Por Emiliano González Islas

Mi nombre es María Salomé M. Desde hace más de diez años me dedico a la venta de postres afuera de APAC, la institución educativa a la que asisten mis hijos Alexis, de 24 años, y D, de 12. El coronavirus nos puso a los tres en una situación sin precedentes: yo no puedo vender ni obtener un ingreso por mi trabajo, y ellos deben quedarse en casa bajo mi cuidado.

Mi decisión de dedicarme al comercio informal no es fortuita: mis dos hijos tienen argininemia, un trastorno poco frecuente que provoca discapacidad motriz y cognitiva. Por ello, en todo momento debo estar cerca de Alexis y D. para atender cualquier situación de emergencia, como una convulsión, lo que me impide tener un empleo formal.

Pero mi fuente de ingresos se agotó desde el 17 de marzo. Durante tres meses solo he contado con la ayuda económica del padre de mis hijos (que equivale a la mitad de la renta del departamento en el que vivimos) y con la pensión del programa de apoyo a personas con discapacidad, que otorga el gobierno y es de 2550 pesos bimestrales. Solo Alexis es beneficiario de este programa. D. también podría serlo, de hecho le dieron una carta de bienvenida y una tarjeta de banco para recibir el apoyo. Pero de forma inexplicable, jamás lo ha recibido.

En juego, el derecho a la vida

La Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, definió el Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad como “un acto de justicia”, en una de las conferencias de prensa vespertinas que ofrece el gobierno federal para hablar sobre estos temas.

La funcionaria agregó que más de medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están inscritos a este programa, así como más de 90 mil adultos indígenas. La meta es llegar a un millón de beneficiarios en diciembre, y actualmente están preparando la inclusión de 200 mil personas más. 

Sin embargo, hay casos como el de D., que califica para el apoyo y nunca lo ha recibido. Esta fue la razón por la que un grupo de profesionales del derecho presentó una demanda de amparo el 27 de mayo, en la que solicitó una medida cautelar urgente para garantizar el derecho a vivir con dignidad de la niña y su madre.

“Lo que argumentamos en la demanda fue una violación al derecho fundamental al mínimo vital, que se refiere a la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso de todas las personas a los recursos que permitan subsistir en condiciones dignas y autónomas”, dice Gabriel Baltazar, uno de los abogados que tomaron el caso de forma gratuita.

Para garantizar el mínimo vital, el Estado debe otorgar prestaciones en ciertos casos, cuando las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Los abogados que llevan el caso de María consideran que ella y sus hijos se encuentran en dicha situación, ya que tienen dos opciones: salir y buscar los recursos que necesitan, con el peligro de contraer una enfermedad mortal como el COVID-19, o quedarse en casa sin poder garantizar su subsistencia. Además, “la pandemia forma una especie de prisión; las personas no pueden ser autónomas si su decisión de salir a la calle implica un riesgo desproporcionado de que ellas o sus familias se enfermen”, alega Gabriel Baltazar.

Sin embargo, el 28 de mayo la Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez, resolvió que el caso no era urgente al no estar relacionado de manera directa con temas donde estén en juego la salud o la integridad física, por lo que no podía revisarse durante la contingencia. Los abogados promovieron un recurso de queja que finalmente procedió, ya que involucra el derecho a la vida de una menor de edad con discapacidad. 

“Es claro que la menor promovente está en un plano de vulnerabilidad ante el virus COVID-19, riesgo que -contrario a lo dicho por el juez de distrito- puede implicar un deterioro grave en su salud e incluso la pérdida de la vida”, se lee en la resolución del recurso de queja. Asimismo, al ser María la principal cuidadora física, emocional y económica de D. y Alexis, “la vida y la salud de sus hijos dependen de la de ella”.

A la Juez Gutiérrez se le ordenó revisar el caso, y el 8 de junio pasado concedió una suspensión provisional. Asimismo, ordenó que las autoridades responsables “inicien de manera inmediata un procedimiento para integrar a las quejosas a un programa social, acorde a las cualidades y contexto social que tengan a su disposición” (puedes leer el documento completo con la orden de la Juez aquí). No obstante, a la fecha ni María ni D. han recibido ningún apoyo. El propio Gabriel Baltazar reconoce que es imposible predecir cuándo podrían recibirlo, además, al ser una suspensión provisional, la pensión sólo se otorgaría durante el tiempo que dure el juicio.

El abogado reprocha que hay más personas en situación de extrema vulnerabilidad, sin posibilidades de acceder siquiera a un tribunal. “Realmente no tienen acceso a la justicia o es muy complicado, por esta tendencia de desechar demandas y porque, sin los recursos suficientes para apelar, las cosas se quedan así, en un nivel mínimo de atención. Es muy preocupante que se les cierren las vías institucionales para presentar y exponer sus problemas”.

Un caso sin respuesta: Rosalía M 

Soy Rosalía M. Vivo en Nuevo Laredo con mi hijo J, de 12 años, quien tiene síndrome de Down. En este momento me encuentro desempleada, no cuento con seguro social y soy mamá soltera.

Desde noviembre de 2018, cuando inició la transición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me censaron para integrar a mi hijo al programa de pensiones para personas con discapacidad, nos llegó la tarjeta bancaria, pero hasta la fecha no hemos recibido ni un peso.

Mi hijo no está acostumbrado a quedarse solo con extraños, pero tuve que dejarlo con los vecinos (no tengo familiares en esta ciudad) para salir a vender platillos. Por esta situación y por el encierro, J. empezó a tener ataques, a morderse y hacerse del baño. Yo ya dejé de vender y me he dedicado a darle terapia en casa. También tiene cataratas y debo monitorearlo constantemente.

En la Ciudad de México me están ayudando a tramitar una demanda de amparo, porque en Nuevo Laredo no hay forma de conseguir apoyo. Me dijeron que tendría una respuesta en cuestión de días, pero no la he recibido.

Mientras tanto, los gastos siguen: mi hijo necesita lentes y medicamentos costosos, que yo conseguía en Estados Unidos pero ya no puedo comprar.

*Nota del editor: Las entrevistas a María Salomé M. y Rosalía M. fueron escritas intencionalmente en primera persona, con base en los testimonios que compartieron con Yo También. Los nombres de sus hijos, salvo el mayor de edad, Alexis sólo ponemos su primera inicial.


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