07 de Noviembre de 2026

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Presentan FUNSALUD libro sobre la fragmentación en la salud y el futuro de la inclusión motriz

El documento, titulado Propuesta de Atención a la Discapacidad Motriz en México 2026, expone los vacíos en la atención a la discapacidad motriz y plantea un pacto nacional para unificar esfuerzos, financiamiento y tecnologías de asistencia

Fecha de publicación: 05/Noviembre/2026 | Autor: Karina González Fauerman

Collage sobre fondo azul que muestra al centro un libro titulado

En México, aproximadamente 3.5 millones de personas viven con discapacidad motriz, lo que la convierte en una de las condiciones más frecuentes en el país (ENADID 2023). A pesar de la existencia de diversas instituciones y esfuerzos dedicados a su atención, la información sobre las necesidades reales de esta población, los servicios disponibles y el impacto de los tratamientos se encuentra fragmentada. Esta dispersión no solo complica identificar quiénes reciben apoyo y qué sucede con aquellos que quedan excluidos del acceso oportuno a rehabilitación, tecnologías de asistencia y servicios básicos como salud y educación, en ocasiones por barreras en las infraestructuras o centros de atención, sino que también oculta las graves consecuencias sociales, económicas y de salud que genera la desatención.

Para hacer frente a este panorama, la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (FUNSALUD) ha publicado —tanto en formato impreso como digital— la Propuesta de Atención a la Discapacidad Motriz en México 2026. Este documento integra datos sobre prevalencia, infraestructura, recursos humanos, marco normativo y acceso a dispositivos de apoyo como prótesis y sillas de ruedas, ofreciendo por primera vez una visión integral sobre el tema.

En entrevista para Yo también, Mónica Guadalajara, Directora para Ottobock en México, Centroamérica y El Caribe, quien forma parte del consejo de especialistas que asesoraron el contenido del libro sobre rehabilitación, órtesis, prótesis y sillas de ruedas, así como Héctor Valle, Presidente de FUNSALUD, explican la importancia de este documento, y cómo, a través de una estrategia multisectorial, es posible mejorar el acceso a rehabilitación, tecnologías de asistencia y financiamiento.

¿Qué hallazgo o experiencia concreta durante el proceso de investigación fue el detonante principal que motivó a FUNSALUD y sus aliados a formular este libro?

El libro nace en el marco del proyecto Moviendo Barreras que busca cerrar las brechas de salud y acceso a tecnología en la población que presenta discapacidad motriz. El principal detonante fue identificar que México enfrenta un problema estructural de atención a la discapacidad motriz, agravado por la fragmentación de la información, la falta de coordinación entre instituciones y las brechas en el acceso a rehabilitación y tecnologías de asistencia.

En México no contamos con información suficientemente integrada y precisa para conocer cuántas personas requieren atención, qué servicios reciben y cuáles son las necesidades que permanecen desatendidas. También identifica una brecha entre los derechos reconocidos en las leyes y su cumplimiento efectivo.

Por ello, el propósito es pasar del diagnóstico del libro basado en evidencia a una respuesta coordinada. El Pacto Nacional por la Inclusión Motriz busca articular al gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil para construir soluciones sostenibles que mejoren la atención, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz.

Lograr que el sector público, la empresa privada, la academia y la sociedad civil se pongan de acuerdo suele ser complejo. ¿Cuáles consideran que son las principales barreras de confianza o de interés para articular el Pacto Nacional y cómo proponen resolverlas?

Una de las principales barreras es la fragmentación institucional: cada sector opera con responsabilidades, recursos e información diferentes, sin que necesariamente existan mecanismos suficientes para coordinar sus esfuerzos y evaluar sus resultados.

También existen necesidades e incentivos distintos. Las autoridades deben atender prioridades presupuestales; las empresas necesitan modelos viables de participación; la academia requiere información para generar evidencia, y las organizaciones de personas con discapacidad buscan que las soluciones respondan a sus necesidades reales.

La propuesta del libro es establecer mesas permanentes de diálogo y análisis multisectorial en las que participen asociaciones de pacientes, personas cuidadoras, autoridades sanitarias, academia, sector productivo y reguladores.

Para que estas mesas generen confianza, sería recomendable acordar objetivos comunes, responsabilidades verificables, calendarios de trabajo e indicadores públicos. La participación debe traducirse en decisiones y compromisos medibles, no limitarse a intercambiar opiniones.

El texto menciona que existe un marco normativo amplio, pero con una enorme brecha en su ejecución. ¿Qué fallas estructurales identifican en la fiscalización de las leyes actuales para que no se estén traduciendo en derechos reales para los pacientes?

