Débora Montesinos
Percances viales: la Organización Mundial de la Salud los llama “pandemia silenciosa” y no es para menos. Según las estadísticas globales, 1.25 millones de personas mueren cada año a causa de uno de ellos. En México, es la primera causa de muerte en niños y la segunda en muertes de jóvenes, además de una de las principales causas de discapacidad motriz.

Para Daniela Zepeda, secretaria técnica de Reacciona por la Vida, organización de la sociedad civil que en 2013 fundaron Axa Seguros y la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial, se trata de un problema gravísimo que, por fortuna, no solo se aborda en ocasión del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora este domingo. Para 2021, México podría contar con la reforma constitucional que incluye la Ley de Tránsito Sostenible y Accesible, aprobada en octubre en comisiones y el Pleno de la Cámara de Diputados y, a principios de noviembre, por al menos 20 de los 32 Congresos locales.

¿Cuál es el tamaño del problema en México?

Las cifras oficiales dicen que al año hay alrededor de 16 mil muertes. La última cifra de la CONAPRA, que es Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, decía que eran 16 mil 186; en estos mismos reportes mencionan que al año hay 400 mil percances viales, en los que mueren 16 mil personas. Sin embargo, Axa tiene un proyecto sobre percances viales y como empresa, solita, paga 400 mil percances viales al año y el estimado que la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) proyecta para México es de 2 millones de accidentes anuales.

¿A qué se deben los percances viales?

No tenemos que descubrir el hilo negro. La seguridad vial es un tema ampliamente estudiado en todo el mundo. La OMS tiene todo un análisis de temas de seguridad vial y señala, por ejemplo, que los percances viales son siempre la consecuencia de distintas variables. Entre ellas están la gestión de la seguridad vial, que es donde entra la normativa; otra se refiere a la infraestructura y a la gestión de las autoridades, a que haya leyes y se cumplan; y finalmente, otra parte tiene que ver con los usuarios de la vía y cómo reaccionan a las condiciones de seguridad.

Pero ¿cuáles son las causas concretas?

Las causas han cambiado con el tiempo. Hace algunos años se decía que la principal causa era el consumo de alcohol. Pero con las nuevas tecnologías, hay estudios internacionales que han mostrado que esa causa ha cambiado. Antes era por consumo de alcohol y se hicieron programas para conducir sin alcohol, como el Alcoholímetro, y ahora mucho tiene que ver con el uso de distractores a la hora de manejar, como los teléfonos celulares. Y una de las variables que está directamente relacionada con la gravedad de los percances, con las muertes y las lesiones graves, es la velocidad.

¿Cómo estamos en ese rubro en México? 

Las calles están clasificadas de distinto modo. Hay calles de acceso controlado, donde los vehículos pueden ir más rápido porque no tienen relación con otros usuarios de la vía; luego tenemos las vías primarias, donde ahí sí ya los distintos usuarios de la vía comparten el espacio. Siguen las calles secundarias, que son las que tenemos a pie de nuestras casas, y tenemos las zonas escolares y con hospitales.

La OMS y la OCDE recomiendan que en zonas urbanas las velocidades no sean mayores de 60 kilómetros por hora, incluso 50 kilómetros por hora, pero en zonas escolares que sean menores a 20 kilómetros de hora.

Esto tiene que ver con que por la velocidad de los autos, tomando en cuenta el peso del vehículo y sus condiciones, más la situación de las calles, se requieren determinados metros para frenar. Se calcula que con un impacto a más 60 kilómetros por hora, un peatón, un ciclista o un usuario vulnerable, tendría una posibilidad de sobrevivir de menos de 20%.

De esos sobrevivientes, ¿cuántos quedan con alguna discapacidad?

Según la OMS, entre 20 y 50 millones de personas tienen traumatismos no mortales que causan discapacidad. Al año 1.25 millones fallecen, pero entre 20 y 50 millones adquiere una discapacidad por un percance vial. 

En México, la Secretaría de Salud federal estima que al día son hospitalizadas mil 700 personas con lesiones severas y más de 100 de ellas quedan con discapacidad por esas lesiones severas. Estamos hablando de un tema gravísimo en México. Las personas que tienen una discapacidad por esta razón, en muchas ocasiones deben someterse a tratamientos médicos muy largos, hay pérdida de productividad, de calidad de vida y muchos no pueden volver a trabajar en lo que hacían antes de la lesión. Estamos hablando de temas que afectan la calidad de vida de todas las familias.

En este momento, ¿hacia dónde apunta la estrategia de prevención?

El eje más importante es el que busca modificar las políticas públicas. Desde hace cinco años hemos promovido acciones para tener una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Siempre nos decían que era necesario cambiar la Constitución para que el Congreso pudiera legislar en esos temas y ahora estamos ante un escenario increíble: la reforma constitucional fue  aprobada en octubre por unanimidad, y ya son 20 los estados que la han avalado. La reforma es importante porque establece en el Artículo 4° el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

¿En 2021 tendremos entonces una nueva ley?

Sí, porque está dispuesto que la publiquen en un máximo de 180 días. Y en este tema la accesibilidad es una de las cosas más importantes. Decimos que debe haber accesibilidad universal en todas las calles de México, es decir, que la infraestructura vial debe estar prevista para todas las personas y esa reforma constitucional establece el derecho a la movilidad con accesibilidad y que el Estado pueda garantizar seguridad sin riesgos para moverse en las calles. Tiene que cambiar el paradigma para pensar en las personas y no en el modo en el que nos movemos. Tenemos que pensar cómo las personas podemos transitar de una manera más segura, más eficiente, más cómoda, pensando en todos los usuarios de la vía. 

¿De dónde saldrán los recursos para hacer calles seguras para todas las personas?

Tenemos muy claro que lo que se necesita para este tipo de políticas públicas son recursos, pero los percances viales a México le cuestan al menos alrededor del 1.7% del PIB, según la AMIS. Con la pandemia vimos cómo el sector público está muy saturado, entonces lo que nosotros tratamos de explicar a todos los actores, pero en específico a legisladores y gobierno, es que invertir en seguridad vial y movilidad es una inversión. Si puedes evitar el sufrimiento humano y dejar de destinar el 1.7% del PIB a arreglar las consecuencias negativas de los percances viales, ese dinero podría invertirse en mejorar la seguridad vial y tendría externalidad muy positivas. El gobierno ya destina recursos para temas de seguridad vial en diferentes dependencias. El dinero ya está ahí: hay que ver cómo ejercerlo de la mejor manera posible.


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