Por Blanca Valadez

Dos amparos diferentes buscan obligar a que AMLO nombre a alguien al frente de Conadis y también que su gobierno implemente otras políticas públicas además de las becas 

La determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de posponer por 10 meses ya el nombramiento del titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) tiene ya, al menos, dos amparos interpuestos.

En ambos casos, particulares y organizaciones civiles se han inconformado ante jueces por la omisión del presidente de nombrar a alguien en el cargo, según el artículo 89 de la Constitución, y también por violentar el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en donde nuestro país se obligó a contar con al menos un organismo que dé seguimiento de la implementación de dicho instrumento de derechos humanos. 

No ha encontrado a la persona adecuada, dicen en Bienestar

Carlos Odriozola Mariscal, presidente de la mesa directiva del Centro contra la Discriminación A.C (Cecodi), presentó el 1 de marzo de 2019 el primer amparo contra el presidente por el caso Conadis. La demanda fue admitida en el juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con expediente número 307/2019, a cargo de Karina Cruz Campos, quien fijó fecha de audiencia en abril.

El 4 de abril, Marco Antonio Juárez García, director general adjunto consultivo y de asuntos contenciosos de la secretaría de Bienestar, en representación del presidente de México, señaló: “Es cierta su omisión pero es justificada”. Argumentó dos razones, que aún no encuentra el candidato y además “tiene la facultad soberana, sin plazo cierto, determinado ni perentorio, para designar libremente a la directora o director general” del Conadis. El juzgado le dio la razón a la secretaría de Bienestar el 13 de junio de 2019.

Cecodi interpuso un recurso de revisión, conforme a la Ley de Amparo, contra la sentencia, explicó Odriozola Mariscal. Se presentó ante el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito el 28 de junio con el expediente 317/2019 y no ha sido respondido a la fecha. Es ya la última instancia. 

“No es a capricho del presidente (nombrar a alguien en Conadis) ya que se desprende de la ley”, explica Odriozola. “Su omisión incumple con lo ordenado con la Ley General para la Inclusión de personas con discapacidad y también con tratados internacionales como la CDPD, al abstenerse de asegurar y promover derechos humanos y las libertades de las pcd”. 

Se amparan contra un ‘enfoque asistencialista’ del gobierno

El pasado 5 de septiembre, la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y cuatro personas con discapacidad solicitaron amparos ante un juez contra López Obrador por imponer un enfoque “asistencialista” basado en otorgar apoyos económicos, en lugar de desarrollar políticas públicas dirigidas a promover la inclusión educativa y laboral, acceso a la salud, a la recreación, libre tránsito, acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos de las pcd.

El abogado Guillermo Luévano Bustamantes, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), comentó que solicitaron tres amparos contra actos y omisiones.

Las solicitudes se efectuaron en los juzgados federales tercero, cuarto y octavo de distrito, así como en el noveno circuito judicial con sede en San Luis Potosí.

En uno de los amparos se solicitó que se responda al interés legítimo de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo de nombrar al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

En el segundo amparo se pidió que la resolución de los juzgados se dicte también en braille y lengua de señas mexicana. Los interesados son Jesús Puentes, con discapacidad motriz, Víctor Manuel Montes de Oca, con discapacidad auditiva, y Servando Hernández, con discapacidad visual.

Y en el tercer amparo se está buscando que la resolución del juez se otorgue en lenguaje llano y simple porque otra interesada, Estrella Orta, tiene discapacidad intelectual. “Esto puede dilatar aún más el trámite de los expedientes”, dijo.

“Estos amparos aún no se otorgan; por lo regular se resuelven en mes y medio y tal vez tengamos algunas noticias del trámite, pero la resolución final puede prolongarse, porque desde San Luis Potosí estamos demandando omisiones y acciones de autoridades federales.

En los argumentos, los agraviados señalaron que el gobierno está incumpliendo la CDPD que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, basado en cambiar el paradigma de ser asistencial por uno más amplio de defensa de derechos humanos.

“Una política pública asistencial es retroceder en el cumplimiento de este tratado internacional”, precisó en entrevista el litigante.

Catalina Torres, secretaria de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, ubicada en San Luis Potosí, detalló que el amparo solicitado es contra un gobierno “omiso” para designar a titular de Conadis  y orientar políticas públicas de inclusión y de forma transversal, en beneficio de las pcd.

“(El amparo es contra la) política asistencialista limitada a otorgar becas a niños y jóvenes hasta los 29 de años de edad. Hay que aclarar: no decimos ‘no a los apoyos’. Hay gente que los necesita. El problema es que el presidente cree que con esto ya se resolvió el problema de las personas con discapacidad y no es así, está actuando contra sus derechos y lo más grave: ¿qué va a pasar cuando tengan 30 años?”.

“Al carecer del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se incumple con la legislación centrada en lograr vida independiente, educación inclusiva — no sólo a que ingresen a las aulas regulares y los dejen en el rincón pintando con colores, mientras los demás estudian— y desarrollo”.