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México, sin datos estadísticos sobre personas con discapacidad parte de la comunidad LGBT+
Fecha de publicación: 26/Junio/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
En el marco del mes del orgullo de la diversidad sexual y de género, desde Yo También queremos celebrar la interseccionalidad entre este grupo y las personas que viven con discapacidad.
Definida por la Cumbre Judicial Iberoamericana —y cuyo concepto es reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— la interseccionalidad es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, multiplicando sus desventajas y discriminaciones.
Ellas, ellos y ellxs representan y encarnan una transversalidad existente, pero pocas veces visible. Una doble lucha que implica mayores desafíos en materia de inclusión, equidad y accesibilidad. En el camino por una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa luchamos juntxs; por todos los derechos para todas las personas.
El primer paso es analizar los datos cuantitativos que permiten conocer de forma tangible el cruce entre la diversidad sexogenérica y la discapacidad, sin embargo, encontramos la ausencia total de estadísticas en la materia.
Entonces, ¿cuántas personas con discapacidad se reconocen como parte de la comunidad LGBT?
INEGI, sin estadísticas sobre esta interseccionalidad
Comencemos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con su definición, se trata del organismo público autónomo responsable de normar, coordinar, captar y difundir información de México en cuanto al territorio, recursos, población y economía, con el fin de dar a conocer las características del país y coadyuvar en la toma de decisiones.
En ese sentido, naturalmente acudimos al instituto para conocer los datos estadísticos de la población LGBT+ que vive con discapacidad. Al revisar la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 —y su estudio complementario de 2022— nos percatamos de la ausencia de información en cuanto a la transversalidad de esta población con la discapacidad.
No obstante, tanto los cuestionarios ejecutados en el levante como las metodologías sí incluyen un apartado dedicado a este tema. Se preguntó por la dificultad (limitante) que se tenía para caminar, ver, mover o usar los brazos, escuchar, hablar o realizar actividades por “problemas emocionales o mentales”, entre otros.
El concepto “problemas” es incorrecto, pero profundizaron más en él al referirse al autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, depresión y bipolaridad como ejemplos de los “problemas mentales”. Aprovechamos para reiterar que esas condiciones se denominan como discapacidades intelectuales y psicosociales.
Pero los resultados obtenidos de este módulo no se consideraron en la presentación de resultados. Otros cruces con poblaciones históricamente vulneradas sí fueron incluidos, como personas LGBT+ de pueblos originarios, hablantes de una lengua indígena o afrodescendientes. Ante ello, queda la duda: ¿qué impidió que tuviéramos datos sobre personas de las diversidad sexual y de género que viven con discapacidad?
Programa para la integración de pcd reconoce la falta de datos
Frente a este panorama, nos dimos a la tarea de revisar otras fuentes en la capital del país: el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) y el Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad) para conocer qué apuntes tienen al respecto.
El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PID PCD) 2022-2024 se define como una guía de las acciones que “pueden y deben” emprenderse desde el sector público para promover el acceso a los derechos de todas y todos.
En primer lugar, aunque se trata de un escrito que pretende servir de eje rector para la administración pública en lo relacionado a inclusión, no profundiza en prácticamente ningún aspecto de la vida (educación, salud, derechos humanos, trabajo). Apenas menciona la intersección en tres ocasiones a lo largo de 84 páginas, de forma genérica, ambigua, a manera de buenas intenciones o sugerencias y no de datos duros. El documento no cumple con un análisis de la realidad actual.
Lo que sí menciona de forma expresa es que, de acuerdo con las observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, los datos estadísticos sobre personas con discapacidad de la comunidad LGBT+ en México “siguen siendo insuficientes”, por no decir inexistentes. No se cita ningún diagnóstico, encuesta, informe, estudio o similar ligado a esta transversalidad.
Copred hace un llamado a Indiscapacidad por su falta de interseccionalidad con la comunidad LGBT+
Desde 2015, la Ciudad de México fue declarada como una ciudad amigable con la población de la diversidad sexogenérica (LGBTTTI+), lo que se traduce —al menos en la definición— en el reconocimiento, defensa, ejercicio y respeto de los derechos de esta comunidad, “con un trato igualitario sin discriminación”. A raíz de la declaratoria, año con año se elabora un informe de avances en la implementación de políticas públicas integrales y transversales para el cumplimiento de dichas garantías.
En el reporte anual correspondiente a 2023 (el más reciente) —publicado el 27 de junio de 2024— el COPRED hizo un llamado al Instituto de las Personas con Discapacidad a implementar una perspectiva interseccional en su actuar. El objetivo es visibilizar las múltiples vivencias de las personas con discapacidad y su relación con la orientación sexual o su identidad de género.
El documento señala que como parte de los procesos educativos ejecutados por todas las entidades de la administración, Indiscapacidad celebró una única mesa de trabajo vinculada con el tema LGBT+ en todo un año. Tras esto, el consejo reconoce que en comparación con otros típicos como salud o violencia, la transversalidad entre discapacidad y diversidad sexual tuvo un bajo desarrollo.