El problema no es únicamente la existencia o ausencia de leyes, sino la falta de mecanismos homogéneos para medir su cumplimiento y sus efectos en la vida de las personas.

El libro identifica varias deficiencias: los reportes institucionales no ofrecen indicadores uniformes de resultados entre entidades federativas; faltan datos sobre cobertura, continuidad de la atención y resultados de las intervenciones; y la duplicidad de programas federales y estatales puede generar ineficiencias.

A ello se suma la participación todavía limitada de las personas con discapacidad en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.

Por eso, el documento propone fortalecer los sistemas de información, integrar registros de diferentes sectores y establecer mecanismos de seguimiento. El paso siguiente es vincular estos datos con responsabilidades institucionales claras y evaluaciones periódicas, para conocer no solo qué acciones se realizaron, sino cuántas personas recibieron atención efectiva y qué resultados obtuvieron.

Una de las propuestas legislativas clave es crear un Fondo Nacional de Órtesis y Prótesis. ¿Cómo proyectan sostener financieramente este fondo a largo plazo sin depender exclusivamente de partidas presupuestales gubernamentales variables?

El análisis plantea un esquema de financiamiento diversificado, con aportaciones federales, estatales, privadas y de organismos internacionales, administrado mediante un comité multisectorial. También propone mecanismos de cofinanciamiento entre distintos niveles de gobierno, auditorías externas e informes públicos para fortalecer la transparencia.

Es importante distinguir entre dos figuras mencionadas en el documento: por un lado, una iniciativa legislativa pendiente para crear un Fondo Nacional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Técnicas; por otro, la propuesta estratégica del propio libro de establecer un Fondo Nacional para la Discapacidad Motriz, destinado a financiar proyectos de infraestructura, investigación y desarrollo de tecnología asistiva.

Para darles viabilidad de largo plazo, sería conveniente definir fuentes recurrentes de recursos, reglas transparentes de asignación, criterios de prioridad según las necesidades de la población y mecanismos de evaluación del impacto social. El objetivo debe ser que el acceso a una prótesis, una órtesis o una ayuda técnica no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia.

La mayoría de los centros especializados y tecnologías suelen concentrarse en las grandes metrópolis. ¿Cómo plantea la Hoja de Ruta garantizar que la rehabilitación y las tecnologías de asistencia lleguen a las zonas rurales y de mayor marginación en el país?

La Hoja de Ruta propone fortalecer el primer nivel de atención, ampliar la atención domiciliaria y comunitaria, y utilizar la telemedicina y la telerehabilitación para acercar servicios a las personas que viven lejos de los centros especializados.

También plantea mapear la infraestructura, las capacidades y los flujos de atención para identificar dónde están las brechas. Esta información permitiría orientar mejor los recursos, formar profesionales y cuidadores, y fortalecer las redes locales de apoyo.

La solución no consiste únicamente en llevar dispositivos a las comunidades. Se necesita garantizar que las personas reciban una evaluación funcional, una adaptación adecuada, capacitación para utilizar las ayudas técnicas y seguimiento posterior.

Para hacer operativa esta propuesta, sería recomendable establecer metas territoriales de cobertura y priorizar las localidades con mayores necesidades y menor disponibilidad de servicios, midiendo tanto la entrega de dispositivos como la continuidad y los resultados de la rehabilitación.

Dentro de las seis líneas de acción se propone un “modelo de atención continuo e híbrido”. ¿Qué papel jugarán específicamente la telemedicina, la salud digital o las tecnologías remotas en el seguimiento de los pacientes?

La tecnología debe ayudar a transformar un modelo fragmentado, concentrado en episodios de atención, en uno continuo que acompañe a la persona desde el diagnóstico hasta su participación en la comunidad.

El libro plantea combinar tres modalidades: atención presencial, atención domiciliaria y telemedicina. También propone fortalecer la telerehabilitación para pacientes en zonas remotas mediante plataformas seguras, así como mejorar el intercambio de información entre los profesionales que participan en la atención.

Esto permitiría dar seguimiento a los planes de rehabilitación, orientar a pacientes y cuidadores, reducir traslados y detectar dificultades que requieran una valoración presencial. Los coordinadores de atención tendrían un papel importante en la articulación de especialistas, agendas y objetivos terapéuticos.

La atención remota no sustituye todos los procedimientos presenciales: debe complementarlos, especialmente cuando se requiere evaluar físicamente a una persona o ajustar una prótesis u órtesis. Además, su implementación debe considerar la conectividad, la accesibilidad digital y las habilidades tecnológicas de los usuarios.

