Opinión
El símbolo y la pintura azul no garantizan derechos
Fecha de publicación: 04/Febrero/2026 | Autor: I Wheel Love U
Cada vez que hablamos de estacionamientos accesibles aparece el mismo coro:
“¿Y el transporte público?”, “Eso es un privilegio, hay gente que ni coche tiene”, “Primero que arreglen el metro”.
Y sí. Todo eso es verdad.
Pero usarlo como argumento para minimizar el derecho a un estacionamiento accesible es otra forma de exclusión, solo que envuelta en un discurso moral.
Hablar de cajones accesibles no es defender el coche. Es evidenciar una deuda estructural que el Estado tiene con las personas con discapacidad.
Y puede parecer egoísta tratar el tema desde las barreras que se enfrentan al usar una silla de ruedas, pero es justo ahí donde la exclusión se vuelve más visible: en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo que ocurre todos los días. Es quizá el ejemplo más tangible de esta deuda Estado-sociedad que sigue acumulando intereses en nuestro país.
Pero a ver, analicemos.
El transporte público no es una alternativa real
No en México.
No hoy.
No para la mayoría de las personas con discapacidad.
Nos han dicho que es muy “cochista” pelear por cajones de estacionamiento accesible. Que deberíamos usar transporte público.
Claro. Ese es justamente el punto.
En un país donde el transporte público no es universalmente accesible, donde no hay continuidad en la cadena de accesibilidad y donde no se garantiza autonomía, el automóvil no es una elección aspiracional.
Es, muchas veces, el único medio posible para ejercer derechos básicos: trabajar, estudiar, atender la salud, participar en la vida social.
Hablar desde el coche no es egoísmo.
Es evidenciar una deuda estructural del Estado.
El automóvil no es el problema.
La inaccesibilidad sí.
Relatar la exclusión desde el uso del automóvil incomoda porque rompe una narrativa cómoda: la idea de que todas las personas podemos movernos igual si “le echamos ganas”; que al futuro se llega caminando o pedaleando; que la discapacidad es sinónimo de precariedad y que, si no lo es, entonces es privilegio.
Moverse en esta ciudad con discapacidad ya implica costos extra: económicos, físicos, emocionales, de tiempo… y de dignidad.
Durante años, el cajón accesible ha sido tratado como “empatía” pintada de azul: una cuota cumplida a fuerza, mal diseñada, mal ubicada, pero con un símbolo visible que tranquiliza conciencias.
Pero el cajón accesible es mucho más que eso.
Es una medida de accesibilidad obligatoria, reconocida por la ley, vinculada directamente con la movilidad, la igualdad de condiciones, la no discriminación y la autonomía.
Cuando un cajón accesible está mal diseñado, está lejos de la entrada, está invadido o “no importa tanto”, no estamos ante una molestia menor.
Estamos ante una violación de derechos humanos.
Parecería sentido común, algo para lo que no habría que citar normas ni preceptos. Pero el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. Por eso hay que decirlo con todas sus letras.
Los lineamientos técnicos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) establecen un criterio claro y medible: los estacionamientos deben contar con cajones accesibles en proporción al total de cajones, no uno simbólico “para cumplir”.
Debe existir al menos un cajón accesible a partir de cierto número de cajones totales, y ese número aumenta conforme crece el estacionamiento. Además, estos cajones deben estar cerca de los accesos, contar con dimensiones suficientes para la transferencia a dispositivos de asistencia y tener una ruta accesible continua hacia el inmueble.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso al entorno físico en igualdad de condiciones.
La Constitución prohíbe la discriminación por discapacidad y obliga a todas las autoridades —y sí, también a regular a los privados— a garantizar derechos.
Los reglamentos de tránsito establecen que las normas aplican en espacios de uso público, incluso cuando son de propiedad privada.
Un cajón accesible invadido no es una falta menor:
Es infraccionable, es sancionable y es una violación al derecho a la movilidad.
Cuando la autoridad no actúa, no estamos ante un vacío legal.
Estamos ante una omisión.
Un estacionamiento abierto al público no es territorio sin ley.
No queremos empatía, queremos garantía
La empatía se acaba.
La buena voluntad se cansa.
Los discursos se olvidan.
Empatía sin conciencia es condescendencia.
En cambio, los derechos se legislan, se garantizan y se supervisan.
El error está en creer que el cajón accesible “beneficia al vehículo”.
No. El derecho no se otorga al coche, se otorga a la persona con discapacidad.
Por eso resulta absurdo —y profundamente excluyente— que muchos trámites sigan ligados al automóvil y no a la persona: placas “especiales” asociadas al vehículo, renovaciones engorrosas, criterios discrecionales y barreras administrativas innecesarias.
La accesibilidad no debería depender de qué coche usas, sino de quién eres y qué derechos tienes.
Mientras el sistema siga tratando la discapacidad como un accesorio del auto y no como una condición de la persona, la exclusión seguirá institucionalizada.