“Nos han enseñado mucho”: Lenia Batres proyecta cambios a su propuesta tras 15 horas de audiencia con pcd

Fecha de publicación: 28/Octubre/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Tras 15 horas de diálogo, el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la audiencia pública en la que colectivos de personas con discapacidad, defensores de derechos humanos, activistas y autoridades expusieron sus inquietudes respecto de la nueva propuesta de criterio que la ministra Lenia Batres impulsa: No considerar la falta de consulta a este sector como “causa suficiente de invalidez constitucional”.

En otras palabras, se pronunció por abandonar el principio que desechaba en automático normas por omisiones en el proceso legislativo (pues recordemos que el derecho de consulta en la elaboración en leyes y políticas públicas está contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Constitución Política, por tanto, es obligatorio). Lo anterior en razón de que múltiples leyes, que a su juicio resultaban benéficas y progresistas, fueron frenadas. 

Desde el 7 de octubre, cuando sometió ante el pleno su consideración de cambio de criterio, el hecho generó movilizaciones. Colectivos sostuvieron una reunión en línea con la juzgadora para explicar la necesidad de las consultas, pues con independencia de las buenas intenciones o garantías que se obtengan de una iniciativa, los legisladores (en su GRAN mayoría personas SIN discapacidad) no pueden representar plenamente los intereses del grupo si no dialogan con los potencialmente beneficiados. 

Ante ello, el lunes 20 de octubre —primer día de la audiencia— Batres expuso una alternativa de criterio y pidió centrar la discusión en ella. Se basó en equiparar a las personas con discapacidad al nivel de ‘sujetos legitimados’. Es decir, que valiéndose del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los colectivos sean los únicos con la capacidad de solicitar —mediante la colecta de firmas— acciones de inconstitucionalidad a los entes que están facultados para ello: Presidencia de la República, las minorías en los congresos, las comisiones de derechos humanos, los partidos políticos (en materia electoral) y la Fiscalía General de la República (para casos penales). 

Esto se traduce en un doble candado: Ya no solo limita el actuar por oficio de los sujetos que pueden impugnar —en tanto no consulten a las personas con discapacidad si desean proceder o no, o ellas no se manifiesten por sí solas—, trasladando así la responsabilidad jurídica al ciudadano y su eventual coordinación con autoridades, sino que transforma el derecho a la consulta. Ya no será previa, ni parte forzosa del proceso legislativo (pues no habrá sanción de facto), sino que será celebrada sobre la base de proyectos o iniciativas ya concluidas, aprobadas y publicadas. 

“Lo que al final se traduce en una sola pregunta capacitista, paternalista y limitada: ‘¿Quieres que impugne a tu nombre ésta norma ya proyectada?’”, dijo Francisco Munguía, de Yo También.

Decenas de participantes manifestaron que la medida, además de regresiva, generaría una carga en la sociedad civil al tener que dar seguimiento puntual a cada uno de los dictámenes emitidos por los congresos locales y federales, en contextos en los que los recursos humanos y materiales son escasos, y la discriminación estructural coloca barreras adicionales en el proceso de defensa. 

Batres proyecta modificaciones, aunque sigue pendiente criterio sustituto

Tras escuchar los posicionamientos de 84 oradores, la ministra Batres comentó: “Con humildad les digo que nos han enseñado mucho”.

En relación a las demandas, reconoció que su propuesta complejiza el acceso a la justicia y el cumplimento de derechos, por lo que adelantó que junto con las ministras y ministros evaluará el mejor escenario para garantizar la participación de esta población. No obstante, no se desistió de abandonar el anterior criterio. Por el contrario, sugirió que las funciones de consulta sean absorbidas por las comisiones de derechos humanos como alternativa. 

“El tema no es sencillo (…) Tengan la certeza de que nos sentaremos a analizar los temas que plantean. Me hicieron ver que no implica una labor tan sencilla y no les estábamos en realidad generando una facilidad, sino al contrario —quizá— una complicación al reconocerles a ustedes la legitimación a la hora de presentar cualquier acción de inconstitucionalidad por cualquier sujeto legitimado. Sin embargo hay muchas variaciones de eso y nos toca a nosotros hacer ese análisis, porque también hay defensorías públicas que pueden elaborar demandas, la propia comisión de derechos humanos puede acercarse a consultarles”, dijo.

Lo anterior en un escenario en el que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención —contenido en la CNDH— no contará, por primera vez desde su creación en 2016, con un presupuesto para sus funciones en 2026. Además, en un contexto en el que la CNDH ha reducido el número de atenciones, asesorías y recomendaciones. 

Por último, negó que el cambio de criterio responda al desconocimiento del derecho a la consulta como obligación del Estado, o que se trate de suplir la voluntad de las personas con discapacidad al ser las y los ministros sin discapacidad los que finalmente determinen la validez o invalidez de proyectos. 

“Vamos a tratar de serles leales a su sentir, a su pensar”, concluyó. 

📢 Les comparto una de mis intervenciones durante la Primera Audiencia sobre la invalidez de normas por falta de consulta a personas con discapacidad.

No tengan duda: mi compromiso es con ustedes, con la justicia y, sobre todo, con la defensa de los derechos de los sectores más… pic.twitter.com/PZ4AklAJ0y

— Lenia Batres (@LeniaBatres) October 26, 2025

Palabras del ministro presidente dejan dudas

Para clausurar la audiencia pública, el ministro presidente Hugo Aguilar dijo comprender el activismo generado a partir del caso, pues “me toca estar de este lado (en referencia a su actual cargo), pero también estuve de ese lado (como parte de la sociedad civil)”. 

Hizo una comparación entre la situación que viven las personas con discapacidad y las personas originarias de pueblos y comunidades indígenas; ambos grupos sociales sujetos de consulta cuando de proyectos que les impacten se trata. 

“Es un derecho que compartimos”, señaló.

Sin embargo, aclaró que él comparte la postura de la ministra Lenia, y explicó que en el caso de pueblos y comunidades se llegó “al extremo” de considerar la consulta como “el requisito de esencia”. 

Añadió que la Corte invalidó múltiples decretos favorables por la omisión del requisito. 

“Entonces en lugar de ayudarnos, nos perjudicaba (…) lo que estoy diciendo es que en muchos casos hay avances sustantivos que incluso tocan con el estándar internacional”. 

Finalmente —y remitiéndose al derecho al territorio de los pueblos— calificó la consulta como un exceso, pues se trata de una demanda histórica. 

“Estoy seguro que vamos a encontrar la fórmula adecuada para encontrar el equilibrio de derechos que les permita gozar plenamente de los derechos fundamentales”, concluyó.

El resto de ministros parecen ir en contra de la propuesta de Batres 

Al concluir la audiencia, los ministros presentes ofrecieron un mensaje final en el que de forma un tanto implícita fijaron postura. La primera en tomar el micrófono fue la ministra Sara Irene Herrerías, quien reconoció la expertise de los oradores y la calificó de valiosa para la toma de decisiones. 

“El derecho y la experiencia deben orientar las decisiones de esta Corte y no únicamente los argumentos de las autoridades (…) La justicia necesita de una mirada sensible y empática”.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa señaló: “Este diálogo servirá para nosotros como reflexión. Tengan la seguridad que la decisión que tomemos debe tener por objetivo garantizar el ejercicio de sus derechos en plenitud para que vivan con dignidad”. 

La ministra Yasmín Esquivel —única que votó en contra de abandonar el anterior criterio, y que en otros momentos dejó saber su clara oposición— catalogó la audiencia como enriquecedora. 

“Ha sido para mi enriquecedor que alcen su voz para visibilizar los problemas que enfrentan (…) como integrante de la Corte, les ofrezco tener presente y aprovechar todas sus intervenciones en cada uno de los casos que ahora en adelante tengamos que resolver. No solo desde la frialdad de un expediente, sino pensando en que detrás de cada uno de ellos hay personas que demandan la atención del estado y fomentar que las leyes sean producto de haberles escuchado previamente; de un ejercicio del derecho convencional que les asiste”. 

“Escuchar antes de decidir, ese ha sido el compromiso de quienes integramos esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. No debemos olvidar que este ejercicio fue convocado precisamente para eso: para que de la mano de ustedes tomemos una decisión justa acorde a su realidad”. 

Finalmente, el ministro Giovanni Figueroa se pronunció por no avalar que los congresos no celebren las consultas, pues “su implementación no puede ser discrecional (…) No podemos reconocer la validez de leyes que se crearon sin consulta sólo porque nosotros consideremos que esas leyes son benéficas para ustedes”, dijo.