“Ante esta situación, es preciso apuntar la necesidad de incrementar los esfuerzos para explicar las diversas realidades de una colectividad que en sí misma ya es diversa”, se lee.
También, se reconoce que en el eje de eventos temáticos el cruce entre LGBT+ y discapacidad otra vez fue de los de menor exposición. En todo el 2023 Indiscapacidad hizo una conferencia en línea y una feria de servicios institucionales.
Indiscapacidad: más concentrada en el ahorro
El llamado de COPRED pareció no tener eco, pues desde el informe emitido por el consejo, el Instituto de las Personas con Discapacidad ha emitido en su página web un Único boletín que nada tiene que ver con las acciones o funciones de la dependencia en favor de la población que vive con alguna condición.
El texto fechado el 30 de mayo de 2025 es una convocatoria para la integración de un comité de ética en otra secretaría: la de Bienestar e Igualdad Social.
Previo a ello, el penúltimo boletín data del 22 de febrero de 2023, es decir, más de dos años sin ninguna publicación. Dejando de lado la alarmante antigüedad, el comunicado refiere a los “lineamientos de austeridad y ahorro” del órgano correspondientes al ejercicio fiscal del año mencionado.
El documento de nueve páginas detalla las acciones a tomar para el ahorro de combustibles, energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, impresiones, consumo de papel bond, pasajes, viáticos, etcétera; ni una mención sobre las directrices, orientación o criterios de atención a la ciudadanía. La palabra “discapacidad” ni siquiera se menciona en términos reales. únicamente aparece como membrete en la parte superior derecha de cada hoja identificando al instituto como remitente del texto.
Anteriormente encontramos dos boletines correspondientes a diciembre de 2022 que tampoco tratan de discapacidad o temas relativos, sino de violencia digital, citando como fuente a ONU-Mujeres. Debemos retroceder hasta el 27 de enero de 2022 para encontrar contenido dedicado a la población objetivo del instituto.
Entre otras deficiencias destaca el apartado de ‘Informes y reportes’, destinado según su propia descripción al almacenamiento de archivos para “comunicar los avances en los programas y servicios”. Contiene una única publicación vinculada al tema de violencia de género en mujeres con discapacidad.
Concediendo que se trata solo del abandono a su página de internet —una clara violación a los artículos 24, 28 y 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México— revisamos las redes sociales del instituto para comprobar si en ellas sí difunden de forma exitosa y adecuada su actuar.
Nos encontramos que en X existen dos cuentas aparentemente oficiales, una con última fecha de publicación en noviembre y la otra creada en enero, lo que hace suponer que perdieron el acceso a la primera. En relación a la más antigua, el acrónimo “LGBT” fue mencionado en todo el 2024 sólo una vez en el marco del Día Internacional del Orgullo; mientras que “diversidad sexual y de género” también se menciona en una sola ocasión en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
En ambos casos se trata de efemérides y no de acciones en favor de esta población.
Por su parte, en 2025 —ya en la nueva cuenta de X— hasta el momento se han hecho cuatro menciones a la diversidad sexual y de género o el acrónimo “LGBTIQ+”. Dos en el marco de las efemérides arriba mencionadas y dos como promoción a la primera actividad organizada en más de dos años: un webinar sobre discapacidad y diversidad sexual a celebrarse el lunes 30 de junio. Un solo esfuerzo desde el informe de 2023 donde se hizo un llamado a fortalecer el actuar transversal.
Programa internacional tampoco tiene datos de México
Human Rights Campaign (HRC) es una organización civil de origen estadounidense que trabaja para alcanzar la igualdad de las personas de la diversidad sexogenérica. En nuestro país, cuenta con un programa de equidad laboral y actualmente se ostenta como la encuesta líder de evaluación de políticas y prácticas relativas a la inclusión e igualdad en las principales corporaciones y empresas de México.
Dada su relevancia, resulta vital consultar sus métricas sobre empleo en población LGBT+. Su informe 2025 detalla datos como el número de empresas calificadas como espacios seguros para la comunidad, los sectores productivos más participativos, el número de personas colocadas en puestos de trabajo mediante mecanismos arcoíris, etcétera. Lamentablemente, no tiene un desagregado de personas LGBT+ con discapacidad.
El archivo hace mención únicamente en tres ocasiones de la palabra “discapacidad”. La primera al recomendar a empresas realizar bases de datos de “perspectivas diferenciadas” como edad, género, orientación sexual o discapacidad, es decir, las sigue colocando como dos campos que no se cruzan. La segunda hace referencia a baños neutros inclusivos y la tercera a un programa de inclusión de pcd en una cadena de cines.
Mientras HRC lleva métricas sobre empleo en personas LGBT+, INEGI tiene registro de este rubro en personas con discapacidad. Estima que más de 2 millones —de los 20 millones de personas que viven con esta condición— son económicamente activas, pero aunque especifica datos como sexo, grupo etario y entidades federativas de mayor concentración, tampoco hace la distinción de aquellas parte de la comunidad LGBT+.
La incógnita que queda es: ¿por qué no hay cruces de información entre ambos grupos históricamente vulnerados?
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