Las reacciones y opiniones ante la desaparición de Conadis.

Por Katia D’Artigues

Enojo, dudas, la advertencia de que puede ser un paso regresivo en materia de derechos humanos… o también una oportunidad para tener un mejor organismo rector de políticas de atención a la discapacidad.

En resumen, estas son algunas de las opiniones de legisladores, funcionarios claves y algunos integrantes representativos de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, que han suscitado el anuncio confirmado por Yo También: el plan del gobierno federal para desaparecer al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis) y la creación de un “Sistema Nacional para la atención a las personas con discapacidad”, al estilo del Sistema Nacional de Protección a niñas, niños y adolescentes (Sipinna).

Todos coinciden en algo: de cambiarse el organismo encargado de implementar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), esto implicaría una modificación legal que tiene que pasar por el Congreso. Además, no puede realizarse sin una consulta amplia a personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil.

Adelantamos que la discusión va a ser interesante.

Al cierre de esta edición, el grupo #Art33, quien tiene un pronunciamiento sobre la falta de un organismo de atención a personas con discapacidad , mismo que publicamos en nuestro newsletter de la semana pasada, no ha enviado una opinión con respecto a la noticia como grupo.

Sin embargo, ayer algunos integrantes de los colectivos #Art33, #LaDiscapacidadNosUne y otras organizaciones (como Confe, Teletón y Libre Acceso) tuvieron una reunión con asesores de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezada por Tomás Ramírez Méndez, donde pidieron claridad sobre lo que sucederá. Aquí un video de la reunión de tres horas hecho por el blog www.dis-capacidad.com y el acuse del documento entregado. Sigue sin haber claridad.

Yo También recopiló opiniones sobre el anuncio de la desaparición. Están en orden alfabético:

Claudia Anaya,

senadora por Zacatecas (PRI)

No estoy de acuerdo con la noticia, el compromiso del Presidente había sido el crear un Instituto de inclusión para las personas con discapacidad. No se debe retroceder en derechos alcanzados. Ahora, aunque tengamos un Consejo sectorizado a Bienestar, tenía funciones para el diseño y evaluación de política pública”, dice Anaya.

El pasado 3 de diciembre, ella presentó en Tribuna una iniciativa para crear el Instituto de Inclusión para personas con discapacidad que sigue atorado en comisiones para su análisis. Hay dos iniciativas rumbo a lo mismo, la segunda la presentó la también senadora Nancy de la Sierra (PT).

Esa promesa de López Obrador está en un texto que publicamos el 3 de mayo de 2018, Yo también AC en alianza con Milenio Diario, en medio de la campaña electoral. Lo puedes leer aquí.

“Del Sistema no sabemos nada. Los que conozco son conformados por un representante de cada institución. Estaría bien para crear una política pública transversal, pero debería estar diseñada, coordinada y evaluada por el Instituto”.

Ricardo Bucio,

secretario ejecutivo del Sipinna.

Más optimista, el actual secretario general del Sistema que serviría de inspiración para crear el de Atención a personas con discapacidad, cree que la propuesta podría funcionar. Se requiere de un modelo distinto al actual para garantizar la implementación de la Convención.

“En principio es una intención positiva para salir del momento de indefinición. Un mecanismo de coordinación de políticas públicas, de rectoría en materia de derechos de las pcd podría ser un mejor modelo que una institución que, como Conadis, aún con mandato amplio de articulación en la materia, ha sido vista como institución responsable por sí misma de operar las acciones necesarias”.

Bucio plantea que hay que hacer análisis y consultas antes: evaluar el Conadis, analizar los desafíos para garantizar los derechos humanos de pcd en México. Luego, hacer una propuesta de diseño institucional, con los cambios legales necesarios. Tras esto, hacer varias consultas. Por un lado a colectivos de pcd, a organizaciones de la sociedad civil de y para pcd, así como con especialistas. También hablar con las autoridades involucradas y con el Congreso.

“El diálogo sobre el diseño de un marco institucional debe ser una alternativa viable de corresponsabilidad, relevancia pública, integralidad, participación de los sujetos de derechos, intersectorialidad”.

Taide Buenfil,

presidenta de la Asamblea Consultiva del Conadis.

“La desaparición es un desfortalecimiento, un desmantelamiento que se está llevando a cabo en todos los organismos federales. Nadie se ha adjudicado las funciones del Conadis como organismo rector de las políticas públicas en discapacidad”, dice Buenfil.

Si se creara un Sistema, también debe ser un organismo que tenga oficina y estructura. Debe ser transversal a nivel federal, estatal, municipal y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“El primer paso es definir y (tener) un compromiso total al más alto nivel, de Presidencia, y con todos los ciudadanos con discapacidad y que las políticas públicas se desarrollen con enfoque en derechos humanos. Segundo, establecer la oficina coordinadora y con alto nivel de gestión”.

Martha Garay,

diputada (PRI) y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

“Todavía no es nada oficial, ya que el Presidente no lo ha anunciado y mucho menos ha emitido un decreto. Partiendo de la suposición que es la antesala de lo que vendrá, me sorprende que el gobierno federal esté haciéndolo de esta manera con muy poca transparencia”, afirma Garay, quien recuerda que ya había propuestas para crear un Instituto de Atención a la Discapacidad.

Si se hiciera un Sistema, dice la diputada, debe tener como eje rector la CDPD y ser un espacio para incidir de manera transversal en la construcción de una cultura de respeto a la discapacidad y la inclusión. Debería tener las facultades que tiene hoy el Conadis y otras, ejecutivas, para operar políticas públicas; una oficina central y 32 oficinas estatales.

