Especialistas y activistas urgen al Senado frenar el limbo jurídico por aplazamiento del CNPCyF

Ante la minuta de Diputados que busca postergar hasta 2031 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, especialistas, notarios y colectivos exigieron en el Senado activar los apoyos para la capacidad jurídica en abril de 2027. La Comisión de Justicia, encabezada por Javier Corral, abrió la puerta para modificar la reforma y evitar un grave limbo legal para millones de personas.

Fecha de publicación: 12/Noviembre/2026 | Autor: Redacción Yo También

La tarde de este miércoles 11 de noviembre, la Comisión de Justicia del Senado de la República —presidida por Javier Corral Jurado— abrió sus puertas para escuchar una demanda urgente: no dejar en el limbo legal los derechos de millones de personas con discapacidad y personas mayores ante la minuta enviada por la Cámara de Diputados que pretende postergar hasta 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).

En un diálogo que no se había logrado abrir en San Lázaro, especialistas del derecho, integrantes del notariado y representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en una exigencia mínima e inaplazable: si bien la implementación total del Código puede requerir más tiempo, el procedimiento extraordinario de designación de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica debe entrar en vigor en abril de 2027, y no esperar cuatro años más.

El limbo legal: entre un sistema derogado y otro que no nace

Desde el inicio de la jornada, el diagnóstico de quienes litigian y acompañan casos reales fue contundente: México atraviesa una grave contradicción jurídica. Aunque la figura de la interdicción —que sustituía la voluntad de las personas— ya desapareció, los nuevos mecanismos de apoyo previstos en el Código Nacional aún no operan.

María Fernanda Pinkus Aguilar advirtió que hoy existe un derecho reconocido en papel que no puede ejercerse en la práctica, por lo que urgió a una entrada en vigor escalonada. “Si no, las personas con discapacidad seguirán rebotando entre bancos e instituciones de seguridad social que les piden tener interdicción y los juzgados que les dicen que ya no existe”, alertó.

Para ilustrar el costo humano de esta parálisis legislativa, Paula Méndez, consejera de Documenta A.C., expuso el caso de Rosario, una mujer de 85 años que buscaba vender una propiedad para financiar su vejez y que hoy, tras perder la capacidad de hablar, mantiene a su familia atrapada entre dos sistemas: “uno que ya dejamos atrás (la interdicción) y otro que aún no entra en vigor”.

Desde el ámbito notarial, Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, reconoció la apertura del Senado y señaló que atender esta problemática es una cuestión de “voluntad política y sensibilidad”. Sobre la deuda histórica de justicia social con esta población, sentenció: “No hemos dado ni el enganche como país”.

En la misma línea, el notario 68, Ricardo Gutiérrez Pérez, propuso establecer en el régimen transitorio un “piso nacional de garantías” para que las reglas claras sobre apoyos, salvaguardias y accesibilidad entren en vigor el 1 de abril de 2027.

Exigencias técnicas y de derechos humanos

A lo largo de la mesa, las voces expertas fueron sumando argumentos técnicos y de derechos humanos:

• Patricia Villa Berger (investigadora del CEJA) planteó cinco puntos clave en los artículos transitorios, señalando que hay temas urgentes que no pueden aguardar hasta 2031.
• Amalia Gamio (experta independiente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU) recordó que, aunque México impulsó el Artículo 12 de la Convención sobre capacidad jurídica, persisten pendientes graves —como el caso de Arturo Medina Vela—, por lo que urgió a activar el procedimiento extraordinario de apoyos el próximo año.
• Sabela Patricia Asain, jueza de lo familiar en retiro que participó a distancia desde Chihuahua, afirmó que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que la interdicción no existe, no trazó un camino uniforme para las alternativas. “Es necesario darle color a las barreras invisibles para poderlas derribar”, subrayó.
• Ernesto Rosas, abogado, activista y representante de CONFE, presentó la numeralia de los millones de personas que se beneficiarían directamente si el procedimiento extraordinario entra en vigor en 2027.
• Carlos Ríos Espinosa (del colectivo Decidir es mi Derecho) abrió su intervención recordando que “el derecho por sí mismo no transforma la realidad”, y defendió la necesidad de respetar y honrar la voluntad de una persona incluso si se encuentra en estado de coma, tal como ya lo establecen los artículos 445 al 455 del CNPCyF.
• Asimismo, se sumaron las intervenciones de Nety Flores Barrios y de Víctor Lizama (Orgullo Loco), quien destacó la relevancia crucial de esta reforma para la población con discapacidad psicosocial, además de la participación de la periodista Katia D’Artigues, directora de Yo También.

Una deuda pendiente en la propia transmisión: la accesibilidad

Mientras en la sala se debatía sobre inclusión y eliminación de barreras, la propia transmisión oficial del evento evidenció los retos pendientes. Durante el desarrollo de la mesa, participantes señalaron que, pese a contar con una intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) presente en el recinto, su imagen no aparecía a cuadro ni en las transmisiones en redes sociales ni en la señal del Canal del Congreso, limitando el acceso informativo para la comunidad sorda.

Compromiso en el Senado para modificar la minuta

Al cierre de la sesión, el mensaje de los legisladores dejó una señal de esperanza para las organizaciones presentes. La senadora Alejandra Barrales aseguró que los planteamientos serán escuchados y advirtió que el aplazamiento “profundiza las afectaciones de las personas con discapacidad; de por sí hay un trayecto cuesta arriba y lo estamos haciendo más complicado”.

Por su parte, el senador Javier Corral adelantó la disposición de la Comisión de Justicia para buscar modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados y mejorar el régimen transitorio del Código Nacional, abriendo la puerta para evitar que el derecho a decidir de millones de personas siga en pausa hasta la próxima década.