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Recortes de la ONU ponen en riesgo la accesibilidad del Comité de Discapacidad
En el Aniversario 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU enfrenta críticas por recortar servicios de accesibilidad como lengua de señas y subtitulado, poniendo en riesgo el funcionamiento del Comité encargado de vigilar su cumplimiento y excluyendo a personas con discapacidad auditiva.
Fecha de publicación: 04/Febrero/2026 | Autor: María Nazaret
La eliminación de servicios de accesibilidad como la interpretación en lengua de señas y el subtitulado amenaza el funcionamiento del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y excluye a personas con discapacidad auditiva de los espacios de supervisión internacional.
En el año en que se conmemoran los 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el propio sistema de Naciones Unidas enfrenta señalamientos por incumplir las obligaciones que establece dicho tratado, al negar ajustes razonables indispensables para el trabajo del Comité encargado de vigilar su aplicación.
El Comité hizo pública una Declaración en forma de Carta Abierta en la que advierte que la falta de accesibilidad, derivada de decisiones presupuestales, constituye discriminación institucional y coloca a este órgano en una posición materialmente desfavorable frente a otros comités de derechos humanos.
Recortes que impiden el mandato del Comité
De acuerdo con la Declaración, la crisis financiera de la ONU ha provocado la pérdida de servicios esenciales de accesibilidad, entre ellos la interpretación en lengua de señas internacional y el subtitulado. Como consecuencia, se encuentra en riesgo la realización del 34º periodo de sesiones, previsto del 9 al 27 de marzo de 2026 en Ginebra.
Sin estos ajustes razonables, el Comité ha señalado que no puede sesionar ni cumplir su mandato, lo que afecta directamente la revisión de informes de los Estados parte, el análisis de comunicaciones individuales y el seguimiento a la implementación de la Convención.
Impacto desigual y discriminación institucional
El Comité subraya que la situación financiera de la ONU no impacta de manera uniforme a todos los órganos creados en virtud de tratados. Mientras otros comités continúan operando con condiciones de accesibilidad garantizadas, el Comité de Discapacidad enfrenta restricciones que afectan de forma directa a las personas con discapacidad y a su participación en los procesos de rendición de cuentas.
Desde 2025, además, se suspendió la interpretación en lenguas de señas nacionales durante los diálogos interactivos con los Estados parte. En algunos casos, cuando los propios países ofrecen interpretación remota, la ONU impone un cobro, trasladando el costo de la accesibilidad y limitando la participación de las comunidades.
Un Comité sin ajustes razonables no puede funcionar
La Declaración advierte que negar interpretación en lengua de señas y subtitulado no es una medida administrativa neutral, sino una decisión que impide al Comité desempeñar las funciones para las que fue creado. La accesibilidad y los ajustes razonables son condiciones previas para su funcionamiento y una obligación expresa derivada de la Convención, de resoluciones de la Asamblea General y de la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad de la ONU.
El Comité también denunció que uno de sus integrantes, Hiroshi Tamon, miembro sordo desde 2025, no ha contado con los apoyos de accesibilidad necesarios para desempeñar su labor en igualdad de condiciones, a pesar de que existe una resolución específica que ordena garantizar dichos ajustes.
La respuesta de la sociedad civil
Ante esta situación, la International Disability Alliance (IDA) anunció que busca un diálogo directo con las autoridades de la ONU para asegurar que el periodo de sesiones de marzo de 2026 se lleve a cabo conforme a lo previsto y con todas las medidas de accesibilidad necesarias.
La organización subrayó que los servicios de accesibilidad no son un extra opcional, sino un elemento indispensable para el funcionamiento del Comité y para la fortaleza del sistema internacional de derechos humanos. Asimismo, llamó a los Estados parte a cumplir con sus responsabilidades de financiamiento y a garantizar ajustes razonables de manera efectiva.
Accesibilidad como obligación
Tanto el Comité como las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que tratar la accesibilidad como un gasto prescindible constituye un retroceso en derechos humanos. Sin interpretación en lengua de señas y subtitulado, se excluye a personas con discapacidad auditiva de los espacios donde se toman decisiones que afectan directamente sus derechos.
La accesibilidad no es un favor ni una concesión administrativa. Es una obligación vinculante. Sin ella, la ONU debilita el sistema de protección de derechos que está llamada a garantizar.