Caso ‘Fernandito’: la muestra de que la discriminación sistemática cuesta vidas

Desde la imposibilidad de estudiar, pasando por la negativa de un empleo y precariedad económica, hasta el asesinato de un niño; el extremo de la discriminación sistemática

Fecha de publicación: 13/Agosto/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Noemí es una mujer con discapacidad, manifestada en la dificultad para comunicarse de manera verbal. También es madre de Fernando, el niño de cinco años habitante del municipio de La Paz, Estado de México, que fue raptado y posteriormente asesinado como saldo de una deuda de mil pesos que no pudo cubrir. 

El infante fue sustraído de su hogar a modo de garantía el lunes 28 de julio. Al día siguiente, Noemí acudió a las oficinas municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con la finalidad de denunciar el hecho, lugar donde no solo se le negó la atención, sino el propio ingreso. Por esa razón su acercamiento no quedó registrado en el “libro de gobierno”, lo que sirvió de argumento para que el director Mario Cristalinas intentara calificar de falsa la solicitud de auxilio. 

Más tarde, la mujer fue a un módulo de la policía municipal, pero también fue ignorada. Como tercera vía, el 3 de agosto —alrededor de las 14:00 horas— se acercó a la fiscalía regional de Los Reyes, donde el ministerio público desestimó la acusación por “no ser de su jurisdicción”. Finalmente, fue enviada a ‘Ciudad Mujeres’, donde tras una semana pudo presentar formalmente la denuncia; el lunes 4 de agosto.  

Agentes de investigación acudieron a la vecindad en la que retuvieron al menor solo para encontrarlo muerto. De acuerdo con la necropsia, ‘Fernandito’ (como se le ha denominado en redes) murió a causa de golpes contundentes en el cráneo cuatro días antes de su hallazgo. Esto indica que, de haber sido escuchada y atendida por las autoridades desde la primera denuncia, Noemí tendría a su hijo con vida. 

Pero, ¿por qué tres distintas autoridades ignoraron la petición de auxilio de la madre? La respuesta: su discapacidad, su limitación para comunicarse de manera “convencional”. Esto deja de manifiesto la urgencia de capacitación para la adecuada y expedita atención de poblaciones en estado de vulnerabilidad. Pero este caso va mucho más allá. Retrata la violencia y discriminación sistemática que viven las personas con discapacidad.

Esta es la historia de una mujer con discapacidad que por ser excluida del sistema educativo, del mercado laboral, vivir en condición de pobreza y enfrentarse a la inaccesibilidad del sistema judicial, hoy perdió a un hijo. 

Recurrir a préstamos, la salida a la segregación económica 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, en México hay 86 millones 283 mil 911 personas receptoras de ingresos monetarios. De estas, 7 millones 850 mil 842 viven con alguna discapacidad, lo que representa el 9.09 por ciento del total.

El levantamiento arroja estimaciones del flujo económico por grupo poblacional: mientras que las personas SIN discapacidad perciben un ingreso promedio trimestral de 31 mil 098 pesos, las personas CON discapacidad generan apenas 20 mil 782 pesos trimestrales; 33 por ciento menos. 

Sin embargo, al concentrarnos por tipo de limitante o condición la cifra disminuye aún más. Hay 930 mil 130 personas que viven con dificultades para hablar o comunicarse —tal es el caso Noemí, madre de Fernando—, cuyo promedio trimestral de ingresos es de apenas 15 mil 661 pesos. Esto equivale al 50.3 por ciento de lo generado por aquellas sin ningún tipo de discapacidad y una cifra 24 por ciento menor que el promedio global de quienes viven con alguna condición. 

Hablamos de tan solo 5 mil 220.3 pesos mensuales, completamente alejados de los 20 mil 436 pesos de gasto corriente al mes que en promedio se registraron en los hogares mexicanos. De hecho, se ubica como la segunda categoría de ingresos más baja solo por detrás de “discapacidad no especificada”, que ostenta una media de 9 mil 345 pesos trimestrales. 

60% de personas con discapacidad fuera del mercado laboral

La problemática también radica en el reducido número de personas que realmente perciben ingresos, producto de la discriminación en el sector económico. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en el país había 19 millones 425 mil 294 personas con discapacidad, limitaciones o condiciones de salud mental mayores de 15 años. La encuesta de ingresos ya citada parte de una población mínima de 12 años, y si bien tenemos una diferencia en la división de grupos etarios que no permite comparar con exactitud (15-19 y 12-19, respectivamente) lo cierto es que deja de manifiesto el limitado número de personas con discapacidad que son perceptoras de ingresos. 

Solo 7.8 millones están en el supuesto de recibir recursos, ya sea por trabajo, renta o transferencia. Esto significa que 11.5 millones quedan por fuera: el 59.58 por ciento.

Noemí es una de esas personas que están relegadas del campo laboral, así lo han señalado familiares en entrevistas para múltiples medios de comunicación. Ante ello —según relatan— se ha visto obligada a solicitar apoyo económico en las calles. Y queremos resaltar la palabra “OBLIGADA”, ya que el sector no está adaptado ni capacitado. Resulta en espacios de trabajo discriminatorios, excluyentes y hostiles. 

Contemplando un universo de 4.2 millones de personas con discapacidad —del que hay que ser cautelosos— la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 revela que:

• 664 mil 864 consideran que existe falta de oportunidades para encontrar empleo
• 2 millones 652 mil 881 sienten discriminación al buscar empleo
• A 374 mil 954 les negaron la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso

¿Cómo conseguir un empleo sin educación? El doble reto de las pcd 

Otro de los aspectos que evidencia la discriminación sistemática que hoy da como resultado este lamentable hecho es la segregación escolar y violación del derecho a una educación integral, inclusiva y adaptada. 

Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021 —la más reciente—, 300 mil personas entre 6 y 29 años NUNCA han asistido a la escuela. De estas, por lo menos 96 mil 572 señalan como motivo el vivir con una discapacidad física o mental.  La mayor concentración en relación con su total es el grupo de 12 a 14 años, con el 70.2 por ciento indicando esta como razón de ausencia en las aulas. 

El caso de Noemí es un tanto distinto, pero no por ello menos excluyente. Ella sí ingresó a la escuela, pero sólo cursó hasta secundaria. El último informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 2024 admite que entre las características que marcan mayores brechas está la discapacidad. 

Mientras el 83 por ciento de los estudiantes entre 15 y 17 años SIN discapacidad concluyeron el nivel básico y son personas “atendibles” en educación media superior, solo 60.8 por ciento de los estudiantes CON discapacidad lo lograron; una brecha de 22.2 puntos. Se traduce en una disminución de cuatro puntos en relación con la penúltima medición de 2020, cuando el porcentaje se ubicó en 64.8 contra 81.7; una diferencia de sólo 16.9 puntos. Esto muestra entonces que la brecha va a la alza, con un incremento entre informes de 5.3 por ciento. 

Además, el grado de escolaridad promedio de la población de 15 años o más CON alguna condición de discapacidad se ubica en 6.0, lo que equivale a solo haber concluido la educación primaria (el indicador refiere o representa los años cursados por el grupo focal). Por su parte, la población SIN discapacidad mantiene una escolaridad de 10.1 grados, es decir, cursa el segundo año de bachillerato: un periodo (secundaria) completo de separación.

En relación a la discriminación que se vive en los planteles: 

• 1 millón 453 mil personas con discapacidad declararon ser relegadas en escuelas 
• 1 millón 191 mil considera que no se tiene la preparación en planteles para garantizar su independencia
• A 42 mil 152 le negaron la posibilidad de estudiar o seguir estudiando en los últimos 5 años

Un sistema de justicia inaccesible 

Finalmente, sobre las omisiones cometidas por las autoridades en el caso de Fernando, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —que México firmó y ratificó— reconoce en su artículo 13 la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad proporcionando los ajustes sustantivos que sean necesarios. Además, se lee: 

“A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.

Sin embargo, esto sólo queda en papel, ya que observaciones realizadas por el Comité de las Naciones Unidas a nuestro país —analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— muestran que a la fecha aún hay barreras en la materia.

Entre los obstáculos destacan las dificultades de accesibilidad física a las instalaciones de administración de justicia; la falta de transporte accesible hacia y desde estas instalaciones; los retos para acceder a la asistencia y representación jurídicas; la no disponibilidad de información en formatos accesibles; las actitudes paternalistas o negativas que cuestionan la capacidad para participar en todas las fases de la administración de justicia; y la falta de formación de los profesionales que trabajan en la esfera. 

Incluso, el informe apunta enormes riesgos de consecuencias negativas como confesiones falsas, veredictos erróneos o situaciones de privación ilícita de libertad. 

Lo anterior es respaldado con más cifras sobre violencia: 

• 106 mil 585 personas con discapacidad refieren la ausencia de trato justo frente a la autoridad
• 1 millón 971 mil vivieron discriminación en oficinas o servicios de gobierno 
• 1 millón 524 mil vivieron discriminación en juzgados o tribunales
• 3 millones 181 mil 222 piensan que no hay la preparación suficiente para su atención en oficinas de gobierno, tribunales o juzgados
• 96 mil 474 han experimentado discriminación en la policía, ministerio público o fiscalía en el último año 

Noemí es una de esas víctimas de discriminación. Su historia es la expresión clara de que la inaccesibilidad, segregación y exclusión sistemática matan.