Opinión
Más allá del retroceso: ahorrarse la molestia de que existamos como política pública
Fecha de publicación: 16/Enero/2026 | Autor: I Wheel Love U
Durante años nos dijeron que los derechos de las personas con discapacidad (pcd) avanzarían “cuando hubiera condiciones”.
Cuando hubiera presupuesto,
Cuando hubiera voluntad,
Cuando hubiera crecimiento,
Cuando hubiera consenso.
Hoy el mensaje es otro, mucho más brutal y honesto: cuando estorbamos, se nos recorta; cuando incomodamos, se nos borra.
Lo que estamos viendo en distintos países no es una coincidencia ni una mala racha administrativa. Es una lógica política que se repite con distintos acentos, pero con el mismo fondo: ahorrarse la molestia de que existamos.
En Bolivia, un decreto administrativo diluye fondos creados específicamente para personas con discapacidad y los subordina a estructuras ajenas a nuestros derechos. En Argentina, las pensiones por discapacidad se convierten en sospecha, en auditoría masiva, en narrativa de fraude, mientras se vetan leyes que buscaban garantizar mínimos de dignidad, lo que llevó a que hace unos días se anunciara la desaparición de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e integrar sus funciones al Ministerio de Salud. Reduciendo la discapacidad a diagnósticos médicos cuando llevamos años luchando por el modelo social. En México, simplemente se elimina el presupuesto para vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como si los derechos no vigilados no existieran, sin monitoreo, el Estado queda libre de rendir cuentas.
Y no son excepciones latinoamericanas
En Reino Unido, la ONU ha hablado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las personas con discapacidad tras años de austeridad. En Australia, la automatización y el endurecimiento de criterios dejan fuera a miles de personas de apoyos básicos para vivir. En países nórdicos, históricamente presentados como modelos, los propios organismos internacionales advierten sobre medidas regresivas, más control, más coerción y menos autonomía.
No es solo un retroceso.
Es una decisión política.
Las personas con discapacidad hemos sido tratadas como una moneda de cambio: útiles para discursos, campañas y efemérides, pero prescindibles cuando llega el momento de asignar recursos, sostener mecanismos de vigilancia o garantizar derechos efectivos. Hemos tenido que esperar a que “se pueda” cumplir la ley, como si nuestra existencia fuera opcional y nuestros derechos negociables.
El mensaje es claro:
si se puede recortar, se recorta.
si se puede auditar, se audita.
si se puede dudar de nuestra condición, se duda.
Y así, con recortes, tecnicismos y con un modelo profundamente eugenésico, se nos sigue intentando invalidar, confinar y olvidar.
No somos una pandemia.
No somos un gasto innecesario.
No somos un error del sistema.
Somos personas que gritamos desde donde se pueda y como se pueda, porque nuestro valor no puede depender de un certificado médico, de un funcionario, de un doctor o de una creencia económica. Hemos existido siempre y vamos a seguir existiendo, aunque este mundo se vuelva cada vez más hostil, más cruel y más excluyente.
Las personas con discapacidad vamos a existir con o sin su aprobación,
sin su permiso,
sin su beca,
sin su pensión,
sin su narrativa de “eficiencia”.
Resistimos, sí.
Pero no para seguir quedándonos atrás.
Porque esto no es solo un retroceso.
Es el intento sistemático de ahorrarse la molestia de que existamos como política pública.
Y frente a eso, no hay recorte que nos desaparezca.





