Violencia digital y mujeres con discapacidad
Fecha de publicación: 04/Diciembre/2025 | Autor: María Elena Esparza Guevara
Estamos a la mitad de los 16 días de activismo contra la violencia de género convocados por ONU Mujeres, e ignorar su intersección con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es parte del problema que explica la necesidad de ambas efemérides.
En 2025, además, el enfoque está en la dimensión digital de las agresiones en razón de género, lo cual nos convoca a visibilizar un fenómeno que representa una de las formas más duras de agresión, en un contexto donde la tecnología, en lugar de facilitar la inclusión, se convierte en un arma de control y sometimiento.
A nivel global, las mujeres con discapacidad enfrentan tasas de violencia significativamente superiores al resto de la población. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres con discapacidad tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir violencia que aquellas sin discapacidad. Esta realidad se amplía en el entorno digital, donde el acoso, la difusión no consentida de imágenes, el ciberacoso y la suplantación de identidad se entrelazan con las barreras específicas que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a mecanismos de protección y denuncia.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que las personas con discapacidad tienen menor acceso a internet y dispositivos digitales, lo cual paradójicamente las coloca en mayor riesgo cuando llegan a ser partícipes de estos espacios. La brecha digital no solo limita oportunidades, sino que reduce su capacidad de identificar, documentar y denunciar agresiones en línea. Además, las plataformas digitales rara vez cuentan con mecanismos accesibles de denuncia, perpetuando así la impunidad.
Hay datos preocupantes: el 20.8 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia digital, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021). Pero más preocupa no saber y es que no existen datos desagregados específicos sobre mujeres con discapacidad, lo cual evidencia la invisibilización estadística de este grupo. Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha documentado que las personas con discapacidad enfrentan múltiples formas de discriminación interseccional, y son las mujeres quienes viven las situaciones más graves.
La Red Nacional de Refugios en México ha alertado sobre casos donde mujeres con discapacidad auditiva o intelectual son víctimas de extorsión mediante contenido íntimo obtenido sin consentimiento, mientras que mujeres con discapacidad visual son engañadas para proporcionar información personal que posteriormente se usa para hostigarlas. Estos casos raramente llegan a instancias judiciales debido a la falta de protocolos accesibles y la revictimización que enfrentan al denunciar.
Nuestro país ha avanzado con la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como delito. Sin embargo, su aplicación para mujeres con discapacidad enfrenta serios obstáculos: procuradurías sin intérpretes de lengua de señas, formularios de denuncia inaccesibles para personas con discapacidad visual, y prejuicios que cuestionan la credibilidad de víctimas con discapacidad intelectual o psicosocial.
No es un tema solamente de marco normativo, sino de lograr implementaciones efectivas que consideren sus necesidades específicas. Requieren de plataformas digitales accesibles, protocolos de denuncia adaptados, campañas de concientización que las incluyan y datos estadísticos que las visibilicen.
O logramos que la tecnología sea una herramienta de emancipación y no de opresión o poco podremos hablar de grandes avances de la humanidad. Mientras las mujeres con discapacidad sigan siendo invisibles en las políticas públicas contra la violencia digital, la sociedad entera seguirá fracasando en su obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas. Estos 16 días y siempre.