CDMX, la capital de los derechos en papel, obstáculos en ventanilla

Fecha de publicación: 19/Febrero/2026 | Autor: I Wheel Love U

Para el Estado ha sido muy fácil hablar de atención a Personas con Discapacidad y enfoque “inclusivo” desde que se destina un recurso a la pensión universal para las PcD pero ¿de verdad está teniendo una perspectiva de discapacidad para atender a este sector de la población? La respuesta es sencilla: NO

La accesibilidad simplifica, la ciudad complica

Las personas con discapacidad enfrentamos ya suficientes barreras físicas, estructurales y actitudinales que limitan nuestros derechos. Ante esto el Estado debe garantizar ajustes razonables, de procedimiento y acciones afirmativas para eliminar estas barreras, no como un favor, sino como una garantía. Pero ¿qué pasa cuando el Estado mismo no derriba barreras e impone más y, en vez de simplificar, complica? La respuesta es sencilla: se violan derechos. 

Actualmente, nos estamos enfrentando a muchas barreras burocráticas para poder tener acceso a las placas de auto con símbolo de accesibilidad, que son una herramienta que permite ejercer en condiciones reales el derecho a la movilidad, a la accesibilidad y a la participación en la vida social, que buscan corregir un poco la desigualdad estructural que ha limitado a las pcd el acceso efectivo a la ciudad. Pero la SEMOVI ha decidido que debe ser un trámite en el que inviertas semanas, miles de pesos y que siga siendo a criterio de burócratas que pueden cambiarte los requisitos según el día que te citen. 

Los derechos existen… hasta que los tramitas

La página oficial de la Secretaría de Movilidad indica que el trámite inicia enviando un correo para recibir requisitos, mandar documentos y agendar una cita. En teoría suena simple.

En la práctica no lo es.

La revisión puede tardar hasta dos semanas. Envían ligas de pago incorrectas y responder una duda les puede tomar 48 horas. Varios días después piden documentos nuevos —como una carta factura actualizada— porque el tiempo transcurrido ya volvió “inválidos” los anteriores.

Te confirman la cita con una lista de requisitos. Pero al llegar, informan que el trámite era otro, que hubo un error interno y que “harán lo posible por ayudarte”. Después de entregar todo lo solicitado por correo, exigen documentos adicionales que nunca mencionaron y que implican mayor gasto y trámites extra con la agencia en la que compraste el auto. Incluso piden llevar las placas que se cambiarán —pero no el vehículo— y sugieren que la persona con discapacidad no haga el trámite y lo delegue a alguien más, por supuesto en un tono condescendiente porque al parecer es más fácil tratar con una persona sin discapacidad. 

Lo que debía ser un procedimiento administrativo termina siendo una carrera de obstáculos.

Además, en caso haber adivinado que necesitaran más documentos y llevarlos, el trámite no se concretaría ahí, debes dirigirte a otras oficinas a 5 KM de distancia a pedir una línea de captura, realizar otro pago y —según sus palabras—, en caso de que no se caiga el sistema o algo salga mal, regresar de nuevo a SEMOVI y si tienen un espacio para atenderte, concretar el trámite o regresar otro día con calma. Todo esto, ya con tu auto sin placas. Lo que implicaría que solo de SEMOVI a San Borja se pagaría $1,250 por un taxi adaptado de la CDMX porque a pesar de estar “regulados” por SEMOVI se les permite cobrarte hasta 600% más que un taxi de app. De alternativas accesibles en metro y metrobús, ni hablamos. 

Esto no es algo pequeño, desde el principio de proporcionalidad esto puede constituir un acto discriminatorio y una violación a derechos. 

Si un trámite para acceder a un derecho:

• exige documentos redundantes,
• obliga a repetir certificaciones ya reconocidas,
• impone cargas económicas innecesarias,
• genera demoras irrazonables,
• exige traslados físicos evitables,
• no contempla ajustes razonables para personas con discapacidad,

podría violar:

• El derecho a la igualdad y no discriminación
• El derecho a la accesibilidad
• El derecho a la buena administración pública

Cuando el trámite se vuelve más pesado que el derecho que pretende garantizar, deja de ser administración y se convierte en barrera. Y una barrera estatal desproporcionada es una violación a derechos humanos.

Y es que todo el trámite es una medida desproporcionada desde su diseño, no solo por cómo se aplica.

Hace unos meses, por medio de dos correos electrónicos y un pago único pudimos tramitar un permiso en Canadá para tener acceso a espacios accesibles y gratuidad en estacionamientos, esto siendo extranjeros. La SPARC, que es la asociación que administra recursos y permisos en temas de accesibilidad en British Columbia no se explican cómo es que México realiza el trámite por auto y no por persona. El permiso por persona te permite no solo usar cualquier auto cuando lo necesites, sino que prioriza el modelo social de la discapacidad, ese que antepone a la persona pero en México, la burocracia y la falta de perspectiva sigue blindando las barreras en vez de irlas eliminando.  

La actual administración de la SEMOVI a cargo de Hector Ulises García Nieto no solo no se ha ocupado de la accesibilidad y de tener una perspectiva de discapacidad, parece consigna hacernos todo más complicado. En ninguna administración existían tantas barreras para un trámite tan sencillo. 

La ciudad reconoce la accesibilidad como derecho, pero la Secretaría encargada de garantizar la movilidad no tiene un área especializada en discapacidad. 

Se tramita, sí. Se administra, también. Pero no se institucionaliza con el nivel técnico que exige un derecho humano. Y cuando un derecho no tiene estructura propia dentro del Estado, termina dependiendo de buena voluntad y no de obligación. 

Si la accesibilidad es un derecho constitucional, debería tener una estructura proporcional dentro de la autoridad que regula la movilidad. De lo contrario, el mensaje institucional es claro: se atiende el trámite, no el problema estructural.

Al cierre de esta nota no se ha podido culminar el trámite que inició con el correo a SEMOVI el 9 de Enero de 2026.