Se señala la falta de estándares nacionales de calidad para prótesis y órtesis en México. ¿De qué manera el libro propone regular o certificar estos dispositivos para erradicar la inseguridad de los productos de mala calidad sin encarecer su acceso?

El trabajo desarrollado identifica una brecha importante: la ausencia de estándares nacionales suficientemente desarrollados y de protocolos uniformes para evaluar el funcionamiento y la seguridad de las tecnologías de asistencia. También advierte que las compras institucionales suelen realizarse de manera estandarizada, sin considerar suficientemente las necesidades individuales de cada persona.

La propuesta consiste en definir las tecnologías de asistencia prioritarias para el país, avanzar progresivamente hacia estándares internacionales y desarrollar un catálogo oficial con fichas técnicas actualizadas, que pueda integrarse al Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Esto permitiría contar con criterios más claros de calidad, ajuste individualizado y prescripción técnica.

El reto es combinar calidad con asequibilidad. Para ello, sería conveniente acompañar la regulación con compras transparentes basadas en criterios de calidad y costo total, competencia entre proveedores y mecanismos de financiamiento para quienes no puedan pagar los dispositivos. La certificación de productos y la evaluación de su adaptación a cada usuario deben entenderse como medidas complementarias.

El documento propone crear un sistema de indicadores codiseñado con organizaciones de personas con discapacidad, para que la evaluación no se limite a medir actividades institucionales, sino que también refleje los resultados que experimentan los usuarios.

El sistema contempla dos grandes tipos de indicadores:

  • De proceso: número de atenciones brindadas y tecnologías de asistencia entregadas.
  • De resultado: mejoras funcionales, calidad de vida y satisfacción de las personas usuarias.

La propuesta incluye una plataforma digital de reporte abierto, accesible y segura; revisiones trimestrales para ajustar las estrategias, y un taller anual con los actores involucrados para analizar los resultados y redefinir prioridades.

Para que este mecanismo tenga efectos concretos, sería recomendable que las organizaciones de personas con discapacidad participen desde la definición de las métricas hasta la interpretación de los resultados. También deberían poder identificar problemas, proponer ajustes y conocer qué decisiones se tomaron a partir de sus observaciones.

De esta manera, la experiencia de los usuarios se convertiría en un componente permanente de la evaluación y no en una consulta aislada.

Marcas y empresas como Ottobock, Nadro o Salud Digna participaron en el proyecto, ¿cuál es el rol exacto de la iniciativa privada más allá del financiamiento corporativo para lograr precios accesibles y mayor cobertura?

La participación empresarial puede contribuir en distintos puntos de la cadena de atención: desarrollo y provisión de tecnologías, innovación, capacitación, investigación y fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema.

El libro reconoce el apoyo de la Academia Nacional de Medicina, Fundación Teletón, Nadro, Ottobock y Salud Digna, junto con FUNSALUD, en el desarrollo de la iniciativa Moviendo Barreras y la publicación del documento. Asimismo, propone incorporar al sector productivo en las mesas de diálogo, los programas de formación y el financiamiento sostenible.

Para que esta colaboración se traduzca en una mayor cobertura, sería importante que las empresas también contribuyan a mejorar la disponibilidad de dispositivos, fortalecer el servicio técnico, facilitar la adaptación individualizada y desarrollar esquemas de precios accesibles.

El fondo propuesto podría recibir aportaciones privadas, pero su gobernanza tendría que garantizar transparencia, criterios públicos de asignación y decisiones basadas en las necesidades de las personas. La participación empresarial debe complementar la responsabilidad pública, no sustituirla.

Si volvemos a evaluar el panorama en 2030, ¿cuál sería el primer hito o indicador de éxito tangible que nos diría que este Pacto Nacional está funcionando y no se quedó únicamente como un documento de buenas intenciones?

Un primer hito sería contar con un sistema nacional de seguimiento que permita demostrar que más personas con discapacidad motriz reciben atención y tecnologías de asistencia adecuadas, con continuidad y resultados verificables. El documento no establece una meta numérica específica para 2030. Por ello, antes de fijar un porcentaje de éxito sería necesario construir una línea base confiable, definir metas y acordar cómo se medirá su cumplimiento.

Unidos por la accesibilidad

La elaboración del Documento Marco Contextual titulado Propuesta de Atención a la Discapacidad Motriz en México ha sido posible gracias al apoyo, colaboración y las aportaciones de diversas personas expertas, organismos y entidades: Academia Nacional de Medicina, Fundación Teletón, Nadro, Ottobock y Salud Digna; en conjunto con la Fundación Mexicana para la Salud.