“Si el Presidente manda una iniciativa, se deberán discutir ampliamente todas las propuestas y consultarse a las organizaciones de y para personas con discapacidad. En este tema corresponde al Legislativo hacer la mejor solución”, afirmó la Garay.

Tania De la Garza,

abogada, activista y madre de un hijo que vive con condición de espectro autista.

“Lo veo mal. El Conadis no puede ser sustituido por un sistema que por ley ya existe y que por cierto, es coordinado por el propio Conadis. Son cosas diferentes”, dice De la Garza.

La Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad establece, en su capítulo XII un “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” que depende aún, en la ley vigente, ¡de la secretaría de Salud! Fue instalado el 3 de mayo de 2016, a 10 años de la firma de la CDPD, y a cinco de que la ley se publicó y ordenó su creación. Tras la instalación jamás ha habido otra reunión o ha hecho alguna acción en concreto.

Según De la Garza, para lograr un Sistema Nacional se requiere de un organismo basado en el Artículo 33 de la CDPD y que debe contemplar la participación efectiva de un Consejo Ciudadano.

Alexandra Haas,

presidenta de Conapred

“El Sistema puede ser una gran oportunidad de fortalecer la conducción de la política pública en los tres niveles de gobierno. De lo que se trata, en el fondo, es de combatir prácticas discriminatorias, acortar brechas de desigualdad y generar las condiciones para que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin barreras”.

La máxima autoridad de Conapred considera que la revisión del organismo es importante y que debe haber una renovación de la actual Ley General para la Inclusión de las pcd, porque incluso actualmente no tiene temas que marca la CDPD y, por lo tanto, la incumple (como capacidad jurídica, derecho al voto y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias).

“Para empezar este proceso de diseño institucional tendría que haber una propuesta dialogada, discutida y consultada con base en los estándares internacionales, recordando que el lema de la Convención es ‘Nada de nosotros sin nosotros’. Habría que asegurar que el sistema tenga los recursos humanos y materiales que requiere para poder operar adecuadamente”, agrega Hass.

Kenia López Rabadán,

senadora (PAN) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

“Me preocupa el tiempo que llevaría implementar el sistema y si será una realidad o fue anunciado, como otros temas, sin análisis ni proyecto claro. Me parece que el anuncio fue más por la presión internacional de la ONU, que debido a una verdadera estrategia a favor de las personas con discapacidad”.

Hoy, con Conadis sin titular, no hay quien haga el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (que debió de estar listo, por ley, en marzo de este año) y tampoco ve señales de atención al sector, más allá de las becas.

Pone de ejemplo la cancelación de las estancias infantiles, que también atendían a infancia con discapacidad y ayudaban en la detección e intervención temprana.

“Un organismo como Conadis no es una concesión graciosa del gobierno, es una obligación de México al haber ratificado la CDPD. Antes de implementar acciones que involucren a pcd se tienen que hacer amplias consultas y no me refiero a consultas ‘a modo’ como las que ha acostumbrado hacer el jefe del Ejecutivo”, afirma López Rabadán.

Camerina Robles Cuéllar,

presidenta de Discapacitados Visuales

“Es lamentable que sigamos dando pasos regresivos. México como promotor de la Convención, ¿no tendrá Conadis? Es irrisorio. Muchos países de América Latina lo tienen. Tampoco funciona el mecanismo de seguimiento (que encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos): no da pie con bola aún teniendo 33 millones de pesos de presupuesto”.

A Robles Cuéllar, quien también es académica, le preocupa que no haya una adecuada consulta sobre la decisión y que no sea amplia. “Como pasa con este grupo pequeño de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con la SEP: no necesariamente cuentan con experiencia en los temas y no nos sentimos representados todos. Ese es el riesgo de carecer de un órgano de vinculación intersectorial”

De hacerse un cambio institucional, Robles Cuellar subraya la importancia de que haya una representación estatal y de academia como tiene actualmente Conadis, a través de su Asamblea Consultiva.

Hugo Ruiz Lustre,

diputado (Morena) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Ruiz Lustre lleva años promoviendo la creación de un organismo de representación de personas con discapacidad, que sea democrático y por discapacidades. Habría una Federación de personas ciegas, de personas con discapacidad intelectual, motriz, todas las necesarias. Tras esto, se podría hacer una Federación de personas con discapacidad, cuyos representantes sean electos. El diputado incluso ha planteado hacer un nuevo partido.

Para el diputado, cualquier iniciativa respecto al tema, aunque sea turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables, deberá ser turnada a la comisión que preside, para “co-dictaminarla”.

“Conadis es un organismo descentralizado, nació al amparo de la CDPD y reglamenta el Artículo 1o. Constitucional. Si quisiera el Presidente desaparecer el Conadis, primero tendríamos que salirnos de la CDPD, porque estaríamos incumpliendo y sujetos a su protocolo facultativo. Luego desaparecer el Conadis y cambiar el artículo 1o. Constitucional: el principio de convencionalidad prevé que lo que no está en nuestra Constitución puede estar en un instrumento internacional y todas las autoridades están obligadas a dar cumplimiento”.

También considera desafortunadas ciertas declaraciones de Ariadna Montiel, la subsecretaria de Bienestar, quien ha dicho que ahora ella será la encargada de implementar las políticas de discapacidad: “Perdóneme, pero ¿cuándo fue cambiada la ley que dice que es Conadis y no un individuo? ‘Que el Presidente ya dio instrucciones’, ¿me enseña el documento? Tendría que decirle al Presidente que eso no es posible”.