Por Cristina Pérez -Stadelmann

El amparo inédito garantizaría a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial el derecho a formar asociaciones 

En el año 2015, personas con distintas discapacidades decidieron conformar Entropía Social A.C, por lo que acudieron con un notario para constituir esta asociación.

El notario, derivado de un examen visual —que contempla la ley—, argumentó que no podía haber asociaciones de personas con discapacidad que llevaran personas de apoyo. Dudó de su capacidad jurídica.

El notario 217 de la Ciudad de México, José Angel Fernández Uría, constituyó una asociación civil, sin que se especificara, como se pedía, que la conformarían personas con discapacidad.

Fue entonces cuando Guadalupe Barrena Nájera, María Luisa Hernández Gómez, José Carlos Leonel Cervantes Grandjean, Sara Reyes Verver, Jonathan Vera Uribe, María Felícitas Flores Hernández, Jesús Enrique Vázquez Quiroz, María Teresa Fernández Vázquez y Tania Verónica Zurita Macías promovieron un amparo. Lo hicieron a través de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, asesorados por Emma González Gutiérrez, María Fernanda Pinkus Aguilar, y Salvador Guerrero Navarro.

Iniciaron una demanda de amparo contra la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y el mismo Notario 217.

En el amparo, interpuesto el 28 de enero de 2016, hicieron constar su condición de discapacidad. “Somos personas con plena capacidad jurídica en términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (CDPD)”, argumentaron. Hicieron constar que comparecieron ante el notario con las figuras de apoyo que cada quien eligió y que habían solicitado que el notario hablara en lenguaje accesible para todos ellos, lo que no pasó, tampoco.

“Una persona con discapacidad intelectual estará siempre en riesgo de recibir un trato desigual con relación a quienes no tienen discapacidad. (Según la ley) los notarios tendrán que hacer un juicio de valor y a simple vista, al observar ‘manifestaciones de incapacidad natural’, decidir si darles o no acceso a servicio notarial. Esto va en contra de que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica con los apoyos que en la toma de decisiones pueda necesitar. Las adecuaciones, y los ajustes razonables deben realizarse en base a cada individuo para que puedan ejercer sus derechos”, sostuvieron en el amparo.

‘Hemos ganado un derecho llave’

Hace unas semanas, cuatro años después, la Suprema Corte de Justicia resolvió este caso sin precedentes. El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña le dio la razón al grupo y determinó que era inconstitucional e inconvencional negarle la capacidad jurídica a personas mayores de edad con discapacidad. Que el notario público debe contar con sistemas de apoyos para que ellos manifiesten su voluntad y que las escrituras, además, deben hacerse en un formato de fácil lectura.

“Cuando supe de la noticia, festejé a lo grande”, dice Tania Verónica Zurita Macías, una de las promoventes del amparo.

“Con el fallo, la Suprema Corte reconoce que las personas con discapacidad somos iguales ante la ley, y tenemos derecho a formar asociaciones. Se acaba la posibilidad de negarles capacidad jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades”, dijo. 

Ahora, el notario público debe generar condiciones de accesibilidad y darles a Entropía Social, A.C. su escritura en lectura fácil. Debe brindar una explicación sencilla y clara de lo que implica hacer una asociación y los y las fundadoras contarán con apoyos que necesiten para hacerlo.

“No existía ninguna organización civil como la que ahora tenemos. Fue y es una idea fantástica, para mi significa poder demostrarle a los demás que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual tienen el mismo derecho que absolutamente todos de asociarse, organizarse, defender sus derechos y ser independientes, tomar sus propias decisiones” agrega Zurita Macías.

Para María Teresa Fernández Vázquez, persona con discapacidad motriz y quien también promovió el amparo, es un gran logro y estrategia. “En México, tenemos un gran rezago en cuanto a la cultura de la discapacidad, pero con esta resolución de la Suprema Corte, hemos dado un gran paso para sacar de la ‘muerte civil’ en la que estaban las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, reflexiona, junto con Emma González.

“Hemos ganado un derecho llave, hemos roto con barreras actitudinales y ganado el derecho del reconocimiento de la capacidad jurídica de asociarnos”, asegura Fernández Vázquez.  

Está por publicarse la versión final de la Suprema Corte de Justicia en los próximos días. Salvador Guerrero Navarro, coordinador de derecho de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, espera que esta medida no sólo ampare a Entropía Social, A.C, sino que sea una medida obligatoria para todos los notarios de la Ciudad de México.