Por Katia D’Artigues

Esta semana en la Cámara de Diputados, cuarenta legisladores del Partido Acción Nacional firmaron y presentaron una iniciativa de reforma a un par de artículos de la Constitución.  ¿Qué buscan con ello? Hacer obligatorio que el presidente, los secretarios y subsecretarios de Estado, así como Fiscal General de la República presenten un informe de su “estado de salud mental”. Este debe ser público y accesible a la población y se debe acreditar con “estudios clínicos y dictámenes médicos”.

Hay muchas cosas erróneas y discriminatorias en las líneas anteriores. Y como bien escribió Libertad Hernández, en Twitter: “Curioso que venga del signo político de aquel presidente que se ofendió sólo porque se le pidió aclarar si tenía adicción al alcohol”.

Vayamos por partes.

¿Qué está proponiendo el PAN además, de una crítica ni tan velada al proceder del actual gobierno, crítica a la que tienen derecho? Con esta reforma, violar la misma Constitución, así de sencillo.

¿Saben que las personas que tienen una condición -ojo, condición, no padecimiento- de salud mental son personas con discapacidad psicosocial? ¿Que por lo tanto se les contempla dentro de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Que incluso si sólo fuera, que no lo es, un padecimiento de salud, también estarían discriminando?

Les dejo el párrafo final del Artículo 1º. de la misma Carta Magna, que dice:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Pero no sólo preocupa esto, sino que se basen en “estudios clínicos y dictámenes médicos”. Una pcd, cualquiera y también las pcd psicosocial, no puede ser evaluada sólo desde el punto de vista médico. Desde hace ya ¡doce años! que en México se ratificó la Convención sobre los derechos de las pcd hay una forma mucho más integral de verlos: no el modelo médico (esta reforma es un clarísimo ejemplo de esto) sino el “modelo social”, que en pocas palabras dice que son las barreras de la sociedad que excluye las que hay que quitar.

Es una iniciativa de reforma que nos deja ver varias cosas:

1) Lo mal formados que están nuestros legisladores a la hora de tener un mínimo conocimiento de derechos humanos y las obligaciones de las Convenciones en su materia que el país ha firmado al hacer sus iniciativas de leyes.

2) La naturalidad con la que aún normalizamos el “capacitismo” (discriminación por razones de discapacidad)

3) La seguridad que tenemos -como sociedad en general, finalmente el Congreso es una ‘muestra’ de nosotros mismos- que los temas de salud mental son problemas lejanos, de otros (y a veces se da más con aquellos con los que no coincidimos) y la facilidad con la que usamos términos como “loca”, “loco”, “autista”, “esquizofrénico”, “bipolar”, sobre todo, como un adjetivo (o en este caso hasta acción) descalificativo sin contemplar que tras de esa etiqueta vive un grupo poblacional discriminado que, con los apoyos necesarios, puede trabajar perfectamente, pero que lucha todos los días contra un estigma.

Como dice el famoso hashtag: #TodoMal.

Pero sí haríamos bien en hablar de salud mental con los diputados quienes serán los encargados de revisar y asignar el presupuesto 2021. Porque aunque a ellos les preocupe la salud mental de ciertas personas en el poder, debería preocuparles las de todas.

La propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho: tras la pandemia -y ya durante ésta- crecerán las condiciones de salud mental en el mundo y en México. ¿No harían mejor en buscar más presupuesto para atendernos a todos y sin estigma? Finalmente, según datos que alguna vez le escuché a Dunia Pintado, presidenta de Voz Pro-Salud Mental: 1 de cada 4 familias en el mundo tendremos algún integrante con un reto de salud mental en algún momento de nuestras vidas. Y en México, sólo la mitad recibe atención y apoyos especializados.

Y mucho más con una Ley de Salud Mental (o un capítulo dentro de la Ley de Salud, que es mejor opción) que lucha por nacer en el Senado. Una ley que debería nacer con una perspectiva correcta y no basada en discriminación, estigmas y viejos conceptos como la institucionalización forzada (y para entender eso no se pueden perder el texto que Bárbara Anderson hizo sobre Ruth Bader Ginsburg y el caso Olmstead).


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