Por Katia D’Artigues

Esta semana sonaron las alertas en el mundo de la discapacidad, sobre todo entre activistas y organizaciones especializadas en temas de salud mental. Resulta ser que este jueves, en la Cámara de diputados, se iba a votar y dictaminar una reforma a la Ley General de Salud en temas de salud mental y adicciones violatoria de derechos humanos. Sí, otra vez.

Si en julio, un grupo de organizaciones y activistas logramos parar la #LeyBañuelos en el Senado Mexicano, ahora hay que dar la batalla otra vez pero en una Cámara diferente.

Últimamente, y con razón, el tema de salud mental preocupa y mucho. También por la multiplicación de casos provocados por el encierro de la pandemia y los muchos duelos que vivimos como sociedad. Se necesita una profunda reforma a los servicios de salud mental que hoy hay en México, todos lo sabemos. De ahí que surjan distintas iniciativas que busquen abordar el tema, lo cual se agradece, pero es vital que tenga un enfoque correcto.

Durante muchos años se pensó que la solución era encerrar a las personas que viven con algún trastorno de salud mental o adicciones: sacarlos de la sociedad, la visión “manicomial” por así decirlo.

Pero esto ha cambiado en las últimas décadas -sí, ya son dos décadas- sobre todo tras la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ellos y ellas también tienen derecho a vivir en la comunidad, no ser excluidos; deben poder tomar sus propias decisiones -si bien con apoyos en algunos casos- y no deben tener tratamientos forzados. Se debe combatir el estigma que sobre todo afecta a las personas que viven con un trastorno de salud mental.

Sin embargo, la iniciativa que pretendía aprobarse el jueves para luego pasar al Pleno, tiene por lo menos 6 errores de fondo. Los expliqué en una nota que publicamos en Yo También con premura el miércoles por la tarde para tratar de incidir en que haya un replanteamiento y se escuche a la sociedad civil, sobre todo a personas con discapacidad psicosocial, expertos por experiencia y especialistas de otras organizaciones. La nota está aquí.

Afortunadamente muchos diputados y diputadas nos escucharon. Verónica Juárez Piña, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, llevó al asunto a la Junta de Coordinación Política y todos los partidos, menos Morena, pidieron que se detuviera la votación y se llamara a un Parlamento Abierto, una petición que ya se había hecho antes en voz de otros legisladores y legisladoras, como Martha Tagle. Morena finalmente cedió. La presidenta de la comisión de salud, Miroslava Sánchez Galván, canceló la reunión que se haría ayer y llamó a un Parlamento Abierto que se realizará el próximo lunes 9 de noviembre.

Es ya un paso ganado y se agradece de parte del colectivo que ha impulsado todo esto: “Salud Mental con Derechos” donde lo mismo convergen Human Rights Watch, que Documenta, Yo También y Sin Colectivo, un grupo de expertos por experiencia: personas que viven con discapacidad psicosocial, han tenido experiencias con los servicios de salud mental, entre muchos otros. Pero aún así no es suficiente para cumplir con la obligación que tiene nuestro país de hacer una consulta en cualquier ley que afecte de manera directa a personas con discapacidad y que está en la misma Convención.

Aunque la consulta no está regulada y es un pendiente a resolver, sí tiene mínimos que debe cumplir (como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en varios fallos de acciones de inconstitucionalidad que han terminado en la cancelación de leyes y partes de leyes por falta de consulta).

Debe ser una consulta amplia con organizaciones, con formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, con interpretación en lengua de señas, textos en lectura fácil, braille. Debe contemplar una consulta a niñas, niños y adolescentes y también a personas que estén institucionalizadas y bajo cualquier modalidad de tutela. Se debe también dar información sobre los resultados de esta consulta que, como verán, no es una sino varias.

Ojalá y que todo esto se cumpla; a todos nos conviene. Desde el colectivo Salud Mental con Derechos se creó una propuesta de iniciativa para reformar la ley con un enfoque correcto. Se la habíamos dado a la senadora Bañuelos con la esperanza de que ella la hiciera suya y la presentara, pero ahora también haremos lo mismo con algunos diputados y diputadas.


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