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La política es cíclica, la reputación empresarial no necesariamente: el impacto en diversidad, equidad e inclusión de las órdenes ejecutivas de Trump
Fecha de publicación: 13/Febrero/2025 | Autor: Mauricio Ariza
A finales de enero, la Casa Blanca emitió una serie de órdenes ejecutivas que están transformando el panorama de la diversidad, equidad e inclusión (DEI). Empresas de diversos sectores, industrias y tamaños han comenzado a modificar sus estrategias internas de DEI, cambiando su visibilidad, compromiso público, metas de contratación o su participación en certificaciones específicas. Estas acciones se producen en un contexto de creciente incertidumbre sobre el alcance de estas medidas impulsadas por el presidente estadounidense Trump y la reacción del mercado.
De manera casi inmediata, las decisiones tomadas han impactado a personas de grupos históricamente discriminados, incluyendo a aquellas que viven con algún tipo de discapacidad. El capacitismo promovido por el presidente Trump no es nuevo; se manifiesta a través de afirmaciones peligrosas que refuerzan estereotipos y estigmas.
Recientemente, tras un accidente aéreo sobre el Río Potomac, el presidente estadounidense afirmó en una conferencia de prensa que tanto la administración de Joe Biden como la de Barack Obama había contratado intencionalmente a personas que viven con discapacidad como controladores aéreos, culpándolas de la tragedia. Este tipo de declaraciones alimenta estereotipos negativos y margina al grupo poblacional.
Es crucial destacar que, al hablar de personas con discapacidad —sin considerar otros elementos identitarios y sus interseccionalidades— nos referimos a más de 44 millones de personas en Estados Unidos, según el censo de 2022. De estas, más de nueve millones están empleadas o forman parte de la fuerza laboral, sin contar a las personas cuidadoras y sus redes de apoyo y su papel como consumidores.
En ese sentido, de acuerdo con el informe de mercado 2024 del grupo Return on Disability, se estima que el mercado global relacionado con la discapacidad posee un impresionante poder de gasto de 18.3 billones de dólares, lo que refleja a su vez el potencial económico de las personas con discapacidad, así como de sus cuidadores y aliados. Desde una perspectiva empresarial, ignorar este mercado no parece ser una decisión inteligente, ya que alinearse con la narrativa política actual podría tener repercusiones negativas a largo plazo en la reputación y la marca empleadora.
Ante estas medidas que generan incertidumbre sobre la continuidad de proyectos —en particular las aspiraciones en materia de contratación— es fundamental resaltar el impacto económico y de prestigio de las empresas que han anunciado públicamente un retroceso en sus esfuerzos de DEI. Muchas de estas organizaciones, bajo el pretexto de cumplir con las órdenes ejecutivas, están pasando por alto las posibles penalizaciones sociales y reputacionales que sus marcas enfrentarán.
La política es cíclica, y no hay garantía de que esta narrativa confrontativa hacia la diversidad se mantenga después del mandato de Trump. Esto plantea dudas sobre si, al finalizar este periodo presidencial, las empresas volverán a ser vocales en sus esfuerzos de inclusión, lo que podría ser percibido como tokenismo (práctica de incluir y dar participación a grupos y colectivos minoritarios, pero solo de manera simbólica y superficial) o instrumentalización de los grupos poblacionales.
En cuanto a las órdenes ejecutivas, aquellas que anteriormente promovían esfuerzos dentro de la administración pública ahora han sido suspendidas, es crucial evaluar el impacto real que esto tendrá en la inclusión de personas con discapacidad. Según la Rehabilitation Act, se protegen las acciones afirmativas para este grupo, estableciendo una meta de por lo menos un 12 por ciento de personas con esta condición en las agencias gubernamentales. No obstante, la aplicación de esta ley podría verse comprometida, lo que afectaría las garantías de este grupo poblacional.
Además, los contratistas federales, es decir, las empresas o proveedores de servicios al gobierno federal, deben cumplir con una meta aspiracional del siete por ciento de contratación de personas con discapacidad, de acuerdo con la misma ley.
Conforme los alcances que tengan estas órdenes ejecutivas vayan cristalizándose se entenderá mejor la manera en la cual se pueda contrarrestarlas de manera no confrontativa desde el plano empresarial. Los derechos humanos son progresivos y pareciera que la acción de muchas empresas está siendo reactiva e inmediata sin tomar en cuenta los riesgos legales, en marca y en credibilidad que vayan a tener más adelante así como la respuesta por parte de la sociedad.
Politólogo y administrador público, Mauricio Ariza es especialista en derechos humanos, diversidad equidad e inclusión laboral. Su experiencia abarca Instituciones y organizaciones en los sectores publico, privado y social, incluyendo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo entre otros.
Se desempeña como presidente del Consejo Consultivo de Género y Desarrollo, GENDES A.C, Co-Presidente del Grupo LGBT+ de la Cámara Británica de Comercio en México y Coordinador del Comité de Inclusión de la Cámara Alemana de Comercio en México.
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