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“Me tomaron el pelo, caí redondita”: Cecilia Armengol sobre su eliminación como candidata al Poder Judicial por razón de género y discapacidad
Fecha de publicación: 31/Marzo/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
Este domingo 30 de marzo iniciaron las campañas para la Elección Judicial. Sin embargo, no todas las candidaturas pudieron arrancar con el ejercicio. Apenas unos días antes el Instituto Nacional Electoral (INE) eliminó de sus listas a personas que lograron con éxito aprobar cada uno de los filtros —incluida la tómbola— sin notificar formalmente la decisión ni motivos a los afectados.
Tal es el caso de la magistrada en funciones Cecilia Armengol, cuyo escenario se complica al profundizar en su contexto personal. Ella es madre soltera de tres hijos, uno de ellos —Jaime— vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por lo tanto, es una mujer cuidadora de una persona con discapacidad que destina cerca del 60 por ciento de sus ingresos en la red de apoyos que le permiten a ella y su familia una mejor calidad de vida. En ese paquete se incluyen ajustes razonables, educación, terapias de Jaime y más servicios de cuidados para sus hijos.
Como parte de sus derechos político-electorales, Armengol decidió participar en la elección judicial y mediante el voto ganar de nueva cuenta su plaza como magistrada obtenida vía concurso en 2021 tras 15 años de carrera judicial. Fue considerada por dos comités como persona idónea, y la suerte la acompañó en la tómbola, pero ahora el INE —sin aparente razón— le prohibió la actuación dejándola en una situación de indefensión, pues al aceptar haber sido partícipe del electoral en automático renunció a su indemnización por despido (parte de las reglas).
Ahora que tampoco podrá contender de forma democrática, perdió también la indemnización que la ley garantiza para las personas en funciones que optaron por la elección y en su caso no resulten ganadoras. El panorama es: no tiene derecho a liquidación por no haber renunciado al cargo, tampoco lo puede obtener a través de su derrota en las urnas porque está impedida de aparecer en boletas, y al no ser candidata no puede recuperar su plaza.
Aquí un poco de su historia.
Consejo de la Judicatura no considera su situación como cuidadora
Todo comenzó el 12 de octubre cuando el Senado de la República celebró en sesión la insaculación de cargos judiciales con el fin de determinar aquellos que irían a elección en 2025. El congreso concluyó que las plazas listadas con números nones serían las seleccionadas para participar en el proceso electoral. Fue entonces que el puesto de la magistrada Armengol entró a los comicios.
Es importante señalar que los listados para los diferentes cargos con los que el Senado elaboró el sorteo fueron proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de garantizar la administración y correcto funcionamiento de los juzgados y tribunales que conforman al Poder Judicial.
Para magistraturas (labor que Armengol desempeña) el CJF no hizo ningún tipo de acotación, por lo que la tómbola se ejecutó sin mayores contratiempos. No obstante, en el listado de juezas, el consejo advirtió que 15 mujeres estaban bajo el supuesto de “condición de maternidad”. De ellas, ocho fueron insaculadas para dejar sus puestos a partir de este año —o en su defecto participar en la elección para recuperarlo con el voto—, por lo que la mesa directiva, encabezada por el senador presidente Gerardo Fernández Noroña, propuso a los parlamentarios votar para que ese grupo permaneciera dentro del Poder Judicial hasta el 2027.
Hubo una serie de intervenciones donde senadores pidieron al presidente explicar el concepto “condición de maternidad” (mismo que se buscaba reservar como parte de la protección a datos personales) para tomar una decisión informada y certera. Entre las incógnitas vertidas destacó si se trataba de mujeres con licencia de maternidad activa, hijos recién nacidos o incluso madres de personas con discapacidad.
Para evitar confusiones, Noroña dio lectura a la categoría que el CJF asignó: “Personas juzgadoras que se encuentran en etapa de embarazo y lactancia de hijos menores de dos años”. Aclarado el punto se votó por unanimidad excluirlas del proceso para salvaguardar sus derechos, pero dada la definición del Consejo de la Judicatura, quedaron por fuera aquellas madres cuidadoras de infancias con discapacidad.
Por su parte, la senadora Martha Lucía Mícher explicó que si bien ser madre no es un estado de vulnerabilidad per se, la decisión se tomó partir de una perspectiva de género y en función de la desventaja o la “no competición en igualdad de oportunidades” que implicaría para esas mujeres por lo demandante que es la labor de madre los primeros años de vida de los hijos.
Fue entonces que la magistrada Armengol se puso en contacto con el Senado para notificar que aunque no era parte de las mujeres “en condición de maternidad”, sí tenía una situación particular como madre cuidadora de un niño con autismo, lo que dice debió ser informado de inicio por el CJF. Además, la magistrada acompañó esta acción de una demanda ante el Tribunal Electoral, pero la sentencia no fue favorable pues este organismo respondió que las acciones afirmativas no son obligatorias.
Como resultado de este primer incidente, Armengol decidió continuar el proceso de elección con las reglas y posibilidades que había en la mesa.
La búsqueda de una red de apoyo, el segundo obstáculo
A raíz de su contexto familiar, la magistrada Armengol se divorció hace más de tres años, lo que la convierte en el sostén de su familia, conformada por ella y sus tres hijos —entre ellos Jaime—. Por lo anterior, y para mayor bienestar, desde 2021 (cuando ganó su plaza) buscó su cambio a Guadalajara, de donde es originaria y donde radica su familia.
“Aquí (en CDMX) estoy prácticamente sola, necesito mi red de apoyo”, comentó.
Sin embargo, por cuestiones administrativas debía esperar tres años para solicitar la permuta, mismos que se cumplieron en septiembre de 2024 cuando se aprobó la reforma, por lo que esa opción quedó sin efectos. Ya como potencial candidata, solicitó al Senado competir por un distrito en Jalisco y no por el que actualmente ostenta en CDMX.
No hubo respuesta del Congreso, pero tras ello apareció en dos listas particulares. Una de “salvaguarda de derechos político-electorales”, que es un mecanismo de protección a los mismos, y en una lista de “lactancia”.
“Ahí aparezco como si yo lactara a mi hijo de 10 años, pero bueno, de eso a nada…”, añadió.
Ya en listas, Armengol siguió el curso de la elección cumpliendo con las reglas que el Senado implementó sobre la marcha, hecho que calificó como “tortuoso, como una tortura psicológica” a partir del estrés que genera el ser una magistrada en funciones, con una carga considerable de trabajo, con tiempos ajustados y peticiones de los comités de evaluación por atender; todo en un ambiente donde tu puesto e ingreso económico están en juego.
Poder judicial, el primero en darle la espalda
Sumado a las desconsideraciones que el CJF tuvo al no notificar sobre su condición de mujer, madre soltera y cuidadora de una infancia con discapacidad, en diciembre la magistrada fue eliminada por el comité de evaluación del Poder Judicial (contenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación) por “no probar sus años de experiencia profesional”.
Es decir, una magistrada con ahora 18 años de carrera judicial dentro de este poder, en funciones, trabajando actualmente, en nómina, fue catalogada como “no elegible” pues no lograron comprobar su experiencia.
“Dije: ‘Órale, pues si estoy trabajando dentro del Poder Judicial. Para llegar a ser magistrada tuve que tener siete años de experiencia’. Pero como que eso se les olvidó. También se les olvidó que estaba en una salvaguarda de derechos político-electorales, que estaba en una lista de lactancia…”.
Presentó una segunda demanda ante el tribunal con la finalidad de ampararse y evitar ser eliminada por su condición de género y su condición asociada a un tema de discapacidad por cuidados, pero de nueva cuenta el órgano dio una respuesta desfavorable.
“No te estudio porque ese no fue el motivo por el que te sacaron, sino por no haber demostrado su experiencia laboral”.
Discriminación disfrazada de acción afirmativa
Ya con el proceso avanzado, el 13 de diciembre el Senado publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que pidió ratificar a todas las candidaturas asociadas con un circuito distinto al que actualmente se desempeñan su intención de contender, y a quienes presentaban alguna condición de vulnerabilidad informarlo para que el congreso considerara cambiar esas plazas por la que quedaron reservadas para el 2027.
“Esta no es una acción afirmativa, mucho menos con la reforma al artículo 4º constitucional de ‘igualdad sustantiva’, que dice que las mujeres debemos tener igualdad de condiciones para acceder a un cargo público. ¿Entonces por qué me difieres hasta ahorita si ya estoy contendiendo?”, añadió.
Armengol pasó la fase de entrevistas con los comités del Poder Ejecutivo y el Legislativo, la consideraron “persona idónea”, libró el proceso de la tómbola y por tanto se convirtió oficialmente en candidata.
El Senado envió dos listas los días 12 y 15 de febrero en donde apareció como candidata. El INE publicó una lista condensada titulada “preliminar” donde de nueva cuenta ella estaba contemplada, pero para el 21 de marzo, al consultar la lista “definitiva”, desapareció: ya no es candidata. ¿Qué pasó?
INE, el menos facultado, elimina de la contienda a magistrada
El INE solicitó la presencia de Armengol en una junta distrital en Jalisco como respuesta a su solicitud de cambio para que una vez más ratificara su intención de ser candidata, a lo que ella respondió que le resultaba imposible acudir desde CDMX ya que sigue en funciones y para salir del circuito al que está adscrita requiere de una licencia. Además, por sus hijos —particularmente por Jaime— no puede desplazarse fácilmente.
Ante la situación se mostraron flexibles y tomaron sus datos vía telefónica, aunque le advirtieron estar pendiente de su correo. El correo era para informarle que podía ratificar su decisión en una junta distrital de la capital del país.
Al día siguiente, un sábado por la mañana, llegó personal del INE a su domicilio y de nueva cuenta le pidieron acudir a la brevedad a la junta distrital. Por las condiciones y la premura, Armengol no tenía quien cuidara de sus hijos. El personal del INE no tenía facultades para tomar la ratificación en su domicilio, pero le indicaron que podía ir a la junta más cercana antes del mediodía.
Ya en el sitio la hicieron esperar más de dos horas en un ambiente poco amigable para personas con autismo, lo que generó un tanto de alteración en Jaime, hecho por el que su madre se percató que estaba causando la molestia de los trabajadores.
“Tengo mi acta circunstanciada, ratifiqué, hice todo lo que me pidieron”.
Finalmente el viernes 21 de marzo el INE hizo la división de distritos electorales, emitió la lista “definitiva” y eliminó a Armengol como candidata. Por tercera ocasión acudió al Tribunal electoral no con el fin de reincorporarse como candidata porque ella misma sabía que por lo avanzado del proceso el órgano desecharía su solicitud, sino que pidió se le indemnizara conforme al artículo décimo transitorio de la reforma al Poder Judicial.
“Creo que influyó mucho que yo fuera a ratificar con mis hijos. Pienso ¿qué hubiera pasado si hubiera ido sola? Creo que me habrían tratado diferente”.
El tribunal respondió que no podía hacer nada por lo avanzado del proceso, y calificó el actuar del INE como una decisión “soberana” en la que no pueden intervenir. Para justificar su sentencia citó una tesis que hace referencia a la forma anterior de elección de estos cargos: por concurso o terna, ignorando que ya no es así, sino que tras la reforma es un voto directo de la ciudadanía, algo contradictorio e ilógico.
“¿Será que me sacaron en una actitud paternalista del INE y el Estado mexicano para protegerme como mamá cuidadora? Pues no, porque a otras personas a las que sí les permitieron quedarse hasta el 2027 también les dieron la oportunidad de contender (…) solo yo ya no estoy”, expresó.
Intentó comunicarse con el INE a través de un teléfono de contacto para conocer los motivos del órgano, pero no ha recibido respuesta. Finalmente, basada en el artículo octavo constitucional solicitará su “derecho de petición” que es la obligación de las autoridades de dictar un término peticionario.
“Que me contesten cuál fue la razón. Yo puedo hacer muchas suposiciones: Una, les caí mal a los de la junta y no enviaron mi expediente; otra, puede ser que me querían proteger en una actitud paternalista y discriminatoria; y la otra puede ser que la salvaguarda de derechos políticos electorales me resultó contraproducente. No lo sé”.
“Siento que me tomaron el pelo, caí redondita entrando al procedimiento electoral (…) de haber sabido mejor declino desde octubre y ya, me hubiera ahorrado mucha angustia. No lo hice, yo creí, fui de buena fe haciendo las cosas y ahorita sé que de buena fe no me van a dar nada”, concluyó.
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