Por Katia D’Artigues

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, lo dijo esta semana sobre la educación en el mundo ante la pandemia: “nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”. 

Queda claro que no estamos en ese momento en México. Tras meses donde nos dijeron que la curva alcanzaría su punto máximo estamos como en canción de Joaquín Sabina: ‘y nos dijeron que mayo, junio, julio…’ y quizá ahora en agosto comenzará a bajar. Ojalá.

La preocupación, como siempre, hace énfasis en los grupos que sabemos tienen mayores dificultades para acceder de por sí a la educación pre-pandemia, entre ellos las personas con discapacidad.

Las autoridades educativas ya anunciaron que el regreso a clases tendrá que ser, de nuevo a distancia. No regresarán a las aulas hasta que estemos en semáforo verde. Pero no hay lineamientos muy claros y menos para alumnos y alumnas con discapacidad, sus maestros y maestras. 

Las personas con discapacidad que estudian han sido marginadas del proceso. Si bien la SEP ha hecho un esfuerzo por incorporar -tarde- a intérpretes en Lengua de Señas Mexicana en su programación por televisión para educación especial/ educación inclusiva hay solo un minisitio dentro de “Aprende en casa” sobre el tema, que si bien se ha ido enriqueciendo, no contempla todas las necesidades de aprendizaje de las personas con todo tipo de discapacidad.

Los maestros y maestras de estudiantes con discapacidad, que tienen una vocación inquebrantable, se sienten algo abandonados por la poca capacidad que tiene la SEP (y que también, hay que reconocer, no la ha tenido desde hace tiempo) de proveer materiales adecuados y ahora menos, ¡en pandemia, a distancia, cuando muchos de sus alumnos y alumnas necesitan materiales personalizados y algunos casos contacto físico directo! 

En mi experiencia, como madre de un adolescente con síndrome de Down así es: el componente de la “educación especial”, “ajustes razonables”, “educación para la inclusión” o como se le quiera llamar, es clave para que él aprenda, como es su derecho. Si a Alan no le damos materiales que sean interesantes para él en lo personal, que se basen en su experiencia de vida, no funciona. 

Luego está también el tema de los cuidados o la atención en las familias: sobre todo madres hiperdemandas por el cuidado de su hijo con discapacidad en pandemia, más si tienen otros hijos o pareja, su trabajo (si es que, siquiera pueden tenerlo por el poco tiempo de lo que lo demás implica) y además ahora tienen que hacer marometas y peripecias para que sus hijos no se queden más atrás de lo que ya están en educación. 

Hasta ahora pues, no hay un apoyo claro a las familias. Ni una visibilización siquiera de lo que necesitan.

Aunque la cobertura será mayor, no debemos olvidar que, según una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay 11 % de los hogares de México en zonas rurales sin acceso a televisión. De internet ya ni soñamos. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que viven en esas zonas, con un maestro de Conafe que atiende a un grupo multinivel que quizá no puede ni comunicarse con ellos, por ejemplo?

Algunas organizaciones hemos tenido reuniones con la SEP para proponer acciones que incluyan a los y las alumnas con todas las discapacidades (lo cuento porque de cualquier forma el subsecretario Marcos Bucio lo comentó en una entrevista incluso poniéndome a mí como ejemplo esta semana en radio). El problema de fondo es algo que, desgraciadamente, afecta a toda la administración y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay mil ideas, muchas personas que podrían ponerse a trabajar y pensar en soluciones, y que están -estamos- dispuestas a ello, pero… no hay presupuesto. Todo el gobierno enfrenta un recorte de 75% y el augurio para el año que entra, con la crisis pandémica, está para llorar.

El mismo Esteban Moctezuma dijo en una reunión: que aunque defenderán todos los programas que actualmente tienen, realmente tratarán de ser de las entidades “menos recortadas”. Y que se centrarán en defender, ante Hacienda, 8 de 48 programas que tiene la secretaría a su cargo.

Sabemos que la educación es un derecho que contribuye a igualar. Recortar presupuesto en educación es una barbaridad.


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