el convenio apenas atiende al 0.82 por ciento de su grupo objetivo. 

Por otra parte, debemos señalar que los CRIT únicamente brindan atención en parálisis cerebral, lesión medular, enfermedades neuromusculares, amputaciones, enfermedades osteoarticulares y estimulación temprana. Es decir, contempla dos de los cinco grandes grupos en los que se clasifican los tipos de discapacidad (intelectual y físico-motriz).

 

¿Qué pasa con las 18.4 millones de personas con discapacidad mayores de 20 años? ¿No acceden a rehabilitación gratuita? 

‘Salud Casa por Casa’ como programa un preventivo lento y limitado

En materia de prevención, diagnóstico temprano y tamizaje, durante su primer mes de gobierno, Sheinbaum anunció el programa ‘Salud Casa por Casa’, el cual consiste en evaluar el nivel de independencia de las personas con discapacidad, la toma de signos vitales, pruebas rápidas, pruebas de agudeza visual, auditiva y estado nutricional. El universo de atención se centró en el padrón de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar: un millón 381 mil 828 personas (hasta junio de este año).

Esto representa apenas al 8.9 por ciento de las personas con discapacidad entre 0 y 64 años. Si la exclusión automática de más del 90 por ciento ya es alarmante, se agrava con el porcentaje de avance del programa. De acuerdo con el 1º Informe de Gobierno, al corte de junio apenas se habían visitado 65 mil 800 beneficiarios: el 4.71 por ciento. A este ritmo, se atenderán en todo el sexenio una única vez apenas al 56 por ciento del ya limitado padrón. Lo anterior sin olvidar que se concentra sólo en prevención y cuidado de discapacidades auditivas y visuales. 

Por otro lado, el presupuesto de 2026 en materia de salud contempla un incremento real de 1.03 por ciento (42.6 millones de pesos) para el ‘Programa de atención para personas con discapacidad’, mientras que los ‘Servicios de atención para personas con discapacidad’ del ISSSTE vieron reducido su presupuesto en 3 por ciento. 

¿Una unidad administrativa fantasma?

Una de las grandes deudas en materia de discapacidad desde el sexenio anterior es la designación de un titular para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ello nos llevó a cuestionar su posible desaparición. Al respecto, Sheinbaum no fue clara sobre el futuro del organismo, pero propuso la creación de una unidad administrativa al interior de la Secretaría de Bienestar que coordinara la elaboración de políticas públicas para la atención de este grupo. También, prometió que pondría al frente a una persona con discapacidad. 

Este compromiso se cumplió, designando a Pedro Ortega como titular, no obstante, a la fecha desconocemos los proyectos, trabajos, informes y presupuesto de la unidad. En tanto, CONADIS, sin trabajos ni reportes, continúa recibiendo recursos vía el presupuesto de egresos. 

Digitalización y accesibilidad web

Otra de las propuestas fue la “política nacional de simplificación  y digitalización de trámites accesibles”. Está sí ha avanzado, desde la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en enero de este año —misma que coordina los trabajos en la materia—, hasta la modificación de leyes. 

En abril, la presidenta envió una iniciativa “para eliminar trámites burocráticos y corrupción”, cuyo objetivo es simplificar, digitalizar y homologar trámites federales, estatales y municipales, de la mano de las funciones de accesibilidad (aún con muchas áreas de oportunidad) que incluyen las páginas gubernamentales y la herramienta “Llave MX”. 

Incluso, se han conseguido conquistas en otros rubros. En materia de telecomunicaciones, tras la presentación de una reforma, Yo También —como parte de su incidencia— logró vía parlamento abierto, con la colaboración de la abogada Clara Luz Álvarez, la obligatoriedad de accesibilizar todas las páginas de internet gubernamentales. También, dotó a Profeco de facultades para sancionar a quienes no cumplan con la medida. 

La paradoja en la justicia accesible y adaptada

En el caso del acceso a la justicia para las personas con discapacidad, aunque se trata de otro poder, Sheinbaum aseguró que en su mandato se implementaría el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Paradójicamente, su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), niega una disculpa pública a Selene García, una mujer con discapacidad quien fue discriminada. 

Tras 11 años de litigios nacionales e internacionales, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU falló a su favor, con lo que pidió al Estado Mexicano realizar la reparación integral del daño, y especificó que era necesaria la disculpa como visibilización de los hechos y eje central de las medidas de satisfacción. No obstante, la comisión elaboró una propuesta en la que omitió este punto, negando con ello la petición y faltando a la resolución del comité. 

Por otra parte, tras la reforma al Poder Judicial, el primer asunto discutido por la nueva Corte trató sobre la inconstitucionalidad de dos leyes emitidas por el Congreso del Estado de Chihuahua que carecían de consulta a personas con discapacidad. Con el criterio anterior, esta omisión habría sido suficiente para derribar la ley, pero hoy, se ha propuesto abandonar el criterio y analizar otros aspectos como los verdaderos alcances de la consulta, su aplicación y efectividad, así como la reflexión de “¿quién decide qué afecta o no a este grupo poblacional?”. 

Aunque el discurso suena atractivo y da pie a discusiones de fondo (que antes no ocurrían), abre la puerta a riesgos como violaciones a marcos internacionales y propios retrocesos de derechos humanos. Entonces, ¿se juzga y resuelve con perspectiva de discapacidad?

Sin acciones suficientes:

Entre las propuestas que no han mostrado una estrategia clara, políticas, presupuesto y/o programas, están el “diálogo constante con organizaciones de la sociedad civil”. Este se realiza a través de la Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Bienestar. A través de redes sociales, Pedro Ortega comparte los encuentros que sostiene con organizaciones de la sociedad civil, pero a la fecha no se han traducido en acciones o iniciativas. 

En relación con la promoción de trabajo para personas con discapacidad, el Gobierno de México no ha presentado avance alguno. 

En tanto, en materia educativa, el primer año de Sheinbaum se caracteriza por los retrocesos. Entre ellos destacan: 

  • Sólo 37.9 por ciento de las personas con discapacidad en edad escolar de nivel básico acceden a las aulas 
  • La reducción de la matrícula con discapacidad en nivel básico en 3 mil lugares
  • Reducción de población escolar y docente en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED); única opción pública con ajustes razonables de bachillerato