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Centro de Atención para Personas con Discapacidad niega educación a joven con condición intelectual: Los contenidos son complejos y superiores, argumentan
Fecha de publicación: 09/Abril/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad incorpora los conceptos de “educación especial” y “educación inclusiva”. También, dedica todo un capítulo al marco jurídico que tiene por fin “promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo”.
De igual forma desglosan parte de las acciones a tomar y velar en la Ley General de Educación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que la negación de ajustes razonables constituye un acto de discriminación y como estas podemos citar muchas más leyes, normativas, etcétera, pero ninguna sirvió para evitar la vulneración de la que Julio, un joven de 16 años con discapacidad intelectual, fue producto.
Sus padres —María de los Ángeles Escutia y Octavio Jiménez— comparten con Yo También su caso, donde tras optar por no participar en el examen COMIPEMS (de colocación al nivel bachillerato en el Valle de México) por la falta de ajustes razonables de la prueba, encontraron un escenario aún más adverso en un espacio en el que debía ser todo lo contrario.
Instalaciones sin ajustes razonables
Los padres de Julio se dieron a la tarea de buscar —en agosto de 2024— una institución pública dedicada a la educación específica de personas con discapacidad. En el proceso encontraron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), una modalidad de “Preparatoria Abierta” reconocida por la Subsecretaría de Educación Media Superior focalizada y —según su página de internet— especializada en el servicio de personas que viven con alguna condición intelectual, auditiva, visual, motriz, entre otras.
“Esta opción educativa, a diferencia de la modalidad escolarizada, permite que las y los estudiantes ingresen sin necesidad de un examen de admisión, no condiciona el rango de edad para ingresar, permanecer o concluir los estudios de Bachillerato General, ni limita el tiempo que requieran para aprender y acreditar las asignaturas o módulos”, se lee en el portal.
Es importante señalar que desde 2009 se han puesto en operación más de 280 CAED’s en las 32 entidades; sin embargo, en la mayoría de casos no se trata de instalaciones adaptadas para personas con discapacidad (ni construidas particularmente para este fin), sino de instituciones ya existentes como los CETIS o CBTIS que incorporan esta opción.
Por otro lado, el sitio que concentra la ubicación de cada uno de los centros presenta deficiencias. En el caso de Puebla y de la Ciudad de México el enlace no existe, por lo que desde la plataforma oficial se desconoce el total de centros en esas entidades así como sus direcciones.
Regresando con Julio, él y su familia acudieron al CAED de la alcaldía Iztacalco. Al pedir informes, les brindaron un folleto en el que al igual que en la página de internet, especifican que la institución ofrece asesorías de forma gratuita para cada uno de los módulos temáticos que conforman el plan de estudios, materiales adaptados, flexibilidad de horarios y “un buen ambiente escolar”.
En caso de estar interesado en ingresar, se pide agendar una cita para sostener una entrevista y hacer un examen diagnóstico. Ahí señalan como contacto de enlace a la maestra Martha Gabriela Galicia Gómez. Tras entablar comunicación, se notificó que los virtuales alumnos debían realizar un curso propedéutico iniciado el 4 de noviembre del 2024, mismo que serviría para determinar “qué estudiantes ingresarían al sistema abierto”, lo cual contradice la esencia del CAED, que apuesta por la admisión de todo el que lo desee y otorga facilidades para la culminación del curso.
CAED, sin personal capacitado en materia de discapacidad
Los padres de Julio preguntaron por maestros capacitados en la atención de personas con discapacidad intelectual y por exámenes adaptados, a lo que la respuesta fue negativa para ambos rubros. Es decir, sin dichos ajustes es un curso de bachillerato abierto como cualquier otro. Aún así optaron por continuar con el proceso pues el sistema educativo convencional resulta aún más excluyente. El curso propedéutico se celebró entre el 4 de noviembre y el 9 de diciembre.
“Julio Emilio se presentó en el CAED en los horarios acordados y entregó todas las actividades que los profesores le asignaron”, señalan sus padres. Incluso su trabajo en ese periodo fue sido calificado como “impecable” por la maestra Galicia, hecho que quedó constatado en audio.
Fue hasta el 6 de enero de 2025 cuando el CAED convocó a los padres de todos los alumnos que al igual de Julio estaban en proceso de ingreso a juntas individuales donde hablarían sobre el desempeño de los estudiantes y determinar quiénes se sumarían de forma definitiva al CAED.
Discriminan a Julio por su condición
Una vez llegada la cita (dos días después, el 8 de enero), encabezada por la maestra Galicia Gómez y acuerpada por parte del equipo docente, le notificaron a los señores Escutia y Jiménez —de voz, sin documento o dictamen de respaldo— que Julio no era aceptado pues, de acuerdo a su criterio, “no cumplía con una serie de requisitos”.
En el audio de la reunión al que Yo También tuvo acceso la persona enlace con el CAED admite que el examen diagnóstico sí tiene un sentido de admisión, y que sus resultados no son concluyentes, lo cual una vez más contradice la apertura del programa que la Secretaría de Educación Pública presume.
“En general lo que observamos con Julio es que le costó trabajo hacer las actividades. En clase tenía mucha dificultad para elaborarlas. Se identificó ansiedad en cuanto se le daban las indicaciones”,? comentó Galicia.
Incluso cuestionó el por qué que el trabajo realizado en casa era bueno cuando en el aula su desempeño no era bueno a su parecer. A lo que los padres nos cuentan: “Claro, en casa Julio Emilio recibió todo el apoyo y la asesoría, mientras que en el CAED no se cumplió con el cometido pues la atención fue mínima”.
“Se desesperaba, se tardaba mucho, teníamos que estar a su lado”, son parte de las razones por las que el profesorado negó el acceso de Julio al CAED.
“Julio no tiene las habilidades. Les recomendaríamos buscar alguna otra opción. Al final los estudiantes necesitan presentar un examen complejo en donde no vamos a estar para apoyarlos”, añadió Galicia dejando entrever que desde su perspectiva el joven no podría aprobarlo, por lo tanto, no tenía sentido continuar.
El señor Jiménez cuestionó la decisión de los profesores y remarcó que ellos trabajan para un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, por lo que le pareció increíble la nula presencia de ajustes razonables y la negativa al derecho a la educación, a lo que la maestra se limitó a decir que de origen el CAED está pensado para discapacidades físicas (motriz, visual y auditiva) y que por ello no cuentan con adaptaciones ni contenidos específicos en materia intelectual.
“Aunque hagamos ajustes, hay alumnos que no logran acreditar”, añadió.
Al solicitar por escrito la desestimación, el CAED la negó, pues según la institución, no realizan ese tipo de trámites y de forma expresa (por no decir cínica) admitió que no cuentan con respaldo médico o estudios que justifiquen el rechazo, por lo que su decisión en ese momento se vuelve totalmente arbitraria.
En conclusión, los CAED someten a sus candidatos a ingresar a cursos propedéuticos que no son más que filtros con los que determinan de forma arbitraria quién ingresa y quién no al sistema de Bachillerato Abierto. Por su parte, el programa de estudios, contenidos y módulos no están adaptados a las diferentes discapacidades, por lo que al final es el mismo sistema abierto que ofrece cualquier otra institución de educación pública de nivel medio superior.
Además, las instalaciones no cuentan con ajustes razonables pues de origen no se construyen para esos fines, mientras que el personal no está capacitado.
Finalmente, los padres de Julio reclaman con justa razón la vulneración a los derechos y discriminación de la que su hijo es víctima, violando a su vez normativa nacional e internacional de la que México es parte y debería ser garante.
Octavio Jiménez, padre de Julio, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja que a la fecha no han respondido.
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