Más de 3 mil comentarios tras la nota “No parece tener discapacidad” revelan fallas en el acceso a la Pensión Bienestar

La conversación detonada por una nota de Yo También evidenció experiencias contrastantes: desde procesos ágiles y trato amable, hasta cuestionamientos, requisitos contradictorios y barreras que impiden acceder a un derecho.

Fecha de publicación: 30/Marzo/2026 | Autor: María Nazaret

Hasta el lunes 30 de marzo a las 10:58 horas, una publicación en Facebook de Yo También acumulaba 1 millón 313 mil 029 visualizaciones, 11 mil 908 interacciones, 6 mil 150 reacciones, 3 mil 35 comentarios y 2 mil 473 compartidos. 

¿Por qué se volvió viral esta nota, la que más comentarios ha tenido en la historia de este portal? Porque muchas personas se reconocieron en ella: en las dificultades para acceder a un derecho: la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el nombre oficial del programa.

Los comentarios coinciden en situaciones que se repiten en distintos contextos y estados de la República: cuestionamientos, trámites contradictorios y dificultades para validar diagnósticos.

Mientras que para algunas fue un proceso rápido, para otras se convirtió en una cadena de idas y vueltas, explicaciones repetidas y decisiones difíciles de entender.

Esa diferencia —entre avanzar o quedarse fuera— fue lo que detonó una conversación que creció más allá de una sola historia. 

Una conversación que escaló

Tras la publicación de la nota “No pareces tener discapacidad”, que retomó la experiencia de varias personas que intentaron sacar su Pensión, lo que siguió no fue sólo interacción, sino una cadena de testimonios.

Más allá de las cifras, lo que aparece es un patrón: dificultades administrativas, trato desigual y una constante sensación de incertidumbre sobre cómo funciona realmente el trámite para recibir 3 mil 300 pesos bimestrales por parte de la Secretaría de Bienestar. 

Cuando el problema empieza en el trato

En muchos de los testimonios, el problema aparece incluso antes de entregar un documento.

La escena se repite: llegar con un diagnóstico… y salir con dudas.

Personas que acuden con diagnósticos médicos relatan que, antes de revisar papeles, se enfrentan a cuestionamientos sobre su propia condición.

“No parece autista”: escribió que le comentaron Sandra Niño

“Te hacen sentir como que quieres cometer fraude fingiendo una discapacidad”. Sonia Pérez

Más que revisar documentos, varias personas describen la experiencia como tener que probar, una y otra vez, algo que ya está diagnosticado con un documento médico.

En ese proceso, la evaluación deja de percibirse como un trámite y se convierte, para algunas personas, en un espacio de juicio.

Un trámite que cambia en el camino

A la par del trato, aparece otro problema constante: la falta de claridad en los requisitos.

Lo que una institución acepta, otra puede rechazar. Lo que un día es válido; al siguiente deja de serlo.

“Lo que no estoy de acuerdo que llevando el certificado de discapacidad digan que no…”, escribió La India Prz.

“tienes que ir a un centro de salud y te traen vuelta y vuelta…”, relató Dany HA.

“Cada trámite es ir a sacar uno reciente cuando la discapacidad es permanente”, comentó Mary Carmen.

En conjunto, estos testimonios describen un proceso que no siempre es lineal. Para muchas personas, implica recorridos repetidos entre módulos, centros de salud y oficinas, sin la certeza de que esta vez sí funcionará.

Discapacidades que no se ven

Uno de los puntos más sensibles en la conversación tiene que ver con las discapacidades no visibles.

Epilepsia, personas con autismo, fibromialgia o condiciones psicosociales relatan que su diagnóstico es cuestionado porque no es evidente a simple vista.

“A mi hijo no lo aceptaron porque ‘no se le ve’”: escribió Ellan Yosh San.

Detrás de estas experiencias aparece una idea persistente —y problemática—: que la discapacidad debe ser visible para ser reconocida.

Esto no solo complica el trámite, sino que también expone una barrera más profunda, relacionada con la falta de comprensión sobre la diversidad de condiciones de discapacidad que existen.

Y ahí es donde el trámite deja de ser solo administrativo y se vuelve una experiencia marcada por interpretaciones.

¿Quién decide?

En medio de estas experiencias, surge una pregunta recurrente: ¿quién tiene la autoridad para determinar quién accede al derecho?

“Las personas que hacen los trámites no tienen la preparación ni saben de discapacidades”: Elizabeth Espino Goytortua
Para muchas personas, el problema no es solo el resultado del trámite, sino la sensación de que la decisión depende del criterio de quien recibe los documentos.

Cuando esto ocurre, el proceso deja de percibirse como un sistema con reglas claras y comienza a sentirse como algo variable, incluso arbitrario.

Cuando el derecho se convierte en filtro

En varios testimonios, el problema no es solo el trámite, sino la forma en que se interpreta quién “merece” el apoyo.

Algunas personas relatan que, más allá de los documentos, el acceso parece depender de criterios no siempre claros: el tipo de discapacidad, qué tan visible es o incluso la percepción de quien revisa el caso.

“Mi discapacidad no es visible… y me negaron el apoyo”: Paris Drago Netti

“No es justo que cuestionen un diagnóstico hecho por especialistas si no son médicos”: Amira Mcjc

Este tipo de experiencias plantea una pregunta de fondo: ¿bajo qué criterios se está definiendo el acceso a un derecho?

Un derecho que no es igual en todo el país

A las diferencias en el trato y en los requisitos se suma otra condición que atraviesa la conversación: el acceso a la pensión no es igual en todos los estados.

Aunque el programa ha avanzado hacia su ampliación, en la práctica aún existen diferencias en la cobertura, los criterios de incorporación y la disponibilidad del apoyo según la entidad.

Uno de los puntos más señalados es el de la edad. En algunos estados, el acceso a la pensión para personas con discapacidad no es universal y se limita a ciertos rangos de edad, lo que deja fuera a personas que, aun cumpliendo con la condición de discapacidad, no cumplen con el criterio etario establecido.

Esto significa que, además de enfrentar obstáculos administrativos o de trato, hay personas con discapacidad que simplemente no pueden acceder al programa en las mismas condiciones que otras, dependiendo del lugar donde viven y de su edad.

En los comentarios, esta desigualdad aparece de forma indirecta, cuando se comparan experiencias entre estados o se mencionan restricciones relacionadas con la edad, el tipo de discapacidad o la disponibilidad del programa.

La combinación de estos factores —criterios variables, procesos distintos y cobertura desigual— refuerza una percepción compartida: el acceso al apoyo no depende únicamente de la condición de la persona, sino también del contexto en el que realiza el trámite.

Cuando sí funciona

No todas las experiencias son negativas.

Algunas personas describen procesos ágiles, con atención clara y trato respetuoso.

“El trámite fue de menos de 30 minutos… me sorprendió gratamente”: Vanessa Esparza

“Fueron muy amables y no cuestionaron el diagnóstico”: Mari Snis

Estas experiencias muestran que el sistema puede funcionar. Pero al convivir con una mayoría de relatos completamente opuestos, también evidencian que no funciona igual para todos.

Una conversación que abre preguntas

Lo que emerge de esta conversación va más allá de un trámite.

Expone una tensión de fondo: entre el derecho reconocido y las condiciones reales para ejercerlo.

¿Cómo clasifica la discapacidad el gobierno?
¿Las personas que reciben la documentación cuentan con la capacitación necesaria?
¿Los procesos contemplan la diversidad de discapacidades, incluidas aquellas que no son visibles?

Las respuestas no son únicas, pero la conversación muestra que las experiencias tampoco lo son.

Las experiencias continúan acumulándose y, más allá de los casos individuales, dibujan un mapa desigual del acceso a la Pensión de Bienestar en el país.

Lo que está en juego no es solo la eficiencia de un trámite, sino la consistencia en la implementación de un derecho que, en teoría, debería garantizarse en condiciones similares para todas las personas.

Cuando las experiencias dependen del lugar, del criterio o de la interpretación, la conversación deja de ser anecdótica y empieza a señalar un problema que merece revisión.

En ese contexto, los testimonios compartidos no solo documentan lo que ocurre. También permiten ver —desde distintas voces— cómo se vive este proceso en